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Condenan en Estados Unidos por corrupción al exhombre fuerte del gobierno boliviano de Jeanine Áñez
Un tribunal de Estados Unidos condenó a Arturo Murillo, exministro de Gobierno de Bolivia durante el régimen de facto de Jeanine Áñez, a seis años de cárcel por los delitos de soborno internacional y lavado de dinero.
Los delitos fueron cometidos con la compra de gases lacrimógenos en 2019 con enormes sobreprecios, informaron autoridades estadounidenses y bolivianas.
Murillo había aceptado ser culpable para evitar una pena mayor.
El procurador del Estado de Bolivia, Wilfredo Chávez, informó de la sentencia contra quien fuera el hombre fuerte del gobierno de facto de Áñez a través de su cuenta de Twitter.
A su vez, un comunicado del Departamento de Justicia norteamericano informó en un comunicado que la pena impuesta era de 70 meses de cárcel, algo menos de 6 años de prisión.
Murillo fue detenido en mayo de 2021 y alojado en el Centro de Detención Federal de Seguridad Administrativa de Miami.
Allí se declaró culpable junto al resto de sus cómplices, l os empresarios norteamericanos Philip Lichtenfeld y los hermanos Bryan y Luis Berkman, así como su colaborador boliviano Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal.
De acuerdo a las autoridades estadounidenses, Lichtenfeld y Berkman pagaron US$ 602.000 en sobornos en beneficio de Murillo y Méndez a cambio de asegurar un contrato de 5,6 millones para la entrega de gases lacrimógenos y otros equipos no letales al gobierno de Áñez, entre noviembre de 2019 y abril de 2020.
Empresario, exdiputado y exsenador, Murillo ganó protagonismo durante 2019 en la etapa previa al golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales.
“El exministro de Gobierno de Bolivia y otro exfuncionario boliviano están acusados de recibir sobornos pagados por una empresa estadounidense para asegurar un contrato con el gobierno boliviano y luego utilizar el sistema financiero estadounidense para lavar esos sobornos”, señaló un informe de la justicia de Estados Unidos, citado por el sitio del diario Página Siete de La Paz.
Méndez, el otro boliviano implicado, fue jefe de gabinete de Murillo y está acusado de ejecutar movimientos bancarios sospechosos por US$ 582.000.
El gobierno boliviano había motorizado el juicio civil ante tribunales de Estados Unidos en contra de Murillo y sus cómplices para recuperar el dinero del sobreprecio.
El Estado boliviano pretende la devolución del dinero del sobreprecio de 2,3 millones como reparación del daño causado.
