Opinión > EDITORIAL
Cortar de raíz
La existencia en Uruguay de 84 delincuentes reclutados por la poderosa organización delictiva brasilera Primer Comando de la Capital (PCC) obliga a prepararse para una lucha impostergable contra el crimen organizado. El PCC se formó en las cárceles de Brasil, como respuesta de los reclusos a la represión policial, el hacinamiento, las violaciones sistémicas de los derechos humanos y la ausencia absoluta de políticas públicas adecuadas para reinsertar a los delincuentes a la sociedad.
Lo que comenzó como un movimiento de protesta se transformó en una poderosa red criminal con tentáculos en el resto de América del Sur. El PCC cuenta con cerca de diez mil adeptos dentro de las propias cárceles en Brasil y más de cincuenta mil que operan fuera de ellas con chantajes, secuestros, robos, narcotráfico, ajustes de cuentas, asesinatos, trata de personas, amenazas y extorsiones a jueces, policías y jerarcas públicos.
A mediados de este año, la Policía brasilera informó a la uruguaya que el PCC intentaba expandirse a Uruguay, donde ya podría existir una estructura y que un uruguayo era el responsable ante la organización.
La fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero autorizó el inicio de una investigación que confirmó las sospechas y que ya se estaba produciendo tráfico de drogas desde Brasil y acciones delictivas en Uruguay.
El pasado lunes se dio inicio a la denominada Operación Magnesio, por la cual se realizaron diversos allanamientos y detenciones con las cuáles habrían logrado desarticular una célula en expansión que ya había cometido varios delitos.
El crecimiento del PCC en Brasil y de un grupo delictivo similar –el Comando Vermhelo– se explica ante el fracaso absoluto de las políticas carcelarias y la falta de alternativas para los delincuentes una vez liberados. Continuar en la vía del delito, pero apoyados por una organización ilegal representa la única válvula de escape para los presos y malhechores. Estas mafias latinoamericanas atemorizan y corrompen al resto de la sociedad poniendo en peligro la institucionalidad de las naciones.
La aparición en Uruguay de una célula de la poderosa organización criminal debe ser analizada con extrema seriedad. En lo que resta de este gobierno y en particular en el que viene, las señales para erradicar la presencia de este comando deben ser contundentes. Para ello no hay que seguir mirando para el costado sobre la situación lamentable de nuestro sistema carcelario que sigue siendo una bomba de tiempo. De no existir un cambio sustancial en el rumbo de la política carcelaria y de rehabilitación, el sistema penitenciario uruguayo es el caldo de cultivo ideal para que aniden y se expandan estas y otras organizaciones.
Abordar el tema de seguridad pública como prioridad nacional es un acierto y un reclamo de la ciudadanía. No incluir el tema de las condiciones de reclusión y qué hacer con los presos una vez que son liberados sería un error de consecuencias gravísimas. Evitar que así suceda dependerá de las prioridades del nuevo gobierno. Es de esperar que las próximas autoridades del ministerio del Interior hayan tomado nota de la aparición de esta célula del PCC en Uruguay y ya tengan previsto medidas concretas para aplicar a partir del 1° de marzo.
En este tema Uruguay tiene que actuar con decisión y rapidez y dejar de lado el ritmo lento que lo caracteriza. Aún hay tiempo, pero cada vez menos.
