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Secretaría Antilavado inspeccionará a partidos políticos, iglesias y clubes deportivos
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) comenzará a inspeccionar en abril a partidos políticos, iglesias y entidades deportivas con el objetivo de determinar si cuentan con medidas para prevenir el blanqueo de capitales, tal cual los obliga ley de lavado de activos. Así lo señaló a El Observador el director de la secretaría, Daniel Espinosa, quien dijo que se decidió empezar por estas tres categorías por considerar que son las que presentan mayor riesgo de ser utilizadas como instrumento para el lavado de dinero.
La ley de lavado de activos que fue promulgada el 20 de diciembre de 2017 creó nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado, entre quienes se encuentran las asociaciones civiles sin fines de lucro. El 12 de noviembre, Presidencia firmó el decreto reglamentario que obliga a que estas asociaciones a elaborar “políticas y procedimientos para la administración del riesgo de lavado de activos”, al tiempo que reportar actividades sospechosas de lavado a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay (BCU), y contar con un oficial de cumplimiento que se haga cargo de “impulsar la implementación de los procedimientos y las obligaciones” establecidas en la normativa.
Espinosa dijo que en los próximos días se enviará cartas a partidos políticos, clubes deportivos e iglesias para que comuniquen quién es su oficial de cumplimiento, y detallen los protocolos y medidas que adoptarán para prevenir el lavado de activos. Si bien el decreto que reglamentó la ley de lavado de activos es de noviembre de 2018, las inspecciones se empezarán a realizar a partir de abril porque se esperó a que estas entidades se pusieran a tiro con la normativa.
Asimismo, para ponerse en contacto con estas asociaciones la Secretaría Antilavado debía esperar a que el Ministerio de Educación y Cultura enviara la lista actualizada de todas las organizaciones sin fines de lucro del país, lo que se prevé que ocurra este viernes. De la misma forma, la Secretaría de Deporte colaborará con la Senaclaft para identificar aquellas organizaciones deportivas que también tendrán que contar con medidas de prevención del lavado.
Los sujetos obligados que no cumplan con la normativa podrán sufrir sanciones que pueden ser suspensiones temporarias de no más de tres meses, hasta el pago de multas que parten de las 1.000 UI ($ 4.130) y un máximo de 20.000.000 UI ($ 82,6 millones).
De todas formas, Espinosa dijo que con esta iniciativa se busca conocer cuál es el estado de cumplimiento de la ley y lograr así que haya un “impulso” para que las organizaciones sin fines de lucro se ajusten a su responsabilidad como sujetos obligados. “En principio no buscamos sancionar, sino que la ley se cumpla. Si hay un bajo nivel de cumplimiento tendremos reuniones y daremos capacitación”, agregó.
Partidos políticos
En medio de la campaña electoral, cuando el gasto para impulsar a sus candidatos de cara a las elecciones se dispara y siempre es bienvenida la contribución de personas dispuestas a aportar grandes sumas de dinero, los partidos políticos deberán contar con medidas de prevención del lavado para todas sus agrupaciones y precandidatos. Así, el oficial de cumplimiento, deberá verificar que cada candidato cumpla con medidas de prevención para evitar que ingrese en su campaña dinero proveniente de actividades ilícitas.
El Observador consultó con fuentes del Frente Amplio que señalaron que ya cuentan con una persona designada para dar cumplimiento a la ley, al tiempo que se está armando documentación para entregar a la Senaclaft. En tanto ni el Partido Colorado y ni el Partido Independiente cuentan aún con un oficial de cumplimiento designado, por lo que recién están empezando a delinear una política de prevención de lavado. El Partido Nacional, y Partido de la Gente, no respondieron a la consulta.
Registro sujetos obligados
El decreto que reglamentó la ley de lavado de activos creó un registro obligatorio de sujetos obligados en el que escribanos, abogados que trabajen en la administración y creación de sociedades, casinos, empresas rematadoras, contadores, inmobiliarias, operadores de zonas francas y rematadores deben anotarse para no estar en infracción. Estos sujetos obligados tenían tiempo hasta este miércoles para regularizar su situación.
Según datos de la Secretaría Antilavado, un total de 12.544 sujetos obligados se anotaron en el registro obligatorio de los cuales 7.368 son escribanos. En cantidad de sujetos le sigue las inmobiliarias, que fueron 1.963, los operadores de Zona Franca (1.568) y los contadores (935).
