Una economía estancada, con pérdida de empleo, déficit fiscal al alza, competitividad comprometida, entre otras complicaciones, no es el mejor escenario para que los candidatos que buscan acceder a la Presidencia sean generosos en promesas.
Incluso pueden ser motivos más que suficientes para no ser demasiado precisos y espantar votos al hablar de los planes que estarán obligados a implementar para poner las cuentas en orden si acceden al sillón de la Torre Ejecutiva.
En grandes líneas y para ser sintético, hay cuatro o cinco grandes temas económicos -algunos son capítulos insertos en un asunto más grande- que deberían ser abordados con la mayor transparencia posible por los postulantes a presidir el país.
En esta edición de Rincón y Misiones me propongo explicarte cuál es el estado de situación de los que considero son los mayores desafíos que deberá afrontar el próximo gobierno.
El déficit fiscal en el año móvil a junio fue de 4,8% del PIB, y fue superior incluso al que se alcanzó luego de la crisis financiera de 2002. Es incluso el más alto de este siglo para un año electoral.
Eso significa que hay unos US$ 2.900 millones de gasto anual del gobierno que no pueden ser cubiertos con los ingresos que se generan por la recaudación estatal y se deben financiar con endeudamiento. Se trata de un dato que resulta insostenible en el largo plazo si la economía se mantiene “planchada” o con bajas tasas de crecimiento, pero que puede ser tolerable y encausable si se cumplen algunas condiciones, como explica en esta nota del Blog Suma, Gonzalo Zunino. Lamentablemente, no es el escenario con mayores probabilidades de registrarse.
Es evidente que la situación de la deuda pública es mejor a la que se tenía luego de la crisis de 2002 cuando cada dólar que la economía producía en un año lo debía, pero los indicadores de deuda sobre PIB comenzaron a empeorar en el actual período de gobierno.
Como dato favorable, Uruguay cuenta con buenas condiciones financieras para acceder a crédito barato, pero es algo que puede cambiar si las calificadoras de riesgo ponen en duda el grado inversor del que hoy goza el país.
El próximo gobierno asumirá en marzo con un presupuesto ya definido en enero y que no podrá alterar. Por lo tanto, bajar el gasto por la vía de los recortes no es una opción. La reforma de la seguridad social es un gran capítulo dentro de la situación general, pero justifica un análisis mucho más profundo.
Un camino es buscar una forma rápida de reactivar la economía con reformas de fondo, como propone Ignacio Munyo.
Pero a nivel privado hay una casi uniformidad entre economistas de que el próximo gobierno deberá hacer un ajuste fiscal en lo inmediato.
En criollo, la única forma de engordar la caja del Estado en una economía que no crece es aumentando impuestos.
Pero claro, estamos en año electoral y es poco probable que quién te está pidiendo el voto al mismo tiempo te diga que te va a tocar el bolsillo.
Empleo
El empleo fue definido por el ministro de Economía, Danilo Astori, como el “principal problema económico” que tiene el país.
Y no es para menos. Entre 2014 y 2018 se perdieron 46.000 puestos de trabajo, en una economía que al cierre del último año contaba con una población ocupada de 1,6 millones de trabajadores.
Ademas, la situación no mejoró en lo que va de este año. Todo lo contrario.
Al cierre de la primera mitad del año la economía local había destruido 16.000 puestos de trabajo en la comparación interanual. Si se toma como referencia el último pico de empleo, en los últimos cinco años desaparecieron 58.000 empleos.
La desocupación en el trimestre móvil a junio fue de 8,9%, y la tasa de empleo alcanzó a 56,2%, el valor más bajo desde 2007.
Y con una economía que hace tres trimestres que no crece, las perspectivas no son las mejores. El inicio de las obras del Ferrocarril Central y las tareas asociadas a la nueva planta de UPM anticipan ser un bálsamo, pero con un impacto sectorial concentrado en la construcción y las áreas afines, una actividad que perdió 21.000 empleos desde 2015.
Competitividad
La competitividad de la economía es una de las variables más difíciles de explicar porque depende de la evolución de varios factores internos y de la forma en cómo ese combo se relaciona con los mercados destino de los bienes y servicios, y frente a los competidores.
En buen romance y para no marearte, es lo que determina si el país está caro o barato para nuestros clientes.
Y hoy, Uruguay está caro.
Como explica el columnista de El Observador Federico Comesaña, la competitividad tiene que analizarse desde tres ángulos: los salarios, los impuestos y tarifas y el tipo de cambio.
Son, básicamente, los costos de producción locales medidos en la variable de comercio mundial, que es el dólar.
Si se optara por pagar salarios más altos que en otros países que producen lo mismo que nosotros no sería demasiado problema si ese efecto sobre los costos se viera compensado con un Estado reducido y un tipo de cambio competitivo, pero el problema es que en los últimos 10 años las tres patas se encarecieron para las empresas uruguayas.
Además, los precios de los combustibles son los más caros de la región, y los de la energía eléctrica industrial están entre los más onerosos.
Inserción internacional
Uruguay exportó en 2018 cerca de US$ 9.000 millones en bienes, a los que se suman otros US$ 5.000 millones en servicios, mayormente turismo y transporte aunque con una presencia creciente de los considerados no tradicionales (más de US$ 2.100 millones el año pasado). El crecimiento de las exportaciones ha sido sostenido en los últimos años y se logró diversificar en destinos, pero las ventas de bienes han tendido a la primarización y, descontando la región, Uruguay no tiene acceso preferencial en casi ningún mercado de relevancia.
Por fuera del ámbito del Mercosur y de los socios de Aladi, existen tratados comerciales vigentes negociados con el bloque regional o de forma bilateralcon Egipto, Israel, Palestina, México y los países del sur de África, además de un tratado de alcance limitado con India.
El primer gran hito en inserción internacional fue el alcanzado este año con el fin de la negociación -que aun está pendiente de firma- del demorado pacto entre el Mercosur y la Unión Europea.
Pero ni con China -el mayor socio comercial de Uruguay-, ni con Estados Unidos, ni con países relevantes para bienes uruguayos como Japón o Corea del Sur, existe un tratado que le permita ingresar sin pagar aranceles.
China, por ejemplo, aplica impuestos de importación a los productos uruguayos que van desde el 3% en la soja hasta 38% en la lana. La carne bovina, el principal producto de exportación a ese mercado, ingresa con un arancel de 12%, de acuerdo a este informe de la Universidad Católica.
Pero si pagar aranceles ya es lo suficientemente malo por lo que encarece los productos uruguayos en el mercado de destino -se pagan más de US$ 300 millones al año por ese concepto-, la situación empeora si se tiene en cuenta que los principales competidores de los bienes uruguayos -Australia, Nueva Zelanda, Chile, entre otros-, sí tienen tratados de libre comercio con la mayoría de los países asiáticos, entre ellos China.
En ese sentido, un factor clave en una visión de futuro es definir cuáles son los sectores que desde el Estado se deberían incentivar para orientar los esfuerzos de inserción hacia allí, opina el experto Ignacio Bartesaghi.
Hasta aquí un breve estado de situación de los temas económicos que se meten -o deberían estar- en el centro del discurso político.
En última instancia, la economía es la que casi siempre termina definiendo elecciones.
