Decíamos ayer

Este año el tema volvió a la palestra por la controversia sobre conveniencia y costo del Antel Arena, tema que, más allá de las investigaciones que pueda realizar la justicia, distrae sobre los complejos desafíos que enfrenta el ente de las telecomunicaciones ante el cambio tecnológico que enfrenta la industria.

También se ha agregado la polémica por el precio de los combustibles que importa o refina ANCAP. La decisión que se estableció en la LUC de ajustar el precio mensualmente en función de la variación de la paridad de precios de importación genera una gran inquietud, no solo por las fuertes variaciones del precio del crudo, sino porque se han hecho muy explícitos los diversos subsidios y costos de otras actividades del ente estatal que se costean con lo que el consumidor paga al llegar al surtidor. Y, por último, como caído del cielo, está el hecho de que UTE ha batido el récord de exportaciones de energía para abastecer a Brasil que sufre una gran sequia. Esta ganancia inesperada ha permitido mantener sin ajustes el precio de los combustibles durante los últimos tres meses.

Sea por una razón o sea por otra, la gobernanza de las empresas públicas, sus privilegios, su forma de competir o de aprovechar los monopolios naturales o legales de que gozan, está en la palestra. Y ello no es una cuestión teórica que afecte solo a los gobernantes sino también práctica que afecta la vida cotidiana de la población y la competitividad de nuestro sector productivo.

Por ello es un tema sumamente importante, cuyo abordaje en profundidad no resiste más demoras. No se puede seguir escondiendo la cabeza en el suelo como hace el avestruz porque está en juego el bienestar ciudadano y la capacidad productiva del país.

El tema no es nuevo. Las ideas están. Un amplio grupo de expertos multipartidario hizo propuestas concretas en diciembre de 2019 sobre modo de fijar tarifas, designación de los directores y unidades regulatorias. Solo parece faltar la decisión política de ir a fondo en esas reformas. 

Es llamativo, por ejemplo, que en un debate de los cuatro principales candidatos presidenciales para las elecciones de 2014 (Tabaré Vázquez, Luis Lacalle Pou, Pedro Bordaberry y Pablo Mieres), hubo una coincidencia clara de la necesidad de llevar adelante reformas. Los candidatos de los partidos tradicionales y del Partido Independiente hicieron propuestas concretas. El Dr. Vázquez estuvo de acuerdo con muchas de ellas y dijo: "Estoy de acuerdo con lo que se ha planteado de empresas públicas. Si quieren ahora mismo firmamos un documento en la dirección que se ha establecido. Creo que hay que crear un holding. Sí, firmamos ya. Tienen que trabajar juntas (las empresas)". Con todo, no se sabe bien con cuales de las propuestas estaba de acuerdo el presidenciable frenteamplista dado que los otros candidatos propusieron desde desmonopolizar Ancap y hacerla competir, prohibir la publicidad oficial en algunas de ellas, permitir la importación de combustible, hasta profesionalizar la carrera de los directores, prohibiéndoles que sigan en la política. Pero si estuvo de acuerdo con el espíritu general de la reforma.

Pasaron las elecciones de 2014. Pasaron las de 2019 y es nulo el avance salvo en lo que concierne a la fijación de las tarifas de los combustibles, medida aprobada en la LUC y que corre el riesgo de  ser derogada y que además el gobierno no aplica a rajatabla en un momento de grandes fluctuaciones del precio del petróleo. No hay cambios en la designación de los directorios ni en el funcionamiento de las unidades reguladoras. Y nada de lo que se propuso en 2014 se pudo llevar a cabo salvo el tema tarifas de ANCAP.

Seguramente el tema de la reforma vuelva a la palestra pública para las próximas elecciones. Pero lo que se observa es que, salvo la desmonopolización de la generación de energía, que ha sido muy favorable para UTE y para el país, no hay cambios significativos. Obviamente cualquier cambio, por mínimo que sea, generará una fuerte resistencia de los gremios estatales, que son los que hicieron fuerza para lanzar el referéndum contra la LUC. Y quizá por ello desde el sistema político hay pocos deseos de implementar reformas que están en la tapa del libro pero que afectan privilegios y mueven el statu quo y reducen la discrecionalidad en el manejo de las empresas. 

Ya que es pacíficamente aceptado que las empresas públicas  deben seguir en el paisaje empresarial uruguayo, al menos hagámoslas más eficientes y competitivas. Es lo mínimo que se puede pedir, máxime cuando hay consenso político de la necesidad de la reforma.