Cuando Jorge Díaz ve en la prensa o en las redes sociales que alguien contradice con agresividad sus argumentos o que directamente lo acusan de parcial o corrupto, la sangre le “corre por las venas”, como dice a quienes trabajan con él, y su primer impulso es salir a responder con dureza. Pero luego recuerda que es fiscal de Corte y que debe medir sus palabras y apariciones públicas.
Sin embargo, no por eso ha estado ajeno a las polémicas en los ocho años que lleva en el cargo, desde que que fue designado en 2012 con la venia de todos los partidos. Una de las primeros cuestionamientos que recibió fue cuando trascendió que había ido a la Torre Ejecutiva a advertir del pedido de procesamiento del entonces ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y del presidente del BROU, Fernando Calloia; aunque luego él lo negó, dijo que el dato se filtró y que alguien quería perjudicarlo.
Luego, fue el principal promotor de la descentralización de la Fiscalía General de la Nación –algo logrado en 2015 y por lo que sigue recibiendo críticas–, de la implementación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), y en el último tiempo un opositor crítico a gran parte del capítulo de seguridad de la ley de urgente consideración aprobada en el Parlamento el 5 de julio.
Con su defensa al CPP, Díaz se ha enfrentado tanto al gobierno del Frente Amplio –sus diferencias en este tema le han valido varios enfrentamientos mediáticos con el entonces ministro Eduardo Bonomi e incluso grandes desavenencias al respecto con el expresidente Tabaré Vázquez– como a la actual coalición de gobierno, porque con la LUC se llevaron adelante cambios relevantes en la práctica de las investigaciones penales con las que Díaz no estuvo de acuerdo, aunque su oposición contribuyó a matizar algunas de las modificaciones.
El fiscal de Corte enfrenta ahora un pedido expreso de destitución, luego de haber dispuesto este sábado una investigación administrativa contra la fiscal de Carmelo Natalia Charquero, por ratificar –junto con la fiscal Paola Nebot– el archivo de la indagatoria contra el exintendente blanco Carlos Moreira, sin haberse abstenido o advertido de que había integrado la comisión de seguridad de la candidatura de Luis Lacalle Pou para el Partido Nacional en la campaña de 2014.
Varios legisladores de la coalición criticaron la decisión de Díaz, y el presidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, se reunió con el jerarca para pedirle explicaciones; pero Eduardo Lust y Guillermo Domenech, diputado y senador de Cabildo Abierto, respectivamente, fueron más allá. En la tarde de este lunes presentaron un escrito en la Torre Ejecutiva con el que solicitaron que el presidente Luis Lacalle Pou accionara dos artículos de la Constitución y destituyera al jerarca en el entendido de que afectó la “independencia de los fiscales” e incurrió en “persecución política”.
No obstante, ese planteo no parece posible. La destitución del fiscal de Corte debe contar con tres quintos de votos de los senadores, para lo que se precisa del Frente Amplio, porque se requieren 19 votos y la coalición tiene 18, contando a la vicepresidenta Beatriz Argimón. Si la Cámara de Senadores no se expidiera en 60 días, el Poder Ejecutivo podrá hacer efectiva la destitución. De todos modos, deberá pedir "la venia de destitución", por lo que siempre requiere de trámite parlamentario.
En la Justicia
Desde su rol de juez de Crimen Organizado –cargo que ocupó ante de ser fiscal de Corte– también dictó sentencias que generaron cuestionamientos públicos, como cuando falló a fines de 2010 que no había méritos para continuar con la indagatoria sobre el arsenal de 700 armas encontrado en la casa del contador Saúl Feldman, quien murió luego de enfrentarse a disparos con la policía, en octubre de 2009, en plena campaña electoral. El caso se politizó –el expresidente Jorge Batlle acusó a los tupamaros de estar vinculados– y, pese a que en 2014 el caso se reabrió y volvió a archivarse, nunca se supo el origen de las armas.
Díaz también enfrentó la paradoja de enviar a prisión a su colega Anabella Damasco. Tras una investigación realizada en 2010, quien entonces era ministra del Tribunal de Apelaciones y presidenta de la Asociación de Magistrados fue procesada por robar al menos US$ 55 mil que habían sido incautados en procedimientos judiciales, imputada de seis delitos de peculado y estafa.
Destrucción de relato
El 24 de junio, la Fiscalía General de la Nación presentó el último informe estadístico, que da cuenta que desde que se implementó el nuevo CPP, los fiscales aumentaron la capacidad para resolver casos e imputar a personas por delitos. A juicio de Díaz, ese informe tiró abajo "uno de los relatos que se instalaron en la sociedad uruguaya de que los problemas de la seguridad pública eran un problema que había traído el CPP".
El mensaje fue dirigido a Vázquez, Bonomi e incluso al exdirector nacional de la Policía, Mario Layera, que responsabilizaron el nuevo sistema penal –vigente desde noviembre de 2017– del aumento de los delitos. Ahora, con récord de personas presas –más de 12 mil– y con 32% de imputaciones mensuales más que las que tenían los jueces en 2017, se “demuestra exactamente lo contrario de lo que se afirmó" en su momento, agregó Díaz.
En junio de 2018, Bonomi criticó a la Justicia, a fiscales y al CPP por el incremento de los delitos de los últimos meses. "No están presos los que deberían estar presos, y no porque están libres los que deberían estar", dijo entonces Bonomi.
Díaz le respondió de inmediato en una entrevista con radio Carve el 27 de ese mes: “Zapatero a tus zapatos. Quien decide quién tiene que estar preso y quién tiene que estar libre no es el ministro, la policía, ni siquiera yo. Son los jueces", dijo, a lo que el entonces subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, le retrucó: “Esta es una zapatería que tiene varios zapateros”.
Meses después, en diciembre de 2018, fue Vázquez el que acusó al CPP de generar aumento en la inseguridad. En un almuerzo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), el exmandatario presentó un estudio elaborado por el profesor Spencer Chainey, de la University College of London, que señalaba al nuevo proceso penal por el aumento de las rapiñas. “Aquí, si no se hubiera instrumentado el nuevo CPP, y se hace la prolongación teniendo en cuenta el valor de la pendiente, al iniciar el 2019 casi estaríamos con una baja del 30% de las rapiñas”, dijo mostrando una gráfica elaborada por la institución universitaria.
El 25 de junio de este año, cuando presentó el informe favorable a su discurso, Díaz dijo ante la prensa, sin mencionar a Vázquez, que aquel "era un relato muy sencillo”. “Se aprobó el nuevo Código del Proceso Penal, disminuyeron los privados de libertad, aumentaron los delitos. Era algo que cualquier vecino podía comprar fácilmente y difícil de revertir o demostrar lo contrario".
Semanas atrás, a fines de mayo, Díaz sostuvo en conferencia de prensa que el descenso de los delitos registrado durante los primeros meses del nuevo gobierno se debió a los efectos de la emergencia sanitaria declarada el 13 de marzo ante la llegada del coronavirus a Uruguay, y no necesariamente al cambio de mando en el Ministerio del Interior, lo que no cayó bien al ministro Jorge Larrañaga, según supo El Observador. Pese a ese incidente, que no cobró grandes dimensiones, los jerarcas mantienen una buena y fluida relación.
El enfrentamiento a la LUC
“Honda preocupación”, “precio muy alto”, “madre del borrego”. Díaz usó distintas frases y metáforas para manifestar su disconformidad desde que se conoció el 22 de enero el proyecto de la LUC que planteaba cambios sustanciales al sistema penal, aunque también destacó que se escuchó la voz de la Fiscalía y se cancelaron algunos cambios, pero no los suficientes.
El gobierno siguió adelante con la eliminación de la suspensión condicional del proceso, un instrumento que permite resolver el 12,6% de los casos –de acuerdo a las últimas cifras oficiales– mediante un acuerdo entre las partes por el que se evita el juicio oral a cambio de que el imputado se comprometa a cumplir determinadas condiciones –como realizar tareas comunitarias–, siempre y cuando el delito que haya cometido no sea de gravedad.
Díaz también se opuso a que los jueces puedan intervenir en la carpeta de los fiscales y tomar por ellos algunas decisiones procesales. “¿En un juicio oral el juez va a tener acceso a la carpeta de investigación cuando lo que se busca es que esté despojado de todo conocimiento anterior?", se preguntó en la sesión de Diputados de principios de mayo.
