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Alfie dijo que declarará en juicio contra Aratirí a pedido de Uruguay

El director designado de la OPP llegó a Washington el 24 de enero y dijo que su comparecencia como experto es obligatoria 

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27 de enero de 2020 a las 05:00

El economista Isaac Alfie, designado como futuro director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), aseguró este domingo que concurrió a Washington “a requerimiento del Estado uruguayo” para participar en la audiencia final del juicio contra Aratirí. 

La minera demandó al Estado Uruguayo en julio de 2018 por US$  3.536 millones, según declaró en agosto de ese año el presidente Tabaré Vázquez en una entrevista con Radio Sarandí. En setiembre de 2018 el gobierno declaró confidencial el caso, por lo que los detalles del litigio son reservados. 

Alfie afirmó en un tuit publicado este domingo que llegó a la ciudad estadounidense el viernes 24 de enero y que su presencia está relacionada con un informe que elaboró a pedido de un estudio jurídico contratado por la minera. 

El sábado, cuando se dio a conocer la presencia de Alfie en Washington, el economista publicó un comunicado en el que explicó que en abril de 2019 fue contratado “en carácter de experto” para redactar un “informe técnico” sobre “la historia y funcionamiento de los regímenes de promoción de inversiones en Uruguay, a partir de 1974”. 

Alfie agregó en el escrito que el informe que redactó “no trata ni se expide sobre el fondo ni sustancia del caso”. “Es decir, ni sobre la existencia de una eventual violación al Tratado de Protección de Inversiones entre Uruguay y el Reino Unido, ni sobre la existencia o monto de eventuales daños”, resaltó. 

En diálogo con El Observador el futuro director de la OPP dijo que está a la espera de ser citado, ya que primero declararán los testigos y él, en calidad de “experto”, quedará para el final. Desde que llegó, según dijo, no ha tenido contacto con ninguna de las partes del caso. 

Consultado sobre si su presencia era obligatoria, el economista respondió que sí y ante la pregunta de por qué su informe era relevante para este caso, el director designado de la OPP se excusó de hacer “valoraciones”, dado que rige un acuerdo de confidencialidad para este litigio. 

“Una cosa es testigo, que es de parte, pero otra cosa es experto”, explicó Alfie, quien además agregó que esa figura es “independiente” y “no tiene relación con las partes”. “Al experto le corresponde asesorar al tribunal”, señaló e insistió que no es “actor contra el Estado”.

El caso

La demanda fue presentada por Ritika Mehta, Vinita Agarwal y Prenay Agarwal –inversores del proyecto– ante la Comisión de Arbitraje Permanente de La Haya. 

No fue presentada directamente por la empresa Aratirí (que pertenece a un grupo económico indio, Zamín Ferrous) y, por eso, la demanda refiere a un presunto incumplimiento del tratado para la Protección y Promoción de Inversiones entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Oriental del Uruguay. 

La india Aratirí presentó un proyecto en 2011 –bajo el gobierno de José Mujica– con el objetivo de instalar una mina en Valentines para extraer hierro. Sin embargo, la aprobación de una ley de minería fue interpretada por la firma como un cambio en las reglas de juego. 

¿Por qué viajó?

Si bien el caso fue presentado ante la Comisión de Arbitraje Peramente con sede en La Haya, las audiencias o reuniones pueden realizarse en las ciudades de los países que hayan firmado acuerdos con ese organismo, lo cual explica que la cita en esta oportunidad sea en Washington, explicó a El Observador Magdalena Bas Vizzilio, profesora adjunta (grado 3) de derecho Internacional Público de la Universidad de la República e investigadora del SNII. 

La académica también señaló que la comparecencia de un experto puede ser obligatoria según las reglas acordadas para el arbitraje o el contrato que haya establecido la persona con una de las partes. Como sobre el litigio hay una cláusula de confidenciallidad, se desconoce bajo qué términos se desarrolla. En los últimos casos de este tipo, como el juicio contra la tabacalera Phillip Morris, el Estado uruguayo publicó el laudo (la resolución del conflicto) amparándose en la ley de Acceso a la Información Pública que rige en la normativa uruguaya.

Uruguay está asesorado por el estudio Foley Koag, el mismo que defendió al Estado en otros tres juicios:  contra la tabacalera Philip Morris, contra Argentina por la instalación de la pastera Botnia en Fray Bentos y el que inició la empresa estadounidense de telecomunicaciones Italba, a la que el gobierno uruguayo le revocó en 2011 autorizaciones para operar por incumplimiento en la transmisión de datos.

Respaldo a Alfie 

Al igual que Alfie, el gobierno electo también publicó el domingo un comunicado donde señaló  que el presidente electo Luis Lacalle Pou “fue informado desde un primer momento” por parte del economista sobre una “asesoría técnico profesional para un estudio jurídico contratado por la empresa Aratirí”. 

“Ni el informe ni la presencia de Alfie como experto ante el tribunal arbitral se expiden sobre el fondo de la controversia. El objetivo del trabajo fue elaborar un informe técnico sobre la historia y el funcionamiento de los regímenes de promoción de inversiones en Uruguay. El documento fue entregado en junio de 2019 y no aborda ni tiene como objeto lo inherente al litigio entre la empresa y el Estado uruguayo”, sostiene el comunicado.

Además, agrega que  “el futuro Director de OPP ha dado a lo largo de su trayectoria sobradas muestras de profesionalismo y de vocación de servicio público, que hacen que el gobierno electo deposite en él la confianza para ejercer la función gubernamental”. Por último, señala que el gobierno electo “defenderá en todo momento” y “en cualquier tema los intereses del Estado Uruguayo, adoptando todas las medidas de protección que correspondan”.

“En este asunto en particular vale recordar la postura que sobre este tema ha tenido desde un principio Luis Lacalle Pou, que siempre manifestó su fuerte oposición a la instalación de Aratirí. En aras de obtener información fehaciente sobre su impacto ambiental, impulsó una intensa agenda parlamentaria, destacándose interpelaciones y llamados a sala de los ministros correspondientes”, dice la misiva.

Otra demanda millonaria

El juicio contra Aratirí es uno de los litigios millonarios contra el Estado uruguayo que heredará el gobierno electo. Otro de los casos es es el arbitraje internacional iniciado por la empresa panameña de inversiones que tenía acciones en Pluna y que le reclama a Uruguay una compensación financiera por su presunta responsabilidad en el cierre de la aerolínea de bandera.

El reclamo planteado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, está estimado en más de US$ 15 millones que es lo que Leadgate pagó inicialmente por Pluna en 2007.  La firma alegó que hubo una  violación al tratado de protección y promoción recíproca de inversiones que rige entre Uruguay y Panamá, y que el Estado uruguayo debe compensar a la empresa, que considera que el trato no fue justo.

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