Decreto del gobierno otorga mayor protagonismo al cargo reservado de Toma

El último cambio tuvo lugar el pasado 6 de mayo, cuando el gobierno dispuso que se deberá recabar “preceptivamente” la opinión del fiscal de Gobierno de turno en todo “recurso jerárquico interpuesto contra resoluciones dictadas por órganos desconcentrados del Poder Ejecutivo”. El decreto 129/019, firmado por el Consejo de Ministros, indica que el fiscal dispondrá de un plazo de 20 días, prorrogable a diez más, para expedirse. Hasta ahora las fiscalías podían expedirse solo si el Poder Ejecutivo entendía “indispensable” su “asesoramiento técnico”.

El cambio en la normativa va en la misma línea que el decreto 255 del año 2016, que con una redacción casi idéntica establecía que el fiscal debía “ser oído” preceptivamente en todo “recurso de anulación” dictado contra los servicios descentralizados.

Según el abogado especializado en derecho administrativo Miguel Pezzutti, ambas medidas suponen “un incremento en los poderes jurídicos de la Fiscalía de Gobierno”, ya que “si bien sus dictámenes no obligan al Poder Ejecutivo”, sí implican “conocer y controlar aspectos de la gestión que antes no estaban incluidos en su competencia, aumentando de este modo el control que la Presidencia de la República puede tener sobre la gestión" de los distintos órganos. 

“No es una medida necesariamente criticable; como la mayoría de las reglas de procedimiento, dependen de cómo se las aplica y con qué finalidad. Podrá significar una mayor revisión técnica de las decisiones, lo cual sería un escenario auspicioso. Pero si lo técnico cede ante lo político puede significar una oportunidad perdida”, argumentó el abogado. En efecto, tanto en el oficialismo como en la oposición hay quienes ven detrás de las modificaciones una decisión política de asignarle mayores potestades a la Presidencia de la República y asegurar la incidencia de Toma, de 67 años, en los asuntos del Estado una vez que deje la Secretaría. 

Pezzutti señaló a El Observador que los fundamentos aducidos por el Ejecutivo "son puramente de conveniencia" y que "no es posible saber", a partir del decreto, "qué entiende el gobierno que estaba mal antes y por qué es más conveniente que intervenga la Fiscalía de Gobierno". El experto destacó que "tanto los ministerios como la Presidencia de la República ya cuentan con asesorías letradas propias".

Un cargo polémico

El del fiscal de gobierno es un puesto peculiar. Para empezar, es designado directamente por el presidente de la República y no requiere venia, pero a su vez es un cargo presupuestado. En otras palabras, los dos fiscales de gobierno son seleccionados por un mandatario pero no son cargos de confianza, por lo cual siguen en el mismo puesto hasta cumplir 70 años, siempre y cuando no renuncien. “No es como el fiscal de corte que dura diez años. En este puesto uno está hasta que cumple 70 años. Por ejemplo, si es nombrado a los 40 tiene 30 años para trabajar”, explicó Daniel Borrelli, quien tiene en reserva el cargo de fiscal de Gobierno de primer turno mientras se desempeña como vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). 

El trabajo de ese organismo está regulado por el decreto 106 del año 1979, que define a los fiscales de Gobierno como “un cuerpo técnico-administrativo jerarquizado” dentro del Poder Ejecutivo, con autonomía técnica. “Su principal función es asesorar técnicamente al Poder Ejecutivo o a los órganos que de acuerdo a la normativa vigente pueden solicitar su opinión. Que sean designados directamente por el Poder Ejecutivo y sin que se requiera de venia del Senado demuestra la extrema confianza técnica y política que reviste su figura", dijo Pezzutti.

Toma fue designado fiscal de Gobierno el 1° de febrero de 2010, un mes antes de que Vázquez le pasara la banda presidencial a José Mujica. En la resolución del presidente se destaca que "reúne las condiciones necesarias para ocupar dicho cargo y posee amplia experiencia en materia de Derecho Público y Administrativo".

Si bien las opiniones de los fiscales de Gobierno no son vinculantes, tanto la administración Vázquez como la de Mujica se han remitido a sus dictámenes para defender actos administrativos cuestionados por otros organismos. El caso más sonado es el de la condonación por parte de Presidencia de la deuda que mantenía el contratista Francisco "Paco" Casal con la Dirección General Impositiva (DGI). En 2013 Mujica absolvió a Casal de pagar US$ 10 millones, basándose en un informe de la Fiscalía de Gobierno de Segundo Turno que iba en dirección contraria a la opinión del Ministerio de Economía y dos fallos de la Justicia Civil. 

Otro caso en el que cobró protagonismo la Fiscalía de Gobierno tuvo lugar en el actual gobierno de Vázquez, a raíz de la compra del avión presidencial. Luego de que el Tribunal de Cuentas observara –en reiteradas ocasiones– el procedimiento, el Ejecutivo pidió la opinión de la Fiscalía de Gobierno, que entendió que no había reparos en la compra. Posteriormente, con un cambio en su integración que resultó decisivo, el TCR dio el visto bueno al procedimiento y utilizó el dictamen de la fiscal como uno de los fundamentos.