Hay 68 niños que actualmente residen en distintas cárceles de Uruguay, hijos de mujeres privadas de libertad, según informó la Oficina del Comisionado Parlamentario en un informe publicado este martes al que accedió El Observador, en el que propone distintas penas alternativas para reducir estas cifras.
Según marca la oficina parlamentaria en su informe, desde el inicio del siglo la población carcelaria en general viene creciendo a un 6% promedio anual, pero desde 2018 (tras la implementación del nuevo Código Penal) la población femenina aumenta un 18% anualmente, "a un ritmo tres veces mayor".
A principios de junio de 2025 se registraron 1.426 mujeres presas, que son cerca del 8% del total de la población carcelaria, cuando en 2019 eran apenas el 5%. El 38% (543) es menor de 30 años.
El Comisionado marcó que este aumento de mujeres en los centros de reclusión "ha traído consigo el crecimiento de bebés, niños y niñas que conviven con sus madres en unidades penitenciarias", además de que se ha "expandido el impacto" sobre más niños, niñas y adolescentes que "deben enfrentar la adversidad de tener una madre privada de libertad, lo que tiene consecuencias sobre la socialización, la transmisión de valores y la crianza de los más chicos".
La situación empeora considerando que el promedio de hijos por mujer privada de libertad es de 2,65, por encima de la media nacional de 1,88. Nueve de cada diez son madres y tuvieron hijos antes de los 24 años, y más del 30% tiene cuatro hijos o más.
Según marca el informe, hasta 2022 la cantidad de mujeres privadas de libertad conviviendo con sus hijos oscilaba entre 35 y 45, pero la cifra comenzó a aumentar en 2023 y en 2024 se registró el máximo histórico de 72 mujeres con 73 menores dentro de las cárceles. Actualmente, son 65 las presidiarias que conviven con 68 niños.
Para el Comisionado este dato es "impactante" si se lo compara con otros países: en Argentina, por ejemplo, había 73 madres con hijos en las cárceles en 2023, a pesar de que la población carcelaria de ese país es "siete veces mayor".
Además, para la oficina esta situación es "inquietante", ya que la mayoría de estas mujeres "cometieron delitos vinculados a los estupefacientes, provenientes de contextos de alta vulnerabilidad y teniendo ellas serias dificultades de inserción social y laboral previas a la cárcel", así como también "sufrieron violencia de género", explotación sexual, situaciones de "pobreza" y se expusieron a tareas de riesgo para la salud con tal de sostener a sus hijos.
La necesidad de un cambio y las medidas que plantea el Comisionado Parlamentario
El organismo parlamentario valoró que en estos últimos años se han "creado o ampliado espacios para la atención de mujeres privadas de libertad que deben transitar al menos parte de su pena con sus hijos", y que el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) ha atendido el tema a través de su Programa de Atención a Mujeres con Hijos/as y Gestantes. Además, recordó que en dos años se inaugurará una nueva cárcel de mujeres.
Sin embargo, el contexto actual lleva al Comisionado a pensar que "es momento para pensar innovaciones en un sistema que estructuralmente, en cuanto a diseño institucional, sigue siendo el mismo desde hace un buen tiempo".
El Comisionado recordó que en los últimos años se modificó el artículo 304 del Código Penal para que "se puedan aplicar para aplazar o sustituir las penas de cárcel" en "circunstancias especiales o familiares, gravidez desde el quinto mes de embarazo o madres que estén amamantando durante el primer año de lactancia, enfermedad con grave riesgo a la vida o salud, mayores de 70 años".
Sin embargo, criticó que "se limitó la aplicación" de estas aplicaciones "para quienes sean reincidentes, reiterantes o tengan penas mayores a los 24 meses". Este límite "reduce significativamente su aplicación" en estos casos, ya que la mayoría de las mujeres encarceladas están condenadas por delitos vinculados al "microtráfico", con penas mínimas de cuatro años cuando la sustancia traficada es pasta base.
De todas formas, el informe valora que el Parlamento cambió parte de la ley y permitió que el delito de "tentativa" de tráfico tenga penas de 16 meses, menores a las que aplica la normativa.
El reporte también cita al Libro Blanco de Reforma Penitenciaria, que menciona diversas medidas alternativas para ayudar en estos casos, como "incluir explícitamente entre las causales para acceder a una prisión domiciliaria el período de embarazo y el de lactancia" y capacitar a los operadores penitenciarios para la atención de estas familias.
"La gran mayoría de los delitos cometidos por mujeres con hijos a su cargo no refieren a hechos de sangre o agresiones a la vida, por lo tanto su tipificación señala en principio que son susceptibles de una sanción penal diversa a la cárcel, esto es con mecanismos de control sí, pero en el marco de la asistencia y orientación social que permite una prisión domiciliaria adecuada a los tiempos actuales", se lee en el documento.
La oficina recomienda ir hacia una "prisión domiciliaria asistida" para mujeres con hijos que cometieron delitos leves, con "programas sociales" para "asegurar el cumplimiento de la pena y el tratamiento resocializador del mismo".
También postula la posibilidad de una prisión domiciliaria que cuente con la asistencia de "servicios sociales de protección", para que "les permitan, aún en su marco de restricción a la libertad ambulatoria, cuidar a sus hijos, acompañarlos en sus necesidad y actividades en la comunidad y acceder a oportunidades de rehabilitación".
Además, quiere que el INR forme un "grupo de trabajo" para "formular una guía de actuación para el desarrollo de nuevos dispositivos de asistencia social para las medidas alternativas" y "su conexión con la red de políticas sociales estatales y sus referentes y nexos de sociedad civil".
En otro orden, propone la creación de "casas cuidadas y seguras de medio camino" para "pequeños grupos de no más de 10 mujeres con hijos a su cargo", lo que permitiría "sustituir progresivamente los pabellones de mujeres privadas de libertad con sus hijos".
También quiere avanzar en la formación de "Centros de Integración Social" para "personas que tengan penas cortas o estén en etapa avanzada del cumplimiento de su sanción penal", en los que los residentes "pasen allí una parte del día, pernoctando o recibiendo asistencia, y el resto del tiempo estén integrados a la comunidad".
Por último, pretende que el organismo cree dentro de su estructura "una subdirección de mujeres privadas de libertad" y, en los casos que las mujeres con hijos deban ser recluidas en cárceles, pide que las unidades en las que estén recluidas "sean de pequeñas dimensiones, eficientes en sus programas individualizados de tratamiento y con recursos para asegurar la asistencia de los niños a servicios educativos".
