Del "paquetito" de Mujica a la declaración de Alfie: las claves para entender el juicio de Aratirí contra Uruguay

El "paquetito" de Mujica

El emprendimiento en la zona de Valentines (límite entre Treinta y Tres y Florida), unido al puerto de aguas profundas por donde se iba a sacar el hierro extraído, y la renovación de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) eran parte de los “paquetitos atados” que Mujica le dejó al gobierno de Tabaré Vázquez como él mismo expresó para referirse a proyectos que, según él, estaban encaminados en su período de gobierno.

¿Por qué no prosperó el proyecto?

La firma de origen indio presentó su proyecto en 2011 con el objetivo de instalar la mina para extraer en promedio unas 18 millones de toneladas de hierro anuales durante 30 años. Sin embargo, luego de varias negociaciones con la empresa y una caída importante del precio del hierro a nivel mundial, el gobierno de Mujica descartó firmar el contrato. Entre otras cosas, Aratirí nunca logró que la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) le otorgara la habilitación ambiental. Sin la minera el puerto de aguas profundas proyectado por el gobierno de Mujica carecía de sentido.

El factor de la ley de minería, aprobada durante la gestión Mujica 

La Ley de Minería de Gran Porte se aprobó en setiembre de 2013 con los votos del Frente Amplio aunque en su elaboración trabajó una comisión multipartidaria durante cuatro meses. La norma estableció un régimen tributario especial para los proyectos que superaran las 400 hectáreas de área de intervención directa de explotación de minerales metálicos. Además, determinó que las inversiones realizadas por actividades mineras no pudieran ser objeto de regímenes promocionales que habilitaran exoneraciones del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), y creó una tasa adicional progresiva de este impuesto, así como un canon de producción y un adicional al canon para los proyectos con una cláusula de estabilidad tributaria. También fijó un plazo de 360 días para firmar un acuerdo con el Poder Ejecutivo luego de que recibe la calificación de minería de gran porte. La ley también prevé una prórroga de 90 días, que para este caso se terminó a finales de febrero de 2015. Esos plazos se vencieron sin que el gobierno aprobara el proyecto.
La empresa alegó a mediados de 2016 que abandonaba el proyecto debido a los topes que fijó la ley, además de sucesivos cambios para la localización de la que sería su terminal portuaria en Rocha.

¿Qué alegó la empresa en la demanda?

La demanda presentada por los inversores del proyecto Ritika Mehta, Vinita Agarwal y Prenay Agarwal ante la Comisión de Arbitraje Permanente de La Haya da cuenta del presunto incumplimiento del tratado para la Protección y Promoción de Inversiones entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Oriental del Uruguay. En un comunicado la minera alegó que la empresa y sus subsidiarias "contaban con varios permisos de prospección y exploración, que les otorgaban un derecho exclusivo a obtener la concesión de explotación del Proyecto Valentines" pero el gobierno "implementó cambios a las reglas de juego afectando específicamente el proyecto, y de forma retroactiva".

La respuesta de Uruguay

Desde el Ministerio de Industria se declaró entonces que "el Estado uruguayo ha sido contemplativo con Aratirí, y no se pudo avanzar en un contrato porque la empresa nunca presentó las garantías financieras que la ley minera exige. Dentro de esas garantías la empresa tenía que mostrar que era solvente, lo que nunca ocurrió. Los omisos fueron ellos", enfatizó la cartera representada en ese momento por Roberto Kreimerman. Alegó que Aratirí tardó en presentar los estudios medioambientales del impacto de la minera, algo que también fue criticado por el gobierno. El Consejo de Ministros decidió clasificar como confidencial "toda la información intercambiada o presentada en el procedimiento arbitral", de Aratirí contra Uruguay. Para ello, el gobierno se ampara en el Reglamento de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Todos los detalles del litigio son reservados.

¿Por qué el juicio se tramita en Washington?

Si bien el caso fue presentado ante la Corte Peramente de Arbitraje con sede en La Haya, las audiencias o reuniones pueden realizarse en las ciudades de los países que hayan firmado acuerdos con ese organismo, lo cual explica que la cita en esta oportunidad sea en Washington, explicó a El Observador Magdalena Bas Vizzilio, profesora adjunta (grado 3) de derecho Internacional Público de la Universidad de la República e investigadora del SNII. Los árbitros son: Andrés Rigo Sureda (español) es el presidente, Pierre Mayer (francés) elegido por el demandado (Uruguay) y O.T. Johnson elegido por la demandante

El artículo 18 del Reglamento de Arbitraje establece que cuando las partes no hayan acordado previamente el lugar del arbitraje, dicho lugar será determinado por el tribunal arbitral habida cuenta de las circunstancias del caso. El laudo se tendrá por dictado en el lugar del arbitraje.

La defensa de Uruguay está a cargo del estudio estadounidense Foley Koag, el mismo que ganó el juicio contra la tabacalera Philip Morris. Mientras que a Aratiri lo representa el bufete estadounidense King & Spalding.

¿Qué ha dicho el actual gobierno sobre el trámite del juicio?

El secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, dijo el 16 de diciembre: “Hay juicios pendientes en el exterior. Lo verdaderamente relevante es el pronóstico del resultado de esos juicios en función de la estrategia que Uruguay lleva a cabo cuando tiene que responder”. Sobre Aratirí afirmó que el Estado “presentó una sólida defensa y el pronóstico que hemos anunciado es que Uruguay va a salir gananciosa en esa instancia. Vamos a transmitir cómo es la lógica de la defensa de los juicios y cuál es la lógica que ha permitido a esta administración salir gananciosa en todos los juicios. Esto es lo más importante y como contribución propia de esta administración”. “Lo importante es saber qué pasa ahora, en estos 15 años todos los juicios iniciados contra el Estado, el Estado salió ganancioso”, aseguró.

¿En qué instancia se encuentra el juicio actualmente?

Las partes presentaron sus descargos en 2019 y esta semana se están realizando las audiencias finales en las que declaran los testigos y los expertos propuestos por ambas partes. En febrero, se realizará otra ronda de audiencias. La delegación uruguaya que declara esta semana en las audiencia que se celebrarán en Washington está integrada por representantes de Presidencia de la República, y los ministerios de Transporte y Obras Públicas; Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; el Ministerio de Industria, Energía y Minería. También hay funcionarios de la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

¿Por qué Isaac Alfie forma parte de los que declararán?

El futuro director de la OPP dijo a El Observador que concurrió a Washington “a requerimiento del Estado uruguayo” para explicar cuál es el alcance de una “asesoría técnico profesional (que realizó) para un estudio jurídico contratado por la empresa Aratirí”.El gobierno entrante informó que Alfie comunicado a Luis Lacalle Pou el motivo de su viaje y planteó que por medio de un comunicado que “ni el informe ni la presencia de Alfie como experto ante el tribunal arbitral se expiden sobre el fondo de la controversia. Alfie dijo este lunes en Informativo Carve que el tema “se está usando políticamente”. “Decir que soy parte (del caso) es absolutamente falso”, afirmó. “Mi tarea terminó con el informe”, aseguró el futuro responsable de la OPP quien explicó que elaboró un texto “descriptivo”. "He hecho un centenar de informes técnicos para diversas empresas e instituciones", añadió.

¿Cuándo se conocerá el fallo?

En base a la experiencia de otros arbitrajes, luego de las audiencias finales pasan al menos seis meses antes de que el tribunal se expida y redacte la sentencia final.