Nacional > ley urgente
Rector de la Udelar planteó preocupación por reválidas y rol de la educación pública
La ratificación de títulos, certificados o diplomas obtenidos en el extranjero se convirtió en uno de los ejes de la discusión de la comisión especial que trata el proyecto de ley de urgente consideración en el Senado. Tanto este miércoles como este jueves, al abordar los cambios propuestos en materia educativa, los legisladores se detuvieron en este aspecto.
El artículo 148 amplía los cometidos del Ministerio de Educación y Cultura y establece, en el literal M, que dependerá de la cartera "diseñar, aprobar y asegurar el funcionamiento de los procedimientos de reválida (...) conforme a los principios establecidos en los acuerdos internacionales suscritos por el país, con el fin de que sus titulares puedan generar oportunidades de empleo en profesiones reglamentadas por normas nacionales, o ejercer actividades libres como asesoría, consultoría, enseñanza o investigación".
Esta función le compete a la Universidad de la República desde 1958, pero se extendió a la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) en 2012. En las disposiciones transitorias del proyecto de ley de urgente consideración se establece un plazo de dos años de transición para acordar un nuevo modelo.
Cuando el rector de la Udelar, Rodrigo Arim, asistió este jueves a la comisión especial, trasladó a los legisladores su preocupación por el cambio previsto. A su juicio la versión final del proyecto de ley es superior al borrador presentado en enero, pero considera que sigue teniendo "inconsistencias" y deja "cabos sueltos" en cuanto a que Uruguay pueda tener un verdadero sistema de reválidas.
El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, aseguró que la propuesta tiene que ver con la necesidad de que el sistema educativo uruguayo acompañe los cambios que se produjeron en otros países, donde la reválida de títulos está a cargo de los ministerios de educación, en consulta con los sistemas académicos. Da Silveira justificó el cambio a partir del aumento de la demanda, los crecientes acuerdos multilaterales entre gobiernos y el desuso del criterio de razonable equivalencia curricular.
Educación pública y privada
Arim preguntó qué motivó el "rediseño global" del sistema de educación pública propuesto, ya que entiende que no hubo una exposición de motivos clara y detallada por parte del gobierno. "Nos inquieta sustantivamente la ausencia de un diseño institucional que preserve la noción de sistema de educación pública", dijo.
De los 501 artículos del proyecto de ley, 74 refieren a educación. Derogaría 12 artículos y alteraría 48% del articulado de la Ley General de Educación. Sin embargo, 20 de los 56 cambios propuestos a la norma vigente son artículos de "armonización", que apuntan a darle coherencia al texto de acuerdo a las modificaciones hechas.
Si no hay cambios, el Sistema Nacional de Educación Pública se convertirá en la Organización General de la Educación Pública. En la sesión del miércoles, da Silveira planteó que eliminar la noción de sistema no significa que el gobierno quiera "debilitar a la educación pública ni la coordinación entre los componentes del sistema de educación pública".
El ministro indicó que no quiere burocracia, órganos que no funcionan o costos excesivos. "Esas interpretaciones que hablan de que esta ley encierra una especie de ataque a la educación pública no son correctas, no tienen que ver con nuestras intenciones y no tienen que ver con nuestras acciones, con las cosas que ya estamos haciendo a dos meses de iniciado el nuevo gobierno", defendió.
Precisó que dejar de hablar de "educación pública” no busca debilitarla, sino que tiene que ver con la voluntad de alejarse del enfoque “predominante” en la ley de educación vigente. A su entender, esta norma retrajo el Estado, dejó fuera la formación policial y militar, y no refiere explícitamente a la educación privada.
"No hay ningún debilitamiento de las autoridades públicas. Lo que queremos es tenerlos a todos sentados en la mesa, porque ese es un Estado que llega a todos los rincones, ese es un Estado que puede coordinar y ese es un Estado que puede influir sobre todos los actores", argumentó.
Las explicaciones de da Silveira no convencieron a la oposición. José Carlos Mahía, senador de Asamblea Uruguay, dijo que cuando se creó el Sistema Nacional de Educación Pública, el objetivo principal era hacer énfasis en este sector. "Nosotros creemos y somos contestes en que la definición de sistema de educación pública, tal como venía de la ley vigente es más válido, lo defendemos y los argumentos que nos han planteado, si bien son respetables, no los compartimos. Y queremos decirlo con claridad a los efectos del posicionamiento político", sintetizó.
El ministro de Educación señaló que el Poder Ejecutivo no quiere "cambiar todas las reglas de juego, sino aquello que es necesario para poner en marcha una dinámica de cambios coherente con los anuncios y los compromisos que la coalición asumió durante la campaña electoral". Aseguró que las modificaciones recién se verán en marzo de 2021, algunas más adelante, y que no habrá un cambio radical a corto plazo del funcionamiento de la educación.
Mahía preguntó por qué, entonces, es necesario "salir a marcha camión" con una ley de urgente consideración. En el mismo sentido se expresaron sus compañeros de bancada a lo largo de la sesión. Sebastián Sabini, senador suplente de Lucía Topolansky (MPP), pidió que estos artículos fueran desglosados del proyecto de ley para tratarlos aparte.
La oposición cuestionó la constitucionalidad de algunas disposiciones y la supuesta violación del principio de autonomía. Por ejemplo, se mostraron en contra de que el Ministerio de Educación escriba el Compromiso de Política Educativa Nacional junto con los directores del Codicen, antes de que asuman. Este documento acompañará la solicitud de venia de los futuros jerarcas de la educación.
El senador socialista Daniel Olesker planteó que esta disposición invertiría el rol protagónico de las instituciones en la definición de las líneas educativas. "Pasa de los organismos descentralizados, los entes autónomos, al ministerio y es un cambio que no compartimos. Pensamos que no es un cambio en el nomenclátor, sino un cambio conceptual con respecto a dónde reside el nudo de la decisión de la política educativa", sostuvo.
Da Silveira dijo que se trata de "transparentar el proceso de elección de las autoridades" y consideró que no se violaría la autonomía porque estos tres candidatos, en el momento en que redacten el documento, serán "simples ciudadanos".
