Este lunes Ancap emitió un comunicado en el que neutraliza los motivos aducidos por la empresa de supergás para desvincular a 26 empleados
Este lunes es un día clave para el conflicto que el sindicato del supergás mantiene con las empresas Riogas y Acodike por el despido de más de 50 trabajadores entre las dos.
En este marco, Ancap emitió un comunicado con aclaraciones al respecto de los argumentos aducidos por las empresas de supergás para desvincular a esos empleados.
Como motivo para el despido de los trabajadores Riogas señaló que a partir del 1º de marzo y “por razones totalmente ajenas a Riogas, cambiaron las condiciones contractuales y comerciales que rigieron durante 15 años en el envasado de supergás”.
El cambio de las reglas de juego al que refiere la distribuidora es el nuevo contrato de arrendamiento que debió asumir desde el 1º de marzo para una de las dos plantas de envasado de supergás que son propiedad de Ancap.
Sin embargo, Ancap sostiene, como primer punto de su comunicado, que la regulación relacionada con el cálculo de los márgenes de envasado y distribución “está fuera de la órbita de Ancap” y “no se han producido cambios respecto de lo que sobre ellos se establecía en los contratos, que luego de 15 años de aplicación, vencieron el pasado 28 de febrero”.
En el comunicado de la empresa Riogas se sostenía, puntualmente, que la empresa estaba haciendo frente a nuevos y “significativos costos por arrendamiento e inversiones” en la planta de envasado y costos financieros por compra a crédito de supergás. Sumado a un menor volumen de envasado.
Frente a esto Ancap afirma que el costo por arrendamiento de las plantas propiedad de Ancap —que rige desde el 1 de marzo—, surge de un proceso competitivo en el cual “cada uno de los interesados realizó ofertas sin restricción alguna de valor, de acuerdo con su propio análisis de futuro del negocio”.
A su vez, Ancap señala que las inversiones que se pudieran realizar en las plantas de envasado serán las que cada operador entienda oportunas para su negocio, “no hay obligaciones contractuales”, afirma.
Finalmente apunta que “no hay afectación alguna de los términos comerciales, que presentan condiciones de crédito mejores que las que habitualmente se pueden obtener en la plaza”.
El comunicado culmina abogando porque prime la negociación colectiva para dilucidar aspectos de la organización del trabajo y así “evitar acciones que afecten el suministro de supergás a la población, en particular a los sectores más vulnerables”.