Buscarán reforzar los consulados para tramitar nacionalidades

Según los datos facilitados por el Ministerio de Exteriores a Europa Press, a fecha del 30 de noviembre de 2023 -un año después de que la ley entrara en vigor a finales de octubre de 2022-, se habían concedido 102.868 nacionalidades. Este dato representa el 49,7% del total de solicitudes presentadas, mientras que sólo se habían denegado 700, estando el resto aún en proceso de tramitación.

Este volumen de solicitudes, más acusado en aquellos países en los que hay una mayor presencia de descendientes de españoles como Argentina o Cuba, ha supuesto una carga adicional para los consulados, que son los encargados de tramitar la documentación de quienes quieren acceder a la nacionalidad española.

En su comparecencia del pasado 5 de febrero ante la Comisión de Exteriores del Congreso, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, explicó que para hacer frente a esta situación en 2023 se tramitó un cupo extraordinario de 150 plazas y se crearon tres puestos de cónsul adjunto en "los consulados más afectados: La Habana, Buenos Aires y Ciudad de México". Asimismo, se autorizó 440 contrataciones a lo largo del año, con 100 ya aprobadas y 100 más en el segundo semestre, según precisó.

"La intención es que se pueda mantener ese refuerzo dentro de los plazos necesarios para poder aplicar las previsiones que la ley contempla", han indicado ahora fuentes diplomáticas a Europa Press, tras ser preguntadas por cómo se va a afrontar el problema en los consulados tras conocerse que la ley estará en vigor un año más.

Los requisitos de la ley

La Ley de Memoria Democrática contempla que pueden optar a la nacionalidad española los "nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, y los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española".

También pueden solicitarla los hijos nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, así como los hijos mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de adopción de acuerdo a lo dispuesto en la ley de Memoria Democrática o en la Ley de Memoria Histórica del año 2007.

La ley daba un plazo de dos años con la posibilidad de una prórroga a un tercero y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ya adelantó el pasado 29 de febrero en un desayuno de Europa Press que se prolongará la vigencia hasta 2025.

Problemas en los consulados

En un reciente informe elaborado por la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), esta alertaba de que la red de consulados se encuentra en "pésimo estado" debido al "deterioro imparable" que ha venido experimentando en los últimos años ante la falta de personal pese a un incremento en el número de españoles que necesitan ser atendidos en el extranjero y al mal estado en el que se encuentran muchas de las infraestructuras que albergan los consulados.

En el documento, se llamaba la atención por la carga adicional de trabajo que afrontan los consulados, muchos de los cuales han sufrido una merma en su personal en los últimos años, no solo por las tramitaciones vinculadas a la concesión de nacionalidad sino al hecho de que posteriormente también habrá que dar servicio a esos nuevos españoles, entre otras cosas para que pueda votar tras el fin del voto rogado.

Así, advierte de que en los consulados de Buenos Aires, La Habana y Ciudad de México "la Ley de Memoria Democrática podría dar lugar a cerca de medio millón de nuevos españoles inscritos, de prorrogarse su vigencia hasta octubre de 2025".

El documento apunta que podría terminar habiendo un millón de nuevos españoles y llama la atención de que "este aumento drástico" del número de españoles inscritos "entraña el riesgo a corto plazo de colapso para muchas oficinas consulares, entre ellas gran parte de nuestros mayores consulados".

En la citada comparecencia parlamentaria, Albares dijo ser "perfectamente consciente" de la situación, subrayando que "es un asunto que lleva décadas de retraso y por lo tanto es una cosa que tomará tiempo". Asimismo, reconoció que tanto la desaparición del voto rogado como la Ley de Memoria Democrática ha supuesto una carga de trabajo adicional.

Además de los puestos adicionales, el ministro se refirió también al plan de digitalización consular con cargo a los fondos Next Generation que está desarrollando el Ministerio. "El plan prevé el establecimiento de una plataforma digital desde la que se podrán realizar de manera digital hasta 60 trámites que ahora se tienen que realizar de forma presencial aliviando esos consulados", subrayó.

EUROPA PRESS