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El gobierno de Perú dispuso el despliegue de militares en Lima, Callao, Cusco y Puno
El gobierno de Perú decretó el estado de emergencia por 30 días en las regiones de Lima, Cusco, Callao y Puno, al tiempo que autorizó a las Fuerzas Armadas a intervenir junto a la Policía Nacional para resguardar el orden público en medio de las protestas que reclaman la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y que dejaron hasta el momento un saldo de 42 muertos en cinco semanas.
La medida, que rige desde este domingo, señala que la Policía Nacional mantendrá “el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas", además de suspender en las cuatro regiones los derechos constitucionales de inviolabilidad de domicilio y las libertades de tránsito y reunión.
La decisión se produce cuando se anuncian movilizaciones desde el sur del país hacia la capital peruana a partir de mañana, en una acción que las autoridades calificaron de "asonada" y definieron como un intento de desestabilizar a la presidenta Dina Boularte, quien aseguró en un mensaje por la cadena nacional de radio y televisión que no renunciará.
Según informan los medios locales, más de 100 tramos de rutas permanecen bloqueados por los manifestantes, mientras que el aeropuerto de Cusco reanudó sus operaciones después de permanecer cerrado durante varios días ante la posibilidad de que fuera invadido por los manifestantes, intento finalmente repelido por la policía, que ubicó tanquetas, equipos antidisturbios y hasta armamento de guerra en los alrededores.
Las regiones del sur andino, una de las más pobres de Perú, están sumidas en una incesante convulsión social desde inicios de diciembre. "Hay sectores extremistas que buscan generar desorden y caos, con intereses subalternos", afirmó Boluarte, cuando crece la presión política y social para que presente su dimisión, luego de asumir el 7 de diciembre tras la destitución de Pedro Castillo.
Según los observadores locales, los bloqueos afectan 11 regiones de los Andes y la Amazonia, especialmente en el sur, cerca de las fronteras con Bolivia y Chile, situación que la Superintendencia de Transporte Terrestre calificó como “inédita” por la extensión y persistencias de los cortes, que solo en Cusco, una meca del turismo internacional por su cercanía con Machu Pichu, provocan pérdidas de hasta US$ 1,7 millones diarios.
Boluarte, que se dirigió al país el viernes tras la renuncia y reemplazo de los ministros del Interior, Trabajo y Mujer, reiteró al Congreso dominado por la derecha su pedido para que acelere los trámites para realizar elecciones anticipadas en abril de 2024 en un intento por descomprimir la situación; al tiempo que diversos colectivos, sobre todo del sur de Perú, reiteraron su exigencia para que Boluarte renuncie, pidieron la liberación del exmandatario Castillo y sumaron a sus reclamos el cierre del Legislativo y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Las protestas se reactivaron la semana pasada después de una suerte de tregua de fin de año y se han concentrado en el sur andino, donde habitan las comunidades quechuas y aymaras que, según coinciden todos los analistas, han sido históricamente marginadas. En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que realizó esta semana una visita al país, consideró que para superar definitivamente la crisis será necesario integrar a esas comunidades.
Algunos grupos de manifestantes amenazan con viajar desde mañana a Lima para una "toma de la ciudad" que obligue a Boluarte a dimitir. "Tenemos la decisión de ir a Lima sí o sí. No podemos indicar la hora, porque lo que queremos es viajar en unidad", dijo Julio Vilca, un dirigente de la región de Puno.
Las autoridades, por su parte, insiste en que detrás de las protestas hay “sectores ultrarradicales”, incluidos remanentes del grupo guerrillero Sendero Luminoso, y como prueba ha presentado la captura de una exintegrante de la organización, Rocío Leandro, que era conocida como "Camarada Cusi". Según un portavoz de la Policía, el general Óscar Arriola, Leandro financiaba las protestas que dejaron solo en la región de Ayacucho una decena de muertos.
Arriola definió a Leandro, capturada junto a otras siete personas, como "una asesina marxista, leninista, maoísta". Según la Policía Nacional los detenidos pretendían formar un nuevo grupo terrorista, llamado Nueva Fracción Roja, vinculado a Perú Libre, el partido de izquierda por el que fueron elegidos en 2021 Castillo y Boluarte, quienes rechazaron la versión policial al considerarla una estrategia para criminalizar la protesta.
