Cuando “la justicia” premia al delito

Por un lado, el drama social. Pasa el tiempo, Uruguay vivió épocas de crecimiento económico inédito, avanzó el confort del hogar con tecnología, y miles de personas viven en condiciones inhumanas. Miles y miles de niños nacen y crecen en lugares sin baño, sin piso, hacinados, que se llueven, en los que no hay mínima protección del frío más duro y del calor más pesado, ni privacidad para las cuestiones más básicas. Durante décadas, el Estado ha ensayado modalidades diferentes, pero sin lograr una cobertura razonable para los más pobres.

Por otro lado, el fallo de una jueza, que implica la peor forma de pretender solucionar el problema: premiando al que comete un delito en desmedro del que espera paciente una solución que no llega nunca. La magistrada resolvió ante la presentación de una demanda, y el contenido de la sentencia es para análisis de expertos jurídicos, pero sin entrar en esa consideración, lo que resalta es la señal que emite, y las consecuencias que puede tener.
Veamos el caso.

– A fines de 2019 unas 300 personas ocuparon terrenos en el barrio Santa Catalina para armar viviendas ahí; unos son propiedad de la intendencia y otros de un privado.

– La ocupación generó atención de vecinos de la zona y de las autoridades, por la forma en que se produjo. Más tarde, la Fiscalía encontraría elementos que probaban accionar delictivo, más allá de la usurpación misma.

– La IMM estableció que la ocupación era en: 

a) un padrón estatal en el que existe la planta de pretratamiento de aguas servidas Punta Yeguas, y b) predios privados linderos y cercanos, sobre los que en una parte corre un caño colector de aguas servidas que llegan a la planta, en los cuales existe servidumbre de paso a favor de la IM.

– La IMM presentó denuncias penales por alteración del ordenamiento territorial y por hacer viviendas precarias encima de un colector subterráneo

– El otro propietario hizo denuncia penal por usurpación de esos terrenos y robo de energía

– La Fiscalía identificó una organización detrás de la ocupación, que no fue algo espontáneo de vecinos sin vivienda, y que se eligió la fecha durante la feria judicial, cuando la actividad de la Justicia es nula. Comprobó que había “organización importante” en el caso, que enseguida pusieron un nombre al asentamiento y que contaban “con un asesoramiento importante” y una forma pensada para distribuir los terrenos ocupados”.

– Los ocupantes pusieron carteles con estas leyendas: “La tierra se ocupa y se defiende”, “Ningún desalojo”, firmados por la organización Tierra y Libertad.

– Un abogado de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República asumió la defensa de los ocupantes, ante la justicia local y ante un organismo de Naciones Unidas, de protección de derechos Económicos, Sociales y Culturales.

– La intendencia puso a disposición un espacio de su cartera de tierras para desocupar el terreno en cuestión; la ocupación ha seguido.

– La investigación de la Fiscalía derivó en procesamiento de casi 40 personas por diversos delitos: usurpación de terrenos robo de energía y asociación para delinquir, pero el caso seguía abierto.

– La Fiscalía ofreció un acuerdo a los otros ocupantes, que en marzo fue aceptado en Juzgado Penal, para abandonar el predio ocupado, a cambio de no hacer proceso penal a esos ocupantes. La fecha establecida para dejar de concurrir al predio es el 4 de abril.

– La defensa de los ocupantes presentó demanda judicial contra el Estado uruguayo y el Ministerio de Vivienda, para que otorguen a una familia una vivienda digna. 

– La demanda indica que la familia en cuestión hizo la ocupación como consecuencia de contexto adverso: “como consecuencia de la crisis económica perdió el lugar que constituía su vivienda y ante la ausencia de oportunidades y respuestas estatales, ante la desesperación de quedar en la calle ocupó junto con otras, un terreno”.

– El abogado citó el caso de una familia a la que “el Ministerio de Vivienda otorgó subsidio de alquiler por 2 años” aunque estas personas “no cumplían con ninguno de los requisitos establecidos en los planes habitacionales de la cartera”, y que, por lo tanto, “no considerar la presente situación significa una flagrante violación al principio de igualdad”.

– La jueza rechazó los planteos presentados por el ministerio y dio sentencia favorable a los demandantes, en la que decidió “condenar al Estado, Poder Ejecutivo, Ministerio de Vivienda (…) a brindar en forma inmediata una solución habitacional a la parte actora, que respete los estándares de vivienda digna, con seguridad en la tenencia, en forma inmediata, en un plazo de 24 horas, bajo apercibimiento de imponerse las sanciones económicas …”.

– La magistrada argumentó que “los niños y niñas de autos se encuentran violentados en su derecho a la vida digna, a la integridad física y emocional, a vivir en una vivienda digna y a no ser discriminados por su situación económica, todos derechos reconocidos expresamente” en la Constitución.

– La jueza dijo que “el acceso a la Justicia no solo implica el acceso a los tribunales, sino que se refiere a la posibilidad que tienen los habitantes de un país, y en especial a los más desfavorecidos, para acceder a instituciones públicas y privadas para que estas protejan sus derechos y prevean soluciones a sus conflictos”.

Golpea fuerte la realidad de tantas familias que en Uruguay viven hacinadas, en una precariedad que indigna, y que esperan años por una solución que no llega.

También golpea fuerte que la resolución de una acción ilegal, y que atenta contra la salud de los propios ocupantes –como lo advirtió la IMM– termine con el premio de dar una casa, sin más trámite, pasando por encima de los que esperan en la soledad de su pobreza, pero en la dignidad de la decencia, que pese a sentirse marginados y olvidados, persisten en ser personas de bien.

Pasaron gobiernos de todos los colores e ideologías y no lograron encaminar solución al drama, y eso debería llamar la atención, para encontrar un camino efectivo y serio.

Ahora, si desde el propio Poder Judicial se emite la señal que para conseguir una vivienda hay que ocupar el terreno de otros, sea del Estado o privados, y luego reclamar vivienda digna e inmediata, el país está peor. 
Triste, todo.