Diputado de Cabildo propone reparación económica para las víctimas de la guerrilla

"Creemos que hay que hacer justicia para todos los lados y este es un tema pendiente. Vemos que otros partidos como el Nacional y el Colorado han dejado de lado esta causa por diferencias internas, pero nosotros la defendemos sin complejos. No se trata de ir contra nadie, es ir a favor de personas que vivieron una situación de injusticia", dijo a El Observador. 

La propuesta está inspirada en dos casos que Albernaz conoce de cerca. Uno de ellos es el de Ismael Berniz, un expolicía de 83 años que en 1972, cumpliendo funciones, fue baleado por un militante tupamaro. Para salvarle la vida tuvieron que hacerle una traqueotomía, entre otras operaciones, y actualmente vive en un contexto crítico con una pensión mensual de $ 11 mil. 

Albernaz todavía no calculó cuánto dinero debería destinarse a la propuesta, ni cuántas personas podrían beneficiarse de ella, pero se la transmitió al senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, en una reunión que tuvieron en julio. Consultado por El Observador, el senador Raúl Lozano dijo que está al tanto de la iniciativa pero desconoce los detalles. 

La intención de Albernaz es presentar el proyecto de ley luego de las elecciones departamentales del 27 de setiembre. Por un lado, porque está abocado a respaldar la campaña del candidato colorado Germán Coutinho a la Intendencia de Salto.

Y por otro lado, por la repercusión que tuvo el proyecto de ley presentado por la bancada de senadores de Cabildo Abierto el martes 4, que propone reinstalar la ley de Caducidad. El legislador cree que las respuestas negativas que ese proyecto despertó podrían perjudicar su propuesta, que es "de justicia social". "Tenemos ruido en ese rubro. Entonces, cuando se apague el ruido presentaremos el nuestro", dijo. 

En la redacción del proyecto de ley también está trabajando Pablo Perna, el excandidato a diputado del Partido Colorado que prometía “mano dura y plomo” para combatir la inseguridad en Salto. Albernaz se acercó a Perna –a quien conoce desde antes de iniciar su carrera política– porque la reparación económica para policías que fueron víctimas de la guerrilla fue una de sus promesas de campaña en las pasadas elecciones. Perna dijo a El Observador que tiene "expectativa" de concretar la propuesta a partir del acuerdo con el diputado de Cabildo Abierto. 

Una discusión reiterada

La iniciativa de Albernaz tiene varios antecedentes. Uno de los más recientes es del pasado período legislativo: en 2017, el diputado nacionalista Jaime Trobo (1956-2019) se reunió con la vicepresidenta Lucía Topolansky para expresarle la necesidad de impulsar una ley que contemplara una reparación económica para las “víctimas de la sedición” entre 1962 y 1976.

En 2007, el presidente Tabaré Vázquez presentó un proyecto de ley para reparar a los familiares de las víctimas de los policías y militares fallecidos en aquella época a manos de la guerrilla tupamara, lo que generó un fuerte rechazo por parte de algunas organizaciones. La propuesta del Poder Ejecutivo tomaba como base un proyecto de ley del diputado colorado Daniel García Pintos, que proponía entregar por única vez US$ 150 mil a cada una de las cerca de 60 familias afectadas. 

En 2011, los legisladores blancos reflotaron el proyecto de ley del presidente Vázquez, que no había sido aprobada en el anterior período legislativo (2005-2010). El senador y expresidente Luis Alberto Lacalle dijo a la agencia Efe que habían dejado "morir" el proyecto de ley, mientras que se habían aprobado varias indemnizaciones "justas" para víctimas del terrorismo de Estado. 

Por ejemplo, la ley 18.596 contempla que las víctimas de la dictadura y de los crímenes cometidos por el Estado en los cinco años precedentes sean reconocidas y reparadas a través de un certificado público, así como con prestaciones médicas, asistencia psicológica e indemnizaciones económicas en casos que lo ameriten.