Deber ético, acierto estratégico

En América Latina, el porcentaje de hogares con niños menores de 15 años que sufren inseguridad alimentaria severa o moderada, según indicadores de FAO, es el 29%. En Uruguay, antes de la pandemia este índice se situaba en el 23%. Los efectos económicos que dejará a su paso el covid-19 representan una terrible amenaza. El hambre y la pobreza son sus soldados en la retaguardia. Toca combatirlos sin tregua. 

Casi un 20% de los niños en Reino Unido son beneficiarios del esquema de comidas escolares libres de pago. Estas son las cifras de una de las economías más potentes del planeta, con una renta per cápita que permite, en media, uno de los poderes adquisitivos más altos. El problema no parece radicar en su capacidad para generar y acumular riqueza en su conjunto. El desafío radica en cómo integrar más y mejor a un mayor número de ciudadanos al bienestar de esta sociedad.

Un niño que sufra hambre es un individuo marcado de por vida. No parece existir demasiado debate en la sociedad británica en cuanto a la imperiosa necesidad de afrontar colectivamente este problema. Los recursos están. Los programas de comidas escolares representan un costo de 1.040 millones anuales de libras. Es decir, implica destinar el 0,05% de la riqueza generada en un año para asegurar que se cubran las necesidades alimenticias de un porcentaje de niños que, abandonados a merced del libre funcionamiento de las leyes de mercado, quedarían desprotegidos. 

Aunque pueda ser percibido como una paradoja, un funcionamiento óptimo del libre mercado requiere de la implementación de ciertas políticas públicas. Velar por un desarrollo saludable de los menores es un excelente ejemplo de ello.

Los programas de alimentación para los niños y jóvenes más carenciados tienen un impacto positivo demostrado en la salud de estos niños (por ejemplo, se reducen las tasas de obesidad) y en su rendimiento académico. Una alimentación balanceada, saludable, variada y –por supuesto– sabrosa es un importante pilar para formarnos integralmente. Es asegurar las condiciones para que, junto con otros aspectos básicos como el cuidado de la educación, de la salud y del bienestar general de estos menores, se posibilite una mejor inserción en la sociedad que la de sus padres.

Articular los mecanismos adecuados para que estos programas tengan el mejor de los impactos no es tarea fácil. Es conveniente que sean políticas de Estado consensuadas y estables. Que no sean patrimonio de partidos políticos factibles de utilizarse como moneda de cambio por votos. Asimismo, los contralores para que –sea en forma de vales o de mercancías– tengan la mejor de las calidades, no pueden fallar.

Produjo una enorme indignación pública los lotes que entregaba una de las empresas, muy por debajo del estándar esperado y sobre todo absolutamente insuficiente teniendo en cuenta la difícil coyuntura de estos meses.

Facilitar el desarrollo de una serie de capacidades es imprescindible para la formación de los nuevos ciudadanos. Nuestras sociedades necesitarán cada vez más de individuos críticos, creativos y con una sólida formación para afrontar los desafíos que les aguardan. Ellos son los recursos humanos del mañana, el factor que adquirirá como nunca antes en la historia un rol protagónico en nuestros sistemas productivos.

Son quienes velarán por la profundización de las democracias en nuestras comunidades. Son quienes instrumentarán una mejor relación de nuestra especie con su entorno. Demos a todos ellos las armas necesarias para afrontar estos enormes retos. 

Como dice Rashford, los niños no son responsables de sus circunstancias. Como sociedad no deberíamos eludir nuestro compromiso para con ellos. No solo sería el incumplimiento de un deber ético. Sería además un enorme error estratégico.