Cárceles bajo cultura del mañana

La triste caricatura latinoamericana de campesinos somnolientos en el país del mañana se ha extendido al control del ingreso a nuestras cárceles, área en la que las claudicaciones han facilitado motines, fatales refriegas internas y hasta la muerte de un policía baleado por un recluso en el penal de Libertad, hace tres meses. Ante los casos de probada o presunta corrupción policial que facilitaba el ingreso de armas y drogas, el Parlamento aprobó a fines de 2010 una ley que ponía en manos de efectivos militares el control de familiares y policías en las puertas de acceso. Para asumir esa función, los militares plantearon algunas exigencias razonables, especialmente la instalación de escáneres para evitar la actual ignominia de desnudar a quienes visitan presos para una revisación que asegure que no intentan introducir drogas u otros objetos.
Cuatro escáneres fueron adquiridos con urgencia por el gobierno a un costo de algo más de US$ 1 millón. Con igual rapidez llegaron al país el 7 de mayo. El tiempo pasa y aún no han sido instalados pese a ser un tema apremiante para atenuar algo los riesgos e indignidades que caracterizan a nuestro sistema carcelario.
Nadie explica esta demora incomprensible. Cuando El Observador consultó a Gabriela Fulco, asesora del Ministerio del Interior para el sistema carcelario, la respuesta de la funcionaria fue "no tengo información sobre este tema". Y el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, dijo que ignoraba si se está entrenando en su nueva tarea a los militares que supuestamente se harán cargo de controlar a visitantes y policías en los ingresos a los penales.
Otro tema que ha demorado la puesta en vigencia de la ley sobre este punto es su reglamentación. Fulco aseguró que está pronta, preparada por los ministerios de Interior y Defensa. Pero no informó cuándo se decretará su vigencia ni su contenido. A la espera de que algún día todo lo acordado se concrete, la Guardia Republicana ha pasado a controlar los ingresos a los penales de Libertad y Comcar, incluyendo la revisación íntima de visitantes, a los que se desnuda. Pero la espera por los militares incluye además la idea razonable, aparentemente enterrada en el olvido oficial pese a que se manejó en el pasado reciente en esferas del gobierno, de reforzar a la desbordada Policía con 1.500 soldados para combatir la delincuencia o de poner a efectivos de las Fuerzas Armadas en el control interno de los centros de reclusión.
Han pasado más de 18 meses desde que se aprobó la ley que asigna a militares vigilar los ingresos, tres meses desde que un recluso mató a tiros a un policía en Libertad con un arma que entró clandestinamente al penal y más de dos meses desde que llegaron al país los escáneres urgentemente comprados por el gobierno. El tiempo pasa, sin embargo, y la situación sigue incambiada, excepto por la medida de emergencia de poner a la Guardia Republicana a controlar el ingreso a las cárceles más conflictivas. La demora apunta a una desidia que se inscribe en la práctica de que, pasado un momento de revuelo público como ocurrió con el asesinato de un policía en Libertad, vuelve a imperar la parsimoniosa cultura del mañana.