El Senado dio media sanción este martes al proyecto de ley de lucha contra el terrorismo, la primera norma integral en el tema en Uruguay. En noviembre de 2016 el Poder Ejecutivo había enviado un proyecto integral antiterrorista. Sin embargo, el tiempo pasaba, y como a Uruguay le urgía tener una norma de ese tipo para evitar sanciones internacionales, el Frente Amplio envió otro proyecto más escueto que fue el que se terminó aprobando.
La idea es que el país se adecue a las nuevas exigencias internacionales en materia de terrorismo, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Los senadores corrían contra reloj porque a mediados de este mes llegará a Uruguay una misión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que evaluará cómo está el país en ese tipo de legislaciones.
La aprobación del proyecto contó con el visto bueno de todos los partidos políticos. El senador frenteamplista Ruben Martínez Huelmo fue el miembro informante y destacó: “Uruguay ha reforzado el compromiso con el combate del terrorismo” por lo que no será “ni la primera ni la última que el país deba asumir” esos tipos de normas. El proyecto, que ahora depende de la Cámara de Diputados para ser ley, es parte de un tríptico integrado por la ley de lavado de activos y la ley de transparencia fiscal.
La discusión del proyecto no implicó un gran debate, porque había acuerdo de todos los partidos en que debía aprobarse sí o sí y cuanto antes. Sin embargo, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, dio un tirón de orejas a todos los legisladores por dejar pasar más de dos años sin tratar el tema. “Hay que dejar la constancia de que no es la mejor manera de legislar hacerlo sobre la urgencia de eventuales evaluaciones negativas. El Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley hace mucho tiempo que quedó reposando en el Parlamento”, dijo y agregó: “Nos deja esa sensación negativa de que terminamos votando apurados”.
Diego Battiste
Por su parte, el senador colorado Pedro Bordaberry dijo que, aunque no es el original, se trata “de un buen proyecto” que “encuentra a todos los partidos juntos”. Antes de que comenzara a discutirse la norma, el senador dejó constancia de que hasta este miércoles sigue teniendo un cargo en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) –como presidente de la Comisión Normalizadora–, lo que podía generarle un conflicto de intereses con algunos artículos de la ley que estaba por votarse.
“El artículo 11 puede beneficiar a la Asociación porque ha sido víctima de corrupción y declaro esta situación antes de comenzar porque me afecta”, sostuvo. El artículo establece que los fondos y bienes que se recuperen por la lucha contra el terrorismo, narcotráfico, corrupción, etc. se destinen a los perjudicados por esas acciones. En el caso de la AUF, los casos de corrupción probados en el fútbol (como el FIFAgate) pueden eventualmente caer en ese artículo.
