La ministra del Interior de Chile, Izkia Siches, informó que el Gobierno del presidente de izquierda Gabriel Boric decidió extender el estado de excepción constitucional a otra región del sur de Chile, a raíz del aumento de los ataques incendiarios en la zona atribuidos a comuneros mapuches.
La funcionaria indicó que la medida regirá en la regiones de Los Ríos y Los Lagos, que se sumarán de esta forma a las de La Araucanía y a las dos provincias de la de región Biobío que ya están militarizadas, debido a los ataques, que ya suman 53 en lo que va de este año.
"Hoy vamos a tener una nueva evaluación de estado de excepción y vamos a hacer los respectivos anuncios, pero tal como la prensa suspicazmente ha calculado en torno a las renovaciones, los datos son evidentes y van a ir en esa línea", anticipó la ministra.
Siches, además, adelantó que presentará un nuevo decreto para renovar el estado de excepción una vez que termine el actual, por lo que el Gobierno no tendrá que solicitar al Congreso la prórroga. Declaraciones que siguieron a las realizadas horas antes por Boric durante una entrevista en el canal regional Vértice TV, ocasión en la que no descartó la posibilidad.
“Sería mediante un nuevo decreto que entraría en vigencia con posterioridad del término del actual. Al ser de naturaleza nueva no tendría que participar de una renovación, pero quiero aclarar que no tengo problemas en ir al Parlamento. Estas medidas fueron conversadas con los legisladores de las regiones”, precisó Siches.
El conflicto, largamente invisibilizado, tiene su origen en la decisión de la élite gobernante de desplegar un plan militar de ocupación en la segunda mitad del siglo IXX en el Biobío, que pasó por el sometimiento de los mapuches, campaña que cobró una especial violencia represiva entre 1867 y 1869, y que se tradujo en el despojó a los pobladores nativos de las tierras que consideran ancestrales y que hoy ocupan en su inmensa mayoría empresas forestales.
En este contexto, el gobierno de Boric aplicó el estado de excepción desde el 17 de mayo pasado, lo que permite el apoyo de las Fuerzas Armadas a la tarea de seguridad propias de la policía, pero sin afectar los derechos constitucionales. “No descarto en ningún caso el uso de las herramientas que la Constitución me otorga para garantizar la seguridad de todas las personas. Creo que hay que verlo caso a caso, vamos a tener noticias al respecto esta semana”, indicó el mandatario.
La medida, que acota la militarización a las rutas principales, es analiza por los medios locales como un fracaso del Poder Ejecutivo, ya que luego de varias semanas de negociaciones en el propio sector oficialista, no se llegó a un acuerdo para impulsar el “estado de excepción intermedio”, como proponía la comunidad mapuche. El Gobierno, en tanto, destaca que la estrategia oficial logró reducir la gravedad y el número de hechos de violencia en un 30%, con un marcado descenso en la cantidad de camiones incendiados, usurpaciones violentas y hechos con armas de fuego.
“Lo que no podemos hacer es naturalizar los estados de excepción como si fueran la única solución a los problemas, porque la verdad es que pueden otorgar una mayor sensación de seguridad, pero no resuelven el problema de fondo”, añadió Boric. Una postura negociadora de cara a los propios sectores de izquierda que integran la alianza gobernantey los movimientos indígenas, que sostienen que la militarización solo agudiza la tensión y subrayan la necesidad de medidas más transversales, de fondo y largo plazo.
Inicio de sesión
¿Todavía no tenés cuenta? Registrate ahora.
Para continuar con tu compra,
es necesario loguearse.
o iniciá sesión con tu cuenta de:
Disfrutá El Observador. Accedé a noticias desde cualquier dispositivo y recibí titulares por e-mail según los intereses que elijas.
Crear Cuenta
¿Ya tenés una cuenta? Iniciá sesión.
Gracias por registrarte.
Nombre
Contenido exclusivo de
Sé parte, pasá de informarte a formar tu opinión.
Si ya sos suscriptor Member, iniciá sesión acá