Batalla Fossati-Romano: responsabilidades compartidas que llegan a lo más alto del sistema político

Algo anda mal en Fiscalía

La fiscal Gabriela Fossati siempre fue una mujer de armas tomar y nunca dudó en denunciar a quién considerara que perjudicaba su trabajo pero con el caso Astesiano, sumado al protagonismo que tienen los fiscales desde que dirigen las investigaciones penales, y a su personalidad, se convirtió en un misil dispuesto a disparar contra todo lo que, a su entender, la ataque.

El episodio de esta semana en el que se enfrentó a los gritos con su colega Romano, cuyos detalles están contados en esta nota, generó alarma dentro y fuera de la Fiscalía. Si bien se podía esperar por la personalidad de los implicados –Romano es otro fiscal con un alto perfil y con una personalidad confrontativa.- se consideró que se daña la imagen de la institución.

Todo ello ante la mirada de un jerarca que deja hacer, amparado en que quiere ser respetuoso de la independencia técnica de los fiscales y en que no se siente con respaldo político para golpear la mesa, si es que alguna vez Juan Gómez podría tener una actitud así.

Entonces a quién se puede responsabilizar por estos escándalos: ¿A Fossati y a Romano? ¿a Gómez? ¿al sistema político que no logra proponer un nombre para designar a un jerarca? ¿o al gobierno que ante la imposibilidad de los legisladores para ponerse de acuerdo no interviene?

A todos les cabe el sayo y se lo deberían poner.

Salir de la parálisis

Para empezar, Fossati y Romano no deberían olvidar que son servidores públicos y su tarea no es dejar su ego en alto, sino dirigir investigaciones garantistas para encontrar a los responsables de delitos, y que integran el mismo equipo.

El problema que tiene la Fiscalía es que está dividida en dos bandos, por herencia del exfiscal de Corte Jorge Díaz ya que si bien llevó a buen puerto su gestión en la que implementó grandes cambios, por su fuerte liderazgo surgieron los “pro Díaz” y los “anti Díaz”. Hasta hoy esos dos bandos tratan de tirarse tierra encima siempre que pueden. Fossati y Romano están en bandos opuestos.

Luego, Gómez como jerarca ha demostrado que no tiene la personalidad que se requiere para dirigir la Fiscalía. No porque sea malo, en su larga trayectoria como fiscal ha demostrado rectitud y empuje en la tarea pero tiene una personalidad blanda. A ello se suma que no tiene el apoyo del sistema político, y lo sabe, lo que lo paraliza aún más.

Foto: Leonardo Carreño.

Su estilo lo ha llevado a cometer algunos errores, por ejemplo prometer cargos como hizo con Fossati, o discutir con ella a través de los medios de comunicación, lo que infantiliza la gestión. Cada vez queda más claro que su nombre era una buena alternativa para la transición mientras se designaba a un nuevo fiscal pero no se lo puede mantener hasta 2025,cuando cumpla 70 años, sin ni siquiera designarlo –sigue siendo fiscal de Corte suplente-.

El periodista Gonzalo Ferreira escribió en Sinpasis en junio que la Fiscalía de Corte era “ejemplo de parálisis” de las negociaciones políticas entre gobierno y oposición. Pasados nueve meses nada ha cambiado.

Debido a que los legisladores vienen negociando un paquete en el que metieron a todos los organismos de contralor: la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, junto con el Poder Judicial y la Fiscalia de Corte, el moño resulta imposible de desenroscar. Cabildo Abierto mantiene la disputa con los colorados por el lugar que viene reclamando en la Corte Electoral. A su vez, el partido de Manini ha querido intervenir en la designación del fiscal de Corte. Como intento de destrabar ese nombramiento se promovió un triunvirato, una propuesta muy resistida en el entendido de que se politizaría al organismo. Lo último de las negociaciones está contado en esta nota de Ramiro Pisabarro.

Por otra parte, el reclamo histórico de los fiscales de que el elegido salga de la propia Fiscalía parece difícil de concretarse. Los nombres que se manejaron (Enrique Rodríguez, la jueza Graciela Gatti, y Mónica Ferrero ) ya fueron rechazados por el Frente Amplio, y algún otro que apareció también fue descartado.

Por todo ello, a esta altura se debería abrir el juego y pensar en un nombre del ámbito jurídico más amplio, como ha ocurrido históricamente en la Fiscalía General de la Nación. El periodista Raul Ronzoni escribió en Búsqueda este jueves que para aspirar al cargo alcanza con estar titulado en derecho, no hace falta ser fiscal o juez y tener una carrera judicial. También señalaba como requisitos “actuar con equilibrio, rechazar cualquier presión y velar por los derechos de los ciudadanos”. Yo sumo que tiene que ser un abogado con ciertas aspiraciones políticas dada la alta exposición que tiene el jefe de quienes dirigen las investigaciones penales y contar con un importante don de mando para lograr encauzar a los fiscales y cortar con los enfrentamientos entre bandos.

Todo lo que está pasando debería ser un llamado al sistema político para sentarse a negociar en serio y no dejar de hacerlo hasta definir un nombre. La Constitución en su artículo 168, además de exigir tres quintos de los componentes del Senado (18 senadores) establece que quien es mano para proponer un nombre es el presidente de la República. Ante la parálisis establecida, el presidente Luis Lacalle Pou debería intervenir como lo ha hecho con otros asuntos fundamentales para el país. De verdad este lo es.