Cómo fue la salida de Peri Valdez, el único fiscal de Corte que un gobierno sacó

Además, en 2004, cuando estalló la bomba que terminó por expulsarlo del cargo, la posición institucional de la Fiscalía de Corte era muy distinta a la del actual servicio descentralizado con autonomía. El fiscal de Corte dependía jerárquicamente del Ministerio de Educación y Cultura por lo que desde su alto perfil sistemáticamente chocó con sus jerarcas, primero con Yamandú Fau,  luego con Antonio Mercader –herrerista que ocupó el cargo mientras duró la coalición blanquicolorada– y finalmente con Leonardo Guzmán, quien le dio el golpe de gracia.

Así fue que el 12 de febrero el ministro Guzmán, con la anuencia del presidente Jorge Batlle, decretó el sumario administrativo con separación del cargo y retención de medio sueldo de Peri Valdez por “exceso de poder con desconocimiento de la jerarquía a la que está sometido”. Se trató del primer sumario a un fiscal de Corte en la historia del país, y hasta ahora el único. Peri reaccionó y recusó al ministro ante el presidente. Planteó que Guzmán ejercía una “persecución arbitraria” y que no le ofrecía garantías, pero Batlle respaldó al ministro.

Guzmán descartó que se tratara de una puja personal y calificó de falsedades las acusaciones de Peri. Admitió que se había buscado una salida "decorosa" y se le había ofrecido un destino diplomático en Grecia. La relación entre ambos jerarcas estaba cortada desde al menos seis meses antes de que se concretara el sumario.

El gobierno lo acusó de haber montado ilegalmente la Unidad de Fortalecimiento Institucional y el Centro de Apoyo a las Fiscalías. Ese centro almacenaba datos de personas que habían sido indagadas aunque no hubieran sido luego imputadas, y para el MEC se trataba de "un desborde de competencia del fiscal de Corte".

También se mencionaba en la resolución que daba inicio al sumario que se había extralimitado al autorizar a los fiscales a diligenciar por su cuenta asuntos judiciales que corresponden a los jueces, y que había violado las normas que regulan la carrera de los fiscales al nombrar a profesionales en base a su criterio personal, entre otras irregularidades.

La destitución de Peri Valdez también había sido reclamada por la Asociación de la Prensa Uruguaya, que consideraba que las instrucciones dadas a los fiscales constituían una amenaza a la libertad de prensa. 

El sumario fue encomendado a la directora general del MEC, escribana Rosario Fernández, con el asesoramiento del jurista Gonzalo Aguirre. Aunque los sumariantes tenían un plazo máximo de medio año, el MEC anunciaba que esperaba los resultados en dos meses. Interinamente asumió Marcelo Brovia, el fiscal con más años en el cargo que era quién lo subrogaba cuando se tomaba licencia. 

Un mes después se le inició un segundo sumario al acusarlo de saltearse a la justicia al haber dado órdenes directas al inspector de la policía Roberto de los Santos. Incluso se llegó a señalar que de los Santos tenía un despacho en Fiscalía, algo que Peri negó y que también el entonces ministro Guillermo Stirling descartó. El 30 de abril el MEC denunció penalmente a Peri Váldez por abuso de funciones. 

Sus defensores, el exministro de la Corte Raúl Alonso de Marco y Francisco Montoro, plantearon que los sumarios eran "un abuso" y "una barbaridad" y la denuncia penal una "intento de asfixiarlo". Acusaron al ministro Guzmán de asumir una "actitud persecutoria".

El rol del Parlamento y de los partidos políticos

La decisión del gobierno le trajo severos cuestionamientos políticos dentro del propio partido colorado que gobernaba, con los exsocios de la coalición que había quedado por el camino a consecuencia de la crisis del 2002, y también con el Frente Amplio.  

El primer enfrentamiento fue interno porque Guzmán respondía al sector del presidente Batllle (lista 15) y Peri respondía al Foro Batllista, sector del vicepresidente Luis Hierro López liderado por Julio María Sanguinetti.

Inicialmente Guzmán frenó la comparecencia de Peri en el Parlamento, bajo el argumento de que estaba impedido legalmente por estar sumariado. El senador Alberto Brause, también quincista, se retiró de sala en la comisión del Senado que quería votar la convocatoria al fiscal de Corte al argumentar que era violatoria del sumario, mientras que el senador forista Ruben Correa Freitas cuestionó fuertemente al ministro.

Pero finalmente asistió. Lo hizo en abril, dos meses después de iniciado el sumario, y contó a los parlamentarios que su mal relacionamiento con el ministro se debía a que le había hecho pedidos que no aceptó como que apartara a la fiscal Mirtha Guianze de penal luego de que lograra el procesamiento del excanciller Juan Carlos Blanco por el caso Elena Quinteros; que designara a la jueza Ana Lima en una fiscalía penal cuando renunció al Poder Judicial, luego de que la Corte la sancionara; y por haber respaldado al fiscal de Lavalleja Diego Pérez, quien indagaba al entonces jefe de Policía José Pose San Martín, allegado al presidente Batlle, quien finalmente resultó procesado por actos de corrupción. 

El sumario se fue dilatando y se chocó con la campaña electoral en el que además ambos sectores colorados llevaban como candidato común al renunciante ministro del Interior Stirling. 

El hecho de que coincidiera con la campaña congeló el tema. El caso lo heredó el Frente Amplio, donde también generó divisiones. El gobierno pretendía archivar las investigaciones por considerar que habían existido irregularidades en los procedimientos. Pero el entonces secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, no quería reestablecer en el cargo a Peri Váldez, y en su lugar impulsaba a Daniel Borrelli, quien había sido subsecretario del Interior. Según trascendió Fernández llegó a decir "soy yo o es él". El gremio de los fiscales tomó eso como una intromisión y pidió que el sucesor fuera un fiscal de carrera. Un grupo de fiscales impulsaba a Mirtha Guianze, entonces presidenta de la asociación.

Desde el Partido Nacional el líder de Alianza Nacional Jorge Larrañaga que durante el gobierno de Batlle había considerado la decisión del Ministerio de Educación y Cultura como "demasiado grave", ahora pedía la restitución de Peri. Jorge Gandini cuestionó al secretario de la Presidencia. “Sabe muy bien el doctor Fernández que nadie debe interferir con un proceso judicial o administrativo en curso. (...) Es improcedente como imprudente que el doctor Fernández presione una decisión que debe tomarse con independencia y lo haga diciendo ‘Soy yo o es él’”, dijo Gandini.

En diciembre de 2005 el fiscal interino Brovia renunció al cargo. En febrero de 2006 al gobierno se le acababa el plazo para destituir a Peri Váldez o reestablecerlo en el cargo porque se cumplían dos años del inicio del sumario. Pero Peri que ya había anunciado que no estaban "dadas las condiciones para retomar sus funciones", optó por renunciar días antes de que venciera el plazo.

Finalmente el cargo no fue ni de Borrelli ni de Guianze -que estuvo a cargo de la Fiscalía unos meses- y en 2006 asumió, por un acuerdo político de todos los partidos, el fiscal Rafael Ubiría.