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Casi 2.500 uruguayos en riesgo de ser deportados desde EEUU

La caída del programa DACA afectará a los llamados "dreamers"

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03 de enero de 2018 a las 05:00

El gobierno de Estados Unidos (EEUU) encabezado por Donald Trump avanza en su propuesta de eliminar el programa denominado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por su sigla en inglés), que protege de la deportación a miles de jóvenes indocumentados que llegaron a ese país siendo niños.

Dentro del DACA hay casi 2.500 uruguayos en calidad de beneficiarios que, de clausurarse el programa en marzo como está previsto, quedarán expuestos ante las autoridades de Migración.

La esperanza de ese colectivo está en que el Congreso de Estados Unidos mantenga o apruebe uno nuevo. Hay cinco propuestas de parlamentarios sobre este tema pero los votos no están asegurados.

Lo cierto es que partir del 5 de marzo de 2018 los llamados "dreamers" (soñadores) verán expirar el permiso que les permite permanecer en EEUU por lo que deberán abandonar ese país o quedarse como ilegales expuestos a ser echados.

De acuerdo a datos oficiales del servicio de Migración de EEUU, son 2.419 los que corren el riesgo de perder el beneficio que otorga el DACA.

La lista de países vinculadas a ese programa la encabeza Mexico, seguido de El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú y Corea del Sur, Brasil, Ecuador, Colombia, Philipinas y Argentina. Uruguay está en el puesto 16.

Sin embargo, al parecer, a la colonia de uruguayos que reside en EEUU–muchos de los cuales son ilegales– no les preocupa demasiado el efecto que pueda tener esa medida que anunció en setiembre el gobierno del presidente Donald Trump.

Según consultas de El Observador, los consulados de Uruguay en Nueva York y en Los Angeles, solo recibieron "algunas llamadas" de nacionales interesándose por ese asunto.
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El cónsul de Uruguay en Los Angeles, Luis Sica, comentó a El Observador que la comunidad de uruguayos en esa zona la integran unos 12.000 que tomaron la eliminación del DACA con "bastante tranquilidad al punto de que prácticamente no hubo llamadas de personas inquietas o preocupadas".
"Los uruguayos no sienten un riesgo de que puedan ser deportados", comentó el diplomático.

Una situación similar a la de Los Angeles viven los uruguayos que residen en el área de Nueva York.

Desde el consulado en esa ciudad se informó a El Observador que hubo "algunos llamados" vinculados al cierre del programa DACA, pero "no hubo consultas masivas".

De todas formas, más allá de brindar cierta orientación, los consulados no pueden hacer mucho sobre un tema que depende del Congreso.

Un sentimiento diferente tienen otras colonias más numerosas, como la de los mexicanos o centroamericanos, que temen que los regresen a sus países. En las redes sociales esos grupos expresan sus angustias.

El presidente Trump, que varias veces expresó que actuaría con firmeza para enfrentar la migración ilegal y propuso la construcción de un muro en la frontera con México, está decidido a clausurar el DACA y estableció un cronograma de cierre que vence en marzo próximo.

El programa había sido puesto en marcha por la anterior administración del presidente Barack Obama y protege a quienes de niño fueron llevados a EEUU por sus padres, quienes son ilegales para las autoridades de migración.

Esos jóvenes, muchos de los cuales tienen hoy 25 años, ya terminaron secundaria, trabajan o están en la universidad.

Según analistas, una deportación masiva puede tener un costo político alto para Trump.

A comienzos de setiembre el fiescal general del EEUU, Jeff Sessions, anunció la próxima caída del programa DACA, lo que originó protestas en Washington frente a la Casa Blanca la sede del gobierno estadounidense, y en Nueva York, en la Trump Tower.

"Estoy aquí para anunciar que el programa DACA, promulgado por la administración de Obama, va a ser rescindido", informó Sessions a los medios. El jerarca dijo que "todas las políticas migratorias deberán respetar a los ciudadanos estadounidenses y a los inmigrantes" legales.

Ahora los "dreamers" miran al Congreso, que es el que puede enmendar las leyes migratorias.

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