Y de inmediato Guernica se transformó en un símbolo de los problemas que atraviesa el país. Coincidentemente, en esa fecha se dio a conocer la última estadística de pobreza: un pavoroso 40,9 por ciento de pobres, de los cuales un 10 por ciento son indigentes –es decir, no logran comprar una canasta alimentaria diaria-.
La de Guernica no era la única ocupación pero era la más grande y notoria, y el temor del gobierno era que provocara un “efecto contagio”. Algo que, de hecho, estaba ocurriendo, porque hubo incidentes con tomas o intentos de ocupaciones en el conurbano y en otras 11 provincias.
AFP
La fisura entre el ala progresista y la “mano dura”
Y de inmediato quedó expuesta la disyuntiva a la que se enfrentaba el gobierno de Alberto Fernández. Por un lado, debía dar respuesta a una demanda social urgente: el país ya venía con un déficit habitacional estructural que se calcula en cuatro millones de viviendas, a lo cual se agregaba la pauperización repentina de sectores afectados por la cuarentena.
En su mayoría, los usurpadores de terrenos eran personas que ya no tenían ingresos siquiera para pagar un alquiler en las “villas miseria” –donde existe un negocio inmobiliario informal, el único al que acceden los indocumentados sin ingresos regulares-.
Por otra parte, había una presión de la clase media y de los empresarios para que no se dieran señales que pudieran interpretarse como una tolerancia a las violaciones de la propiedad privada. Sobre todo, cuando había una sospecha de que detrás de las invasiones masivas de terrenos había organizaciones mafiosas, con ramificaciones en la policía y las intendencias del conurbano, que maneja un negocio inmobiliario ilegal, consistente en lotear y revender terrenos.
Pero, además, desde el punto de vista político, había otra preocupación: en el imaginario social argentino, el peronismo es el partido que ofrece, como su principal activo político, la gobernabilidad y capacidad de contención social, aun en los momentos de crisis.
En otras palabras, el peronismo, gravias a su vasta red de punteros, garantiza “el control de la calle”. Y cuando el peronismo no pueda cumplir con esas premisas, lo que viene por delante es incierto.
Fue así que de inmediato se evidenciaron dentro de la coalición de gobierno dos sectores, uno que enfatizaba la visión de los ocupantes como víctimas de la crisis social, y otra que ponía como prioridad el cumplimiento de la ley.
Esto llevó al cuestionamiento público de figuras del gobierno. Por caso, hubo pedidos de renuncia para Sabina Frederic, la ministro de Seguridad –una representante del “ala blanda”-. Y también hubo críticas al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien aseguró que se desalojarían los terrenos.
Por ejemplo, la de Luis D’Elía, el histórico líder piquetero, polemizó en público con Kicillof y le recordó que son más de dos millones y medio de personas las que viven en “intrusiones ilegales”.
“El kirchnerismo no puede hablar de ‘intrusos ilegales’, eso déjelo para la derecha salvaje”, fue la frase de D’Elía, en respuesta a un tuit publicado por el gobernador, en el que se compromete a evitar nuevas tomas y, además, reclama “que la justicia haga su trabajo con quienes incentivan las ocupaciones y se abusan de las necesidades de la gente”.
Pero la discusión no se limitó a lo retórico: hubo funcionarios del gobierno, ligados a movimientos sociales, que formaron parte del apoyo logístico a las ocupaciones.
A lo largo de dos meses, Kicillof intentó resolver el tema con una mezcla de política y billetera. Por un lado, intentó comprar el terreno con fondos fiscales, algo que finalmente no prosperó. De manera que se hizo un censo y se pudo realojar a parte de los usurpadores en otras locaciones de la provincia.
Para que la oferta fuera más convincente, se adoptó la controvertida medida de subsidiar a los ocupantes con 50.000 pesos argentinos mensuales durante un semestre. Es una cifra que no es menor en la Argentina de hoy: equivale a 2,6 salarios mínimos y supera en 40% el ingreso promedi nacional.
Aun así, hubo un remanente de ocupantes que se negó a abandonar voluntariamente el predio, por lo que el gobierno debió enfrentarse con el momento que quería evitar: dar cumplimiento a la orden judicial de desalojo. Lo cual implicaba enviar uniformados a detener a mujeres con niños, y tirar abajo casillas con topadoras.
Al mando de Sergio Berni, el polémico ministro bonaerense de seguridad, unos 4.000 uniformados ingresaron en la madrugada al terreno, donde fueron recibidos con piedrazos. Respondieron con gases y balas de goma, mientras prendían fuego las casillas y hacían arrestos.
Las imágenes de la represión ocuparon el espacio central en medios y redes sociales, y generaron una dura polémica interna, con militantes y referentes kirchneristas de alto perfil que planteaban “no fue esto lo que votamos”. En paralelo, los partidos de izquierda de inmediato realizaron marchas en repudio de la “represión salvaje de la policía de Kicillof”.
Grabois y el síndrome del “Che Guevara palermitano”
Pero no se agotaba ahí la preocupación por las ocupaciones de terrenos. Porque, en paralelo, concitó gran interés político y mediático una “usurpación VIP” en Entre Ríos, la de la estancia de Luis Etchevehere, ex presidente de la Sociedad Rural y ex ministro de agricultura durante la gestión macrista.
Con el trasfondo de una pelea familiar por la herencia del campo, Dolores Etchevehere, hermana de Luis, ocupó el terreno alegando derechos sucesorios y se asoció con una de las figuras más polémicas del Gobierno: Juan Grabois, líder de un movimiento piquetero, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular.
Este abogado de 37 años, proveniente de una familia de clase alta, y que logró notoriedad por su cercanía con el Papa Francisco, se ha transformado en una de las personalidades más controvertidas de la política argentina. Forma parte de la coalición de gobierno, donde maneja la Secretaría de Integración Socio-Urbana, una de cuyas funciones es la urbanización de “villas miseria”.
Grabois participó en conflictos de alto perfil ligados al tema territorial, como el cuestionamiento por la privatización de lagos y bosques en la Patagonia, así como por el apoyo a las reivindicaciones de derechos ancestrales del movimiento mapuche.
Ahora, este dirigente aprovechó la pelea familiar de los Etchevehere para dar inicio al “Proyecto Artigas”, una iniciativa de agricultura “popular y ecológica”. En las semanas que duró la ocupación, y usando como símbolo la bandera artiguista, Grabois lideró a un grupo de jóvenes militantes cuyo desconocimiento del trabajo rural quedó inmediatamente en evidencia y que generó no pocas burlas en las redes sociales.
Pero entre empresarios y entre los propios funcionarios el tema no causó gracia. Más bien al contrario, se lo veía como un antecedente peligroso que pudiera derivar en un movimiento masivo de ocupaciones de terrenos privados.
Para el gobierno, determinado a recomponer relaciones con los empresarios del campo y en mostrar señales “market friendly” en plena negociación con el FMI, resultaba vital tomar distancia de Grabois y reafirmar su respeto a la propiedad privada.
Por coincidencia, el mismo día del desalojo en Guernica llegó la orden de la justicia entrerriana para desalojar la finca, que fue devuelta a la familia Etchevehere. “Hemos sufrido una derrota”, dijo Grabois, que ordenó a sus seguidores abandonar el campo sin resistencia, mientras Dolores, la hermana rebelde, era detenida por la policía. En las redes sociales proliferaron “memes” con la imagen de Grabois como un Che Guevara posmoderno del barrio de Palermo.
Alivio de Alberto e intento de equilibrio en la interna
El hecho generó alivio por la descompresión de una crisis en ascenso, pero dejó una señal preocupante sobre la dimensión de la pelea política en Argentina. Muchos comentaristas mediáticos se alarmaban por el hecho de que fuera necesario recordar el artículo 14 de la constitución que garantiza el derecho a la propiedad privada.
Mientras tanto, el presidente Alberto Fernández dio muestras de su difícil intento por mantener el equilibrio en la interna de la coalición. En sus primeras declaraciones tras la crisis, dijo que condenaba las usurpaciones pero que la idea de Grabois de impulsar iniciativas productivas en el campo “no es descabellada”.
Según el presidente, esa sería una forma de traer de vuelta al ámbito rural a gente que fue desplazada por cultivos como la soja, y ayudaría a descomprimir el hacinamiento de las grandes ciudades.
