Educación en la LUC: ¿qué cuestiona el FA y qué responde el oficialismo?

En un comunicado, la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay apuntó contra el “carácter refundacional” de la propuesta y anunció movilizaciones para informar y debatir sobre el proyecto de ley.

La coalición de gobierno cree de que la propuesta remitida por el Poder Ejecutivo es el paso correcto para obtener mejores resultados en educación. Blancos, colorados y cabildantes no pusieron objeciones a la versión final de la sección tres, según se desprende de las versiones taquigráficas. 

Los senadores consultados por El Observador coincidieron en que hay poco margen para cambios sustanciales. Los del oficialismo, sin embargo, destacaron que en la última versión se incluyeron varias sugerencias hechas por los sindicatos y técnicos después de que el presidente Luis Lacalle Pou divulgara el primer borrador. 

En las antípodas se encuentra el Frente Amplio, que considera que en líneas generales la propuesta es regresiva, tiende a la privatización de la educación y viola el principio de autonomía. La coalición de izquierda cuestiona que se quieran implementar estos cambios a partir de un proyecto de ley de urgente consideración, que aborda un espectro amplio de temas y supone que los artículos deban ser aprobados antes de agosto, con o sin modificaciones. 

No prosperó la propuesta de desglosar esta sección y tratarla más adelante, dentro de los plazos regulares, formulada por el senador del MPP Sebastián Sabini en la sesión del miércoles 6, a la que asistió el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. El legislador planteó que los cambios propuestos son “sustanciales” y requieren un análisis más profundo.

Da Silveira remarcó que el capítulo es “modesto en sus pretensiones” y no quiere “cambiar todas las reglas de juego”, sino “poner en marcha una dinámica de cambios coherente con los anuncios y los compromisos” asumidos por la coalición de gobierno en la campaña electoral. 

Los argumentos de unos y otros

La tercera sección está compuesta por 75 artículos. En conjunto, derogan 12 artículos de la Ley General de Educación y alteran 48% de su articulado. Una cantidad considerable de los cambios –20 de 56, según el ministro– está destinada a “armonizar” la norma de 2008, es decir, darle coherencia de acuerdo a las modificaciones proyectadas. 

El proyecto de ley está articulado a partir de cinco pilares: la gobernanza del sistema educativo y la participación del Ministerio de Educación y Cultura; el funcionamiento de los centros educativos, su “transparencia”, la formación docente y cambios en la institucionalidad. 

Para los senadores del Frente Amplio, el conjunto de medidas supone el desmantelamiento del sistema –como sostuvo Carolina Cosse– y, en los hechos, será el equivalente a “una nueva ley de educación”, en palabras del socialista Daniel Olesker. 

Una de las principales apuestas del Poder Ejecutivo es transformar los consejos desconcentrados –salvo el Consejo de Formación en Educación– en direcciones generales, encabezadas por un solo titular. El cambio se implementaría en marzo de 2021. 

Da Silveira señaló que el resto de los entes autónomos están regidos por un órgano colectivo, como el directorio de Ancap o de UTE, del que dependen unidades unipersonales. “No hay un consejo de combustibles o de portland”, valoró. 

“Uno de los problemas que tiene hoy el funcionamiento de la estructura de gobierno de ANEP es que el Codicen procesa ciertos debates, toma ciertas decisiones, luego esas decisiones deben trasladarse a los consejos desconcentrados y en ese cambio de nivel las cosas se pierden, se reinterpretan, a veces se modifican por la vía de los hechos”, argumentó. 

Según Sabini, este es uno de los cambios más importantes del proyecto de ley porque modifica “consejos que tienen décadas de funcionamiento”. “Creo que lo que está detrás de esto (...) es que los consejeros sociales han sido una tranca para la educación”, valoró en la sesión del miércoles 6. 

Óscar Andrade, del Partido Comunista, pidió que se estableciera por escrito que en el Consejo de Formación en Educación –que se denominará Consejo de Formación Docente– estarán representados los docentes y los estudiantes. 

A partir del próximo período de gobierno, el Ministerio de Educación y Cultura elaborará un plan educativo nacional –que será la base de la presentación de la ley de presupuesto– y un compromiso de política educativa nacional, en coordinación y consulta con las autoridades  de los entes autónomos de la enseñanza. Este último documento será redactado antes de que asuman los nuevos directores y acompañará la solicitud de venia.

Para el Frente Amplio, esta es una muestra más de la supuesta pérdida de autonomía. Olesker planteó que la disposición invertiría el rol protagónico de las instituciones en la definición de las líneas educativas. "Pasa de los organismos descentralizados, los entes autónomos, al ministerio y es un cambio que no compartimos. Pensamos que no es un cambio en el nomenclátor, sino un cambio conceptual con respecto a dónde reside el nudo de la decisión de la política educativa", sostuvo. 

Da Silveira, en cambio, dijo que se trata de "transparentar el proceso de elección de las autoridades". “¿Alguien cree que el gobierno va a proponer a un presidente y a integrantes del Codicen con los cuales no haya un compromiso, un acuerdo de líneas rectoras en materia nada más ni nada menos que de política educativa?”, rebatió. 

El Sistema Nacional de Educación Pública será sustituido por la Organización General de la Educación Pública, mientras que la comisión que actualmente lo coordina será reemplazada por la Comisión Coordinadora de la Educación, que pierde la distinción de “pública”.

Este organismo seguirá estando integrado por el director de Educación del MEC y el presidente del Codicen, como establece la ley vigente, pero se sumarán nuevos actores que representarán la educación privada, policial, militar y del Inefop, entre otros. 

"No hay ningún debilitamiento de las autoridades públicas. Lo que queremos es tenerlos a todos sentados en la mesa, porque ese es un Estado que llega a todos los rincones, ese es un Estado que puede coordinar y ese es un Estado que puede influir sobre todos los actores", argumentó el ministro, y dijo que la intervención se limita a espacios de coordinación y no de decisión.

Por otra parte, propuso eliminar las comisiones consultivas por subsistema, integradas por funcionarios docentes y no docentes, estudiantes y padres, que según da Silveira nunca funcionaron por la “superabundancia de órganos” en el sistema.

El rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, cuestionó que se ponga en pie de igualdad desde el punto de vista cualitativo a esa cantidad de actores. Y que no haya “otro espacio definido de coordinación entre los entes públicos del Estado”, algo que a su juicio es un indicio de que el Poder Ejecutivo está “desarmando un sistema que estaba funcionando de forma eficiente”. 

“La forma en que intervenimos en el proceso de planificación es tan menguada y acotada que se limita a una intervención cada cinco años y luego a ámbitos en donde, en realidad, tenemos una escasa participación y las potestades efectivas de coordinación entre las entidades públicas se eliminan. Para nosotros esto es muy relevante”, acotó el rector. 

La oposición también se opone a los criterios adoptados para garantizar la formación docente terciaria, que es un objetivo común de los partidos con representación parlamentaria. En el proyecto de ley se prevé la creación de un programa nacional – en el ámbito del Ministerio de Educación– y de un “procedimiento voluntario de reconocimiento del nivel universitario de carreras de formación docente  impartidas por entidades públicas no universitarias”. 

“La validación legal habilitante para el ejercicio de la docencia seguirá dándola la ANEP, como hasta hoy. Pero el carácter universitario del título se va conseguir a través de los mecanismos del Ministerio de Educación y Cultura”, resumió da Silveira, después de explicar los impedimentos jurídicos y políticos para implementar otra estrategia. 

El senador José Carlos Mahía, de Asamblea Uruguay, afirmó que este y otros cambios que apuntan en este sentido son demasiado importantes como abordarlos en los tiempos perentorios de este proyecto de ley. “Es querer cambiar la historia institucional en poco tiempo”, dijo, aunque reconoció que entiende el sentido de la propuesta y comparte el anhelo en la que se sustenta.