La eliminación de perros salvajes que generan perjuicios en sistemas productivos y en otros ámbitos es un recurso muy aplicado en Australia, con base en regulaciones específicas y cuidados máximos para evitar perjuicios a otros animales y a la población humana, teniendo como un soporte fundamental un consenso que existe en la sociedad sobre que es una decisión extrema, no deseada, pero necesaria.
Para eso se recurre a cebos para atraer a esos perros y eliminarlos, utilizando veneno o mediante disparos, pero también hay otros métodos para mantenerlos alejados de espacios donde puedan ejecutar ataques, como animales guardianes y cercos que se extienden por varios kilómetros y que tienen la altura promedio de un ser humano, unos 1,70 metros.
Todo eso fue explicado por Ian Mortimer, Consejero Agrícola de Australia para América del Sur, en una de las principales conferencias que organizó la Asociación Rural del Uruguay (ARU) durante la undécima Expo Melilla.
Presentado por Gonzalo Valdés Requena, presidente de la gremial anfitriona, y con la comunicadora Victoria Rodríguez como traductora, Mortimer realizó un detallado análisis de la enorme gravedad que tiene el problema de los perros silvestres en Australia y cómo se lo está manejando de modo de avanzar en la disminución de los impactos adversos.
En ese marco sobresalió la alta inversión que se realiza por parte de actores de los sectores público y privado, más la acción colectiva donde suman esfuerzos productores, industriales, empresas vinculadas al agro, el gobierno nacional y los gobiernos locales.
La actividad, durante más de una hora, tuvo mucho público en la sala de conferencias y entre ellos representantes de entidades del agro y del gobierno, dada la participación de Juan Ignacio Buffa, subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), y Fernanda Maldonado, directora general del ministerio.
En Australia, tras un primer emprendimiento desde 2014 a 2019, existe un plan de acción nacional de 2020 a 2030 para abordar el tema de los perros asilvestrados, que tiene cinco principios básicos: es impulsado por la comunidad; es colaborativo; tiene como otra base la coordinación; se desarrolla a escala territorial; y no importan los límites de los establecimientos, dado que eso obviamente no es respetado por los perros salvajes.
El problema en ese país es de tal magnitud que solo en Queensland y Gales del Sur el rebaño ovino se redujo en hasta en un 75% por el ataque de perros asilvestrados, que generan daños en casi todo el territorio, incidiendo en la agricultura, la biodiversidad y bienes sociales, con impactos crecientes en áreas periurbanas.
En el ejercicio 2013/2014 hubo una medición del daño y se estimó alcanzó a 89 millones de dólares australianos (US$ 73,4 millones).
Dos tercios de los productores han tenido ya pérdidas por esos ataques, con un gasto promedio acumulado por establecimiento estimado en US$ 4.581.
La pérdida de productores que abandonan la explotación al no tener soluciones, las bajas en poblaciones de otras especies atacadas y la propagación de enfermedades como la hidatidosis fueron otros inconvenientes en territorio australiano, señalados por Mortimer.
En la generación de soluciones, explicó, hay un involucramiento del gobierno nacional cuando el problema es de interés nacional, respaldando al plan, con participación de los gobiernos locales, del sector privado y con abordajes que pueden diferenciarse según dónde se ejecuten.
Desde 2014/2015 el gobierno invirtió US$ 50,2 millones en investigación y actividades de campo. El sector privado también hace aportes, industria y productores.
La conferencia concluyó con una secuencia de consultas desde el auditorio. Entre varias respuestas, destacó una: no es para la experiencia australiana de alto valor el chipeo o la castración, como sí lo es la captura y/o eliminación de los perros.
Miguel Sanguinetti, presidente del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), tras la conferencia expresó a El Observador: “Somos dos países totalmente distintos, en el tamaño, en la mentalidad, en lo cultural, la problemática es mucho más grave en Australia, por lo tanto acá debería ser más fácil de solucionarla”.
“Tenemos que ponernos las pilas y hacer lo que hay que hacer, hace mucho tiempo que todos sabemos qué hay que hacer, no puede haber un perro suelto donde hay sistemas productivos en Uruguay”, enfatizó.
Añadió que en Uruguay “tenemos una ley clara”, que indica que “si el productor en su establecimiento encuentra perros haciendo daño a su majada, a un ternero, tiene todo el derecho de resolverlo, tiene todas las garantías dadas por el código rural, ese productor no debe tener miedo de hacer lo que debe hacer”.
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