Dos militares retirados, con lentes oscuros y mascarilla facial puesta, entraron al Batallón 14 poco después de las nueve de la mañana de este miércoles. No tuvieron que anunciarse ni presentar su documentación en los retenes de ingreso, como es habitual en los predios militares.
Porque son dos testigos protegidos que les señalaron a las autoridades e investigadores de la Institución Nacional de Derechos Humanos el área en que podrían estar enterrados los restos de “una decena” de los desaparecidos de la última dictadura.
En la visita de dos horas –en la que se hicieron presentes referentes de Defensa, el diputado César Vega, autoridades de la Institución de Derechos Humanos y los antropólogos que trabajan en el predio–, los dos testigos protegidos apuntaron a un rincón del Batallón 14 en el que la vegetación no permitía el paso.
Es una zona que todavía no está cautelada para que los investigadores cuenten con la autorización para excavar, pese a que en ese batallón se concentra la mayor cantidad de hectáreas que vienen siendo pesquisadas.
“La información aportada (por los testigos) no es novedosa en su totalidad”, dijo a El Observador uno de los participantes en la visita de este martes. Porque lo “nuevo” es el sector que, en caso de considerarse por los técnicos que tiene fundamentos y que la Justicia autorice la cautela, deberá ser excavado. El resto son datos que los técnicos ya manejaban: la idea de fosas en las que se enterraron a varios de los hoy desaparecidos, pero sin admitir identidades ni detalles de precisión.
En el Batallón de Infantería Paracaidista Nº 14, muy cerca de la ciudad de Toledo, en Canelones, habían sido hallados los restos de Julio Castro en 2011 y de Ricardo Blanco en 2012. En setiembre de 2019, un mes después de que se encontrasen los huesos de Eduardo Bleier en otro predio de la calle Instrucciones en Montevideo, la Institución Nacional de Derechos Humanos reingresó en el batallón 14.
Este verano el legislador César Vega (PERI) dijo que recibió información sobre dónde se encontrarían restos de desaparecidos y que se la comunicó al presidente de la República. A su vez, el ministro de Defensa, Javier García, señaló que esos mismos datos estaban en su poder desde noviembre.
En esa fecha, la INDDHH no aceptó las condiciones que exigieron los militares para dar la información, algo que sí ocurrió esta semana, tras la reunión de Vega con Lacalle Pou y una nueva carta de García. Desde Defensa dijeron que ven "positivo" el cambio de actitud en la INDDHH.
Fuentes de la Institución Nacional de Derechos Humanos explicaron a El Observador que los datos aportados no implican que comience a excavarse en el área señalada por los testigos protegidos.
Lo primero que harán los técnicos es contextualizar los testimonios.
Luego intentarán acceder al terreno –cuyo paso está hoy obstruido por la vegetación– para cotejar si las indicaciones dadas por los testigos se condice con el lugar. Más tarde se tendría que cautelar el predio para pesquisar, se diseña la estrategia, se llevan la retroexcavadora y se inicia la búsqueda dividiendo el espacio en rectángulos contiguos.
De avanzar, esta nueva búsqueda se daría en simultáneo a otras que los antropólogos están llevando adelante en la zona cautelada del Batallón 14 y en la chacra de Pando.
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