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Miguel Ángel Toma será suspendido del ejercicio de su cargo como fiscal de gobierno durante seis meses
El Poder Ejecutivo terminó el proceso de sumario al exsecretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, y resolvió aplicar la máxima sanción para un funcionario público que cometió una “falta grave”.
Según informó El País y confirmó El Observador, la investigación del Ejecutivo concluyó que el exsecretario de la Presidencia de Tabaré Vázquez (2015-2020) incurrió en una serie de irregularidades en misiones oficiales a Roma (Italia) y Washington (Estados Unidos) en 2019 y 2020, dado que para el actual Estado no habría podido justificar su conducta ni la elección de sus acompañantes.
El 18 de setiembre de 2020, el presidente Luis Lacalle Pou dispuso el inicio de la investigación administrativa ante la divulgación en la prensa de imágenes que mostraban a Toma en Roma (Italia), en compañía de una contadora en un partido de fútbol de la Roma. Esa investigación, a cargo del instructor Ariel Sánchez, determinó que Toma incurrió en "inconsistencias" e "irregularidades" en sus explicaciones y que entre otras cosas no pudo acreditar por qué Giuliana Pérez, contadora de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) viajó en las delegaciones enviadas a Italia y Estados Unidos.
Ahora, al finalizar el sumario, el presidente de la República resolvió suspender a Toma en el ejercicio de su cargo como fiscal de gobierno durante seis meses, sin percibir haberes. Se descontará el tiempo y el dinero que se le retuvo durante los meses en que fue suspendido de sus funciones en forma preventiva durante la realización del sumario, según informó el medio de prensa.
Las razones de la sanción
La investigación concluyó que su actuación como fiscal de gobierno, y previamente como un funcionario de confianza política, debía tener una “alta exigencia técnica y ética”, informó El País.
El exjerarca frenteamplista argumentó buenos resultados obtenidos en su tarea como secretario de la Presidencia, en relación a la “efectividad” que logró en los juicios internacionales, a los que acudió en el marco de las investigaciones por el Plan Cóndor y Aratirí. Razones que, se entendió, no tienen relación con las "irregularidades" que se investigaron.
"El pecado que no me perdonan es haber defendido a Uruguay como lo hice, ganando todos los arbitrajes. Pero les duele muy especialmente mi desempeño en Aratiri y en el Plan Cóndor. Ojalá que Uruguay siga el camino de no dejarse amedrentar con amenazas de juicios arbitrales", dijo Toma en el mes de marzo en una entrevista en Radio Sarandí.
Según lo que se desprende del proceso sumarial el exjerarca tuvo una “conducta que comprometió la imagen institucional del país, no solo por el notorio estado público que tomaron los hechos irregulares, sino también por la jerarquía del cargo que ocupaba él, en el momento de la falta”.
De acuerdo a la información que publicó el medio, otro punto clave en el proceso de sumario fue que Toma no habría cumplido con los procedimientos de fundamentación del viaje, ni presentó las notas de dichas misiones donde debía argumentar el motivo por el cual viajó cada participante de la misión oficial.
El Ejecutivo argumentó la sanción en base a la ley 19.823, donde se establecen las “buenas prácticas de actuación en la función pública”, y señala que cualquier funcionario público debería actuar con aptitud “técnica y ética”, “siéndolo y pareciéndolo” de forma “íntegra, recta y honesta”.
El Ejecutivo entendió que la conducta del exsecretario de Presidencia fue “contraria a la probidad, legalidad, y obediencia” que debería tener todo funcionario público, aunque resalta que al tratarse de un funcionario de su jerarquía es “aún más reprochable”. Y, según consta en el texto de la investigación, se remarcó que un cargo de esa jerarquía debería desempeñarse de manera “transparente e imparcial”, con “buena fue, probidad, eficacia, eficiencia, responsabilidad, profesionalidad y ética”. “El funcionario existe para la función y no la función para el funcionario debiendo servir con imparcialidad al interés general”, indica.
