El ministro del Interior Carlos Negro compareció ante la comisión parlamentaria de seguimiento carcelario y, además de presentar una serie de medidas urgentes, realizó una serie de pedidos a los legisladores. Si bien fue autocrítico, cuestionó a todas las administraciones pasadas y abogó por un acuerdo multipartidario en el tema cárceles, criticó nuevamente a la Ley de Urgente Consideración (LUC) aprobada por el gobierno de Luis Lacalle Pou.
“No quiero ingresar en una polémica, y menos a esta hora, pero la LUC desterró la suspensión condicional del proceso de prueba”, dijo el ministro cuando comenzó a responder preguntas de los legisladores.
La suspensión condicional del proceso de prueba era un mecanismo que permitía suspender temporalmente un proceso penal a cambio de que el imputado cumpla con ciertas condiciones y en caso de cumplirlas directamente se extinguía la acción penal.
El ministro aseguró que la probation (como menciona al mecanismo de suspensión) fue “desterrada por el caso de la torta frita”. ¿A qué se refiere el ministro? A un caso en el que un hombre de 66 años fue condenado en 2019 a hacer 100 torta fritas y donarlas luego de haber comprado artículos robados.
“Un diario generó el caso de la torta frita, y en el Parlamento se terminó discutiendo este caso como una causa para desterrar la probation del sistema procesal uruguayo. ¿Y qué pasó? Un sistema acusatorio sin probation no camina; no existe. Solamente nosotros no lo tenemos”, cuestionó el ministro según consta en la versión taquigráfica.
Para Negro la condena a hacer torta fritas “estuvo muy bien” pero el caso se “estigmatizó” porque se trata de tortas fritas. “El delincuente era primario y se lo mandó a hacer torta fritas porque era lo único que sabía cocinar”, recordó. El hombre condenado tenía un puesto de torta fritas en San Ramón.
Negro destacó que ese artículo de la LUC no estuvo incluido en el referéndum impulsado por el Frente Amplio por lo que no se puede decir que haya sido “avalado” por la ciudadanía. “Si realmente estamos contestes en que tenemos que hacer acuerdos para mejorar el sistema carcelario, es necesario restituir la suspensión condicional del proceso a prueba”, aseguró y aseguró que confía en que se puede llegar a un acuerdo.
El planteo del exfiscal de Homicidios se da dentro de un marco que impulsa esta gestión y que busca “evitar que los que no tienen que ingresar a la cárcel, ingresen”. Ese es el concepto de desprisionalización que está planteado en el programa del Frente Amplio.
Críticas a los legisladores
El ministro también cuestionó la forma de legislar de senadores y diputados de todos los partidos políticos.
“Ustedes discúlpenme, pero ustedes los legisladores -ahora voy a hablar como exfiscal- tienen una predilección a las listas de delitos. Es sumamente tentador para el legislador uruguayo hacer una lista de delitos y decir: Para estos delitos tal beneficio no corresponde", cuestionó y dijo que muchas veces se pone todo en la misma bolsa sin diferenciar situaciones.
El secretario de Estado puso como ejemplo el caso de tráfico de estupefacientes. “Ponen todo lo que es estupefaciente en la misma bolsa y se le restringe un sistema de libertades, pero estupefaciente puede ser microtráfico o puede ser una señora que llevó 50 gramos de marihuana a la cárcel, que no es lo mismo que el traficante que pone en un contenedor y manda 5.000 kilos a Europa; no todo es lo mismo. Entonces, la lista de delitos encierra dentro mucha injusticia”, aseguró.
Por eso pidió “rever el sistema de legislar a través de listas de delitos” y pidió eliminar las “cortapisas a los estímulos al trabajo y al estudio, que son verdaderamente factores de cambios y de reinserción social”.
Hacinamiento
Uno de los principales temas abordados en la comisión de este jueves fue el hacinamiento del sistema carcelario. Con una población de 16.612 presos y una tasa de 470 cada 100 mil habitantes, Uruguay está tres veces por encima del promedio global. El hacinamiento es de 120 presos por cada 100 plazas en el sistema (en algunos centros llega a ser de casi 200 por cada 100 plazas).
Sin embargo, el sistema tiene algunas plazas libres por la distribución de reclusos en los distintos centros. Es por eso que el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) está trabajando en un estudio de los perfiles para realizar algunos traslados.
“En cuanto al cupo de las áreas, sobre todo, para el realojamiento en las unidades y en los módulos que están más superpoblados, nosotros identificamos ya ciento veinte perfiles que pueden ser trasladados inmediatamente, y que vamos a redistribuir al interior del Comcar. Estamos relevando ciento siete más, que a priori sabemos que podrían ser reubicados, pero que nos falta hacer un proceso un poquito más intenso en una primera instancia”, explicó en la comisión la directora del INR, Ana Juanche.
Al mismo tiempo, las tres nuevas unidades que están en construcción ya tienen los perfiles que van a recibir. Una tendrá a los que tengan penas breves –de hasta 24 meses–, la segunda tendrá a los que estén imputados o condenados por delitos sexuales y la tercera estará especializada en agresores de género.
Inhibidores
El ministro fue consultado sobre el uso de inhibidores en las cárceles y reconoció que hay “varias escuelas”: una que dice que hay que cortar todo tipo de comunicación, otra que dice “dejá que hablen y así los vigilamos” y una tercera que cuestiona que la persona tiene preso el cuerpo pero debería poder usar celulares.
“Está demostrado que la mayor cantidad de las comunicaciones que se efectúan clandestinamente no tienen por objeto actividades criminales, sino que es para hablar con la mujer, con los hijos”, aseguró Negro y dijo que no sabe cuál es el mejor.
En la misma línea, Juanche aseguró que los inhibidores actualmente “funcionan muy bien en la Unidad N°1 y que en las que se están construyendo también “prevén tecnologías para inhibición de señales”. Sin embargo, la directora del INR reconoció que “no funcionan tan bien en el Complejo N°4 y la Unidad N°3.
