La mitad de los presos reincide antes del año de haber sido liberados y los otros “quedan condenados” laboralmente de por vida

La evidencia publicada por el Ministerio del Interior este jueves es contundente: más de la cuarta parte de los presos en Uruguay reincide y vuelve al encierro antes de los seis meses de su liberación. Casi la mitad retorna a las celdas antes del año. Seis de cada diez regresa a la reclusión antes de los dos años. El 65,6% los hace previo al trienio. Y siete de cada diez acaba reincidiendo alguna vez en la vida.

El Maldad, el joven treintañero que hizo gala de su apodo y atemorizaba a los vecinos de Jardines del Hipódromo, pasó la última década entrando y saliendo de la cárcel. Pegó y fue preso. Amenazó y fue preso. Robó y fue preso. Al menos seis veces distintas pagó con cárcel sus delitos.

Su historia, que El Observador narró este jueves, es una muestra viviente del círculo vicioso que encuentra, en los varones uruguayos, jóvenes y con cortas estadías de encarcelamientos, sus principales protagonistas de reincidencia.

Interior

“Una buena proporción de la reincidencia se explica por delincuentes que cometen delitos de baja gravedad, pero que son numerosos (representan la mitad de los hoy presos en el país), que reinciden en un tiempo relativamente corto después de su liberación y con una cantidad de antecedentes penales bastante mayor al resto… como un círculo”, advierte el coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención Policial del Delito del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo.

Pero ese vínculo entre menos duración de las penas y las chances de reincidencia, aclara el experto, “puede ser espurio y estar afectado por otras variables como el tipo de delito o la cantidad de antecedentes”. Por eso, insiste Sanjurjo,  la conclusión “no puede ser” que la solución pasa por el aumento de las penas para que las personas pasen más tiempo presas y así no reincidan, una lectura que “va en contra de la evidencia internacional” y de la capacidad del sistema de atender a esta población.

En Uruguay hay más gente en la cárcel que en la ciudad de Libertad. Hay tantos presos como la suma de los habitantes de Tala, Guichón y La Paloma. Hay más personas detrás de las rejas que residentes en Ciudad Vieja, en Punta Gorda o La Comercial. De ahí que el sistema penitenciario sea —por el tamaño de su población, por los recursos y el aislamiento del resto de la sociedad— un “sub-Estado” dentro del Estado uruguayo, como lo definió Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario para las cárceles.

Cada 200 uruguayos, uno está preso. Eso convierte al país como el Estado de Sudamérica con más encarcelados per cápita, y sitúa a Uruguay como el décimo país en el mundo con la tasa más alta de prisionización. Pese a que no hay guerras, ni un Estado de excepción (como El Salvador), ni una dictadura que arresta a quienes piensan distinto, a las autoridades y académicos nada les hace pensar que la tendencia al alza de la tasa de encarcelamiento se corte. Mucho menos teniendo en cuenta que más de 65% de los reclusos reincidirá antes de los tres años de ser liberados,

Por eso el comisionado Petit y el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, coincidieron en la necesidad de darles a los recién egresados una tarjeta de alimentos que evite la reincidencia inmediata.

El Ministerio de Desarrollo Social, como parte de mejorar esa “contención social” que reduzca la reincidencia y que evite que los recién liberados queden en la calle, consiguió que la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali) deje su dependencia de la cartera de Interior y pase al Mides. Eso incluyó capacitaciones para que los expresos puedan emplearse cuanto antes.

Condena laboral perpetua

Sin embargo, la magister en Políticas Públicas Melissa Saavedra demostró, en su tesis de la Universidad Católica del Uruguay, que aquellos que en su currículum vitae (CV) sugieren que pasaron por una cárcel reducen 44% sus chances de ser contactados por un empleador en el futuro.

Tras un experimento que consistió en enviar CV de candidatos ficticios a 200 vacantes de gastronomía, construcción y peluquería, en que para cada una de ellas se presentaban candidatos ficticios con idéntico historial solo que uno de los dos sugería haber estado privado de libertad, Saavedra pudo comprobar que la cárcel oficia como una “condena laboral perpetua” para quienes pasaron por ella. Los empleadores no se dignaban siquiera en llamar a esos exreclusos.

La discriminación laboral que padecen los expresos pese a haber cumplido con la pena que le impuso la Justicia —y por transitiva que la sociedad consideró oportuna para semejante delito—, dice Saavedra, no se reduce al ámbito privado. La ley 19.791 limita quiénes pueden pedir los certificados de buena conducta (por ejemplo instituciones educativas y que trabajan con menores, o la salud), pero la investigadora constató que es extensivo a áreas fuera de la normativa. “Resulta difícil pedir al sector privado no hacerlo si el Estado lo exige en varios de sus llamados como requisito, lo que viola los convenios internacionales sobre el trabajo al ser discriminatorio”.

La consultora ManpowerGroup y la Dinali presentaron este mes el proyecto “Derribando Estigmas”, el que se propone un acompañamiento integral a las personas liberadas y que empresas, subsidios mediante, se sumen a la iniciativa de inclusión laboral.

En esta línea, el Ministerio del Interior presentará un plan para que existan más medidas alternativas a la cárcel y que la prisión no acabe siendo una condena laboral de perpetua para aquellos que cometen delitos sin violencia y de menor gravedad.

Implacables con menores de 35 años

Un informe que publicó este mes el thik tank Ceres concluye: "el aumento del castigo a los infractores con penas de prisión, en cárceles deplorables, en lugar de un enfoque que priorice la rehabilitación, la prevención o la reintegración de los delincuentes a la sociedad, reproduce un espiral de violencia en los centros de reclusión, además de violar principios básicos de derechos humanos".

Por eso Sanjurjo, de Interior, insistió: "todos nuestros esfuerzos tienen que ir a los que reinciden más. A los hombres menores de 35 años con penas cortas. A ellos tienen que ir todas las baterías del Estado para evitar que reincidan".

Sobre esta población objetivo, Ceres revela en su informe: “las cárceles uruguayas son particularmente implacables con los presos menores de 35 años, quienes generalmente han sido condenados por rapiñas, hurto o tráfico de drogas. Estos individuos se caracterizan por haber abandonado prematuramente el sistema educativo y tienen una alta propensión al consumo de drogas. Lamentablemente, el sistema penitenciario tiende a olvidar en gran medida las posibilidades reales de reinserción social una vez que se cumple la pena, lo que contribuye a perpetuar la violencia social en un ciclo vicioso de crimen y encarcelamiento”.

Y el think tank, en la misma línea que Sanjurjo, sentencia: “a Uruguay le cuesta asumir la preocupante realidad que se vive desde hace décadas detrás de los muros de sus cárceles. También reconocer plenamente que lo que acontece en el sistema penitenciario tarde o temprano se reflejará en la sociedad en su conjunto, si es que no lo hace ya”.