Cárceles: sencillamente, no da para más

Como siempre, se pueden cometer grandes injusticias si no se reconocen los esfuerzos que se están haciendo ahora mismo, y los que se hicieron en el pasado, por enfrentar el problema carcelario. La creación del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario (Ley 17.684, agosto de 2003) es un hito decisivo. Debe ser vista, por un lado, como un testimonio de la creciente preocupación del sistema político ante el agravamiento del problema (eran tiempos de grandes motines), y por el otro, como el punto de partida de innovaciones significativas. La nueva oficina no solamente cumplió a cabalidad con el cometido de asesorar al parlamento sobre la situación carcelaria. Además, y en este sentido su influencia ha sido todavía más importante, ha permitido que la ciudadanía tomara creciente conciencia del desastre en curso.

Otro mojón muy importante en la instalación de la reforma del sistema carcelario como desafío impostergable fue la visita, en 2009, de Manfred Nowak, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En su informe dejó asentado: “Aunque se han hecho algunos esfuerzos por mejorar la situación general de las prisiones y evitar el hacinamiento, las condiciones en algunos centros penitenciarios, especialmente en el penal de Libertad y en el complejo carcelario Santiago Vázquez (COMCAR), pueden considerarse como un trato inhumano y degradante”. Nowak comparó algunas de nuestras cárceles con las de los países africanos. Dos años después, Rodrigo Escobar Gil, también relator, pegó en el mismo clavo: dijo que el Estado uruguayo mantenía a seres humanos encerrados en “cloacas”.

Durante la década siguiente se multiplicaron las iniciativas de distinto tipo, tanto desde diversas instituciones del Estado como desde múltiples organizaciones de la sociedad civil. En 2015 el Ministerio del Interior puso en marcha un proceso de Reforma Penitenciaria. Seguramente una de las experiencias más resonantes e innovadoras haya sido la liderada por Luis Parodi en la cárcel de Punta de Rieles (remito al lector al libro de Gerardo Tagliaferro, El camino de regreso, publicado por Fin de Siglo en 2018). Al mismo tiempo, gracias a personas tan comprometidas con estos temas como Jaime Saavedra, la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado incrementó su actividad y ganó visibilidad. Sin embargo, según testimonio del propio Saavedra, hacia fines de 2010, DINALI contaba con un presupuesto de apenas 300.000 dólares y con solamente 73 funcionarios.1

Durante este año y medio de gobierno también hay iniciativas de reforma. A mediados del año pasado, Jorge Larrañaga presentó el Plan de Dignidad Carcelaria que, entre otros aspectos, apunta a mejorar condiciones edilicias y posibilitar que más personas privadas de libertad puedan trabajar. Luis Alberto Heber dio un paso más. Para implementar el artículo 86 de la LUC, que encomienda al Instituto Nacional de Rehabilitación la elaboración de una “Estrategia Nacional de Reforma del Sistema Penitenciario que incluirá metas a corto, mediano y largo plazo”, puso en marcha el llamado “GACH carcelario”. Admito que deposito grandes expectativas en el trabajo de este grupo. A esta altura, es evidente que, para abordar este enorme desafío, hay que abandonar los enfoques incrementales y la política de soluciones parciales, la de parches ad hoc. Para encarar este problema, que constituye –insisto- un verdadero agravio a nuestra cultura democrática y a nuestra sensibilidad social, se precisa un enfoque global, y mucha audacia y coraje por parte de los partidos políticos, en general, y del gobierno en particular.

Juan Miguel Petit, honrando su cargo, ha planteado esto con toda claridad. No puedo resumir acá todas las propuestas del Comisionado Parlamentario. Pero espero, sí, poder sintetizar la concepción que las anima. Concuerdo con él, además, en que su enfoque puede ser consensuado por todos los partidos. En primer lugar, se precisa concretar una innovación institucional mayor: la creación del Ministerio de Justicia. Este ministerio debería tener a su cargo la elaboración de la política criminal y penitenciaria. Sin esta innovación, sin darle máxima jerarquía y responsabilidad política a la cuestión de la política penitenciaria, no sería posible el pasaje desde la lógica punitiva actual a una política masiva y efectiva de rehabilitación. A su vez, esto no será posible sin una fuerte inversión en recursos humanos. La policía se especializa en combatir el delito. No tiene ningún sentido pedirle que, además, aprenda rehabilitar a los presos. Dicho de otro modo: además de más policías para asegurar el orden en las cárceles, se precisa personal técnico especializado, “operadores y educadores que implementen la rehabilitación”.  Para hacer posible la rehabilitación, además, de educadores se precisa terminar con el hacinamiento y estimular las penas alternativas. Hay que cambiar el chip de una buena vez.

1 Recomiendo el conversatorio organizado por la Red de Centros de Pensamiento y Propuestas del Uruguay sobre “Reinserción social y económica de personas liberadas del sistema carcelario”, diciembre de 2019. Disponible online: https://youtu.be/mq06xcCuzh0