Con aval de Lacalle, retoman conversaciones para suplantar a Gómez por un triunvirato

Tras varios meses de negociaciones trancadas, pero también de sucesos que tuvieron a ese organismo en el centro de la polémica, senadores del oficialismo volvieron a conversar informalmente sobre alternativas para designar nuevas autoridades, y en particular sobre la propuesta del diputado colorado Gustavo Zubía de instalar un triunvirato al frente de la Fiscalía.

Hasta el momento, ese planteo de Zubía recogía apoyos puntuales pero se daba de bruces contra la falta de acuerdos intrapartidarios, algo imprescindible dado que la designación de autoridades en la Fiscalía requiere de mayorías especiales. 

En ese sentido, ante los recurrentes reclamos de algunos de sus socios, Lacalle Pou había sido enfático en que esa falta de mayorías volvía estéril cualquier discusión sobre el liderazgo del organismo. "No opino sobre cosas que son supuestos que no van a pasar", había dicho el presidente a fines de junio cuando le preguntaron por el triunvirato. 

Sin embargo, según supo El Observador a partir de diversas fuentes políticas, Lacalle Pou ha expresado una postura menos tajante en los últimos meses y habilitó a que los partidos del oficialismo exploren la posibilidad de un acuerdo en ese sentido.

Las fuentes señalaron que el mandatario comenzó a considerarlo ante la insistencia de varios integrantes de la coalición, preocupados por la conducción de la Fiscalía. De todas formas, también remarcaron que las conversaciones están en una etapa de "primeros contactos" informales y que la posibilidad de un acuerdo no es sencilla. 

En el Partido Nacional, la senadora Graciela Bianchi –crítica de la gestión de Gómez– es partidaria del triunvirato como opción para renovar autoridades. En el Partido Colorado, el secretario general Julio María Sanguinetti también respaldó esa iniciativa. Lo mismo hizo el senador Guillermo Domenech, presidente de Cabildo Abierto.  

El proyecto de ley presentado por Zubía propone que el fiscal de Corte forme parte de un directorio con otros dos fiscales, diluyendo así el poder de una única figura. Esos otros dos fiscales también serían designados por el presidente con una venia de tres quintos del Senado. 

Entre los detractores del proyecto está el exfiscal de Corte Jorge Díaz, quien entrevistado en Desayunos Informales (Canal 12) sostuvo que una solución como esa "terminaría partidizando y politizando" al Ministerio Público. "En el mundo no existe ni una sola Fiscalía colegiada, como no existe un Ministerio de Seguridad o del Interior, o como prácticamente no existen cargos ejecutivos en la Presidencia de la República colegiados", dijo, por otra parte, en Así Nos Va (Radio Carve) y agregó: "Propio de la función del fiscal es la tarea ejecutiva, y propio de la tarea ejecutiva es el órgano unipersonal. Por eso en todas partes del mundo la tarea del fiscal general es uno solo"

Ante la falta de acuerdo político para designar a un sucesor de Díaz, el presidente había determinado que debía ser Gómez –que era adjunto de Díaz y ahora actúa como su subrogante– quien permaneciera en el cargo hasta el 2025, cuando cumpliera 70 años y estuviera obligado por ley a dejarlo. Allí, con nuevas mayorías parlamentarias, podría designarse un nuevo fiscal de Corte. 

Sin embargo, a casi once meses de la salida de Díaz –que renunció a principios de octubre del 2021–, Gómez aún no fue ratificado en el cargo por falta de apoyos en el Parlamento. Eso no solo trae aparejado algunas cuestiones administrativas, sino también cuestiones prácticas. Por ejemplo, hoy Gómez no tiene adjunto y si debiera tomarse licencia no está claro quién subrogaría el cargo. 

En el proyecto original de Rendición de Cuentas enviado por el Poder Ejecutivo se incluía un artículo que daba a Gómez la potestad de designar a su suplente siempre que se ausentara por un plazo mayor a 20 días. Sin embargo, esto fue modificado en comisión, que fijó que en caso de ausencia del fiscal de Corte, será el fiscal de Montevideo con más antigüedad el que asumirá sus tareas. Se trata de la normativa que regía hasta 2017, cuando cambió durante la gestión del fiscal de Corte Jorge Díaz.