¿Ocupación o estafa? La casa de lujo en Carmelo que iba a comprar un jerarca de la intendencia y que desató un lío judicial

Pero la exclusiva casa de varios dormitorios y construida en una sola planta es objeto de discordia desde hace meses y en las últimas semanas comenzó un correlato judicial. Esta vivienda es propiedad de una pareja argentina, Gabriela De Maio y Pablo Barletta, y está hipotecada. Desde el mes de febrero vive allí Martín Avelino, director de Planificación Territorial y Medio Ambiente de la Intendencia de Colonia. 

En lo único que se unen sus historias era en que hacía un tiempo venían negociando para que Avelino se hiciera de la casa. Pero difieren en los objetivos, la forma y los plazos.

Mientras que De Maio y Barletta sostienen que Avelino ocupó la vivienda —y por eso presentaron una demanda de desalojo—, el jerarca afirma que está siendo víctima de una estafa y que la pareja amenazó a su familia, por lo que presentó la correspondiente denuncia penal, reconstruyó El Observador. Ella señaló que pretendió hacer una denuncia policial porque él no se iba de la casa, pero que no quisieron tomarle la denuncia e incluso, según dijo, estuvo unas horas detenida.

Según el posible comprador, se trataba de un alquiler con opción a compra. De todos modos, en ningún momento se firmó un contrato. 

En un momento, incluso Avellino llegó a mandarle un boceto de contrato de arrendamiento —en el que no se menciona que la casa estaba hipotecada— y, según De Maio, en ese momento ella lo llamó y le dijo que la casa no estaba en alquiler.

Pero ellos, en su demanda por desalojo, dijeron que conocen a Avelino desde hace años y a principios de 2023 habían comenzado tratativas para venderle la casa. Buscaban cancelar una deuda dado que la vivienda estaba hipotecada y no podían seguir pagando. 

El 5 de febrero de este año le entregaron las llaves —siempre de acuerdo a la demanda de la pareja— para que pudiera verla, puesto que ellos vivían en Argentina. Señalaron que tenían intenciones de también venderles los muebles que había en ella. A su vez, adviertieron que se sorprendieron cuando se enteraron que Avelino ya estaba instalado allí y que decía que había arrendado la casa.

Sin embargo, en la contestación de la demanda Avelino adjunta un audio de Whatsapp, al que accedió El Observador, que le envió De Maio del 6 de febrero que contradice la versión contada en la demanda. 

“Sí, deposita esos 10, hacen la mudanza tranquilos, si total ya sabe y aviso a Nuber que les dé la llave, que ustedes van a estar ahí, van a empezar una mudanza y listo, ya, olvidate si hay confianza, yo para que esté la casa vacía, prefiero que estén ustedes”, dice el audio. 

A raíz de eso, entendió que estaba autorizado por ella a mudarse. Además, el relato del jerarca difiere en otro punto central: lo que negociaban era un alquiler con opción a compra y no una compra. 

En los mensajes relevados por El Observador, se menciona en reiteradas oportunidades la cuestión de un alquiler, pero las partes lo atribuyen a cuestiones distintas. Mientras que la pareja indica que se debía a una cuestión burocrática de traslado de la tarifa inteligente de UTE del lugar de donde Avelino era inquilino a la nueva propiedad y que no estaban nada afines a esa idea. 

Del mismo modo, consta en los mensajes que el 27 o 28 de febrero se iba a escriturar la casa, previniendo una compra. 

Sobre la discordancia respecto al punto de la mudanza, Barletta le envió un mensaje a Avelino el 27 de febrero: "Martin, yo te autorice el ingreso a mi casa para dejar unos muebles pero no a VIVIR EN ELLA, porque eras el comprador que ibas hacer el negocio con la oferta que presentaste al banco. Desde el momento que no fijaste fecha de escritura y tampoco presentarse escribano alguno. Fuiste desplazado por otra persona quien presentó ya escribano y puso fecha de escritura. Nunca concretaste con nosotros un arrendamiento, y yo no sabía que estabas viviendo en la casa. Por favor te pido que te vayas de mi casa". 

En un mensaje del 1° de marzo, De Maio le dijo que la esposa de él le pidió que le diera “unos días” para que se fueran de la casa. “Me gustaría saber cuántos. Siempre y cuando sea razonable lo que necesitan”, agregó.

“Gabriela, sino me devuelven el dinero que puse para el alquiler más los gastos… Voy a esperar la vía judicial. Devuelto el dinero se buscará otra finca para alquilar circunstancialmente”, le contestó Avelino.

A lo que De Maio respondió: “Nunca alquilaste la casa, solo ibas a comprar la casa y ese dinero era en concepto de los muebles que quedaron en la casa”.

Avelino le escribió que estaba reunido y que no podía hablar, que no lo llamaran hasta el otro día al mediodía, pero ella le insistió y le dijo que iría una persona a buscar las llaves. Él citó su mensaje que decía que no había alquilado la casa y escribió: “Gabriela, ¡basta de mentiras!”. A su vez, le advirtió que ya estaba todo judicializado.

¿Compra o alquiler?

El contrato de arrendamiento nunca firmado entre las partes —y el que la pareja afirma que nunca estuvo en consideración— estipula una suma de US$ 19.800 por dos años. Esto significaría unos US$ 825 de alquiler al mes.

Avelino pagó ese monto, a pesar de que no hay contrato firmado, en partes a través de una letra de cambio. De los mensajes se desprende la ansiedad de De Maio por cobrar, debido a una cuestión personal que debía resolver en Buenos Aires, y algunas dilaciones de Avelino, que luego fueron subsanadas. 

Esa transferencia, según el jerarca municipal, era el alquiler por adelantado. Para la pareja, era por los muebles que venían en la casa. En las conversaciones relevadas se menciona una mesa que el presunto inquilino iba a devolver y además consta un audio de Avelino preguntándole por dos muebles con los que le interesaría quedarse.

En paralelo a la conversación donde se mencionaba el alquiler, de la misma forma se mencionaba la escritura del 27 o 28 de febrero, la que se terminó frustrando y ambas partes se tiran la responsabilidad.

Avelino cree que, como la casa estaba embargada —cuestión que él le hizo notar a ella en un chat del 10 de febrero, en el que ella le comentó que no sabía nada al respecto— ella quería venderle la casa y trasladarle el embargo. Él le pedía que, con un crédito de ese mismo banco consiguiera dinero para levantar el embargo y después venderle la casa, dinero con el que podría pagar el crédito. Pero el apuro de ella por firmar, entiende Avelino, se debía a que quería venderla sin que todo eso sucediera.

Por su parte, la pareja sostiene que Avelino nunca llamó al banco para saber cuál era el estado de la casa y que lo que buscaba era dilatar el proceso y quedarse solamente con el alquiler para poder comprar la casa a un precio más barato cuando fuera a remate, ya que estaba hipotecada. 

Por eso, indican los argentinos, cuando notaron que él no tenía el dinero para pagar la casa y que solo buscaba dilaciones, decidieron dar de baja el negocio e intentar vendérselo a otra persona. También aseguran que si se hubiera vendido, el embargo se levantaba automáticamente. 

Se trataba de un embargo específico sobre la casa –de unos US$ 600 mil– y si no se vendía iba a ir a remate.

El jerarca, al contestar la demanda, indicó que lo que quiso esta pareja argentina fue estafarlo, queriendo obligarlo a que se hiciera responsable del embargo y la hipoteca. Para abonarlo, entre otras cosas, recuerda que De Maio estuvo indagada en Carmelo por estafa. Según información policial a la que accedió El Observador, estuvo indagada en una oportunidad en 2015 y otra en 2022, pero no se abrió una investigación judicial. 

Según consta en un oficio de la Jefatura de Colonia a la Justicia, cuando el 25 de mayo se los pretendió citar a raíz de la denuncia por amenazas que realizó Avelino, De Maio advirtió que estaban viviendo en Monterrey (México). Consultada al respecto por El Observador, la mujer explicó que esa semana estaba en Monterrey por una cuestión personal pero que no dijo que vivía ahí. 

Ahora, si todo continúa como hasta ahora, está previsto que la propiedad vaya a remate. Avelino vive allí junto a su familia y pretende demostrar, que aunque no existe ninguna documentación firmada, él es el legítimo inquilino de esa casa. Mientras tanto, la Justicia de Carmelo deberá definir si lo que hubo fue una ocupación ilegítima o una situación que podría indicar una estafa.