Opinión > EDITORIAL

Efectos de una mala política

Una medida sindical extrema 

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15 de abril de 2019 a las 05:00

El conflicto en la empresa Montevideo Gas, cuya única accionista es la compañía estatal brasileña Petrobras, es una síntesis perfecta de los problemas que entorpecen a la economía y que explica buena parte de la baja inversión privada de Uruguay en los últimos años. Se combina una mala política –producto del voluntarismo y de la improvisación– con un accionar sindical ideologizado y normas legales que pueden llegar a contradecir la protección jurídica a la propiedad privada de nuestro Estado de derecho.

El viernes pasado, Petrobras logró que la Justicia aceptara un pedido preventivo de amparo para evitar que se ejecute una decisión del sindicato Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas para que la empresa quede bajo “control obrero”, el viejo sueño marxista-leninista de que los trabajadores sindicalizados gestionen una compañía. Es mucho más que la ocupación de fábricas que ampara el decreto 165/05, duramente cuestionado por la OIT, y que, desde el punto de vista constitucional, colisiona claramente con principios como el de la libertad, el derecho al trabajo y el respeto a la propiedad privada.

Es tan disparata la extrema medida sindical que el propio gobierno –que interviene para encontrar una solución al conflicto– tuvo que salir a aclarar que el “control obrero” no es lo mismo que la ocupación de un establecimiento.

La Justicia fue clara y prohibió ambas cosas: por un lado, la ocupación de los locales de Montevideo Gas y, por otro, “todo acto de dirección y control obrero de la gestión de la misma”.

El sindicato se había declarado en conflicto ante la decisión de la empresa de reducir 39 puestos de trabajo, entre otros ajustes, debido a las malas condiciones del negocio de la distribución comercial de gas por cañería, muy lejos del paraíso terrenal que había prometido el gobierno de José Mujica. Es por eso por lo que Petrobras quiere negociar con el Poder Ejecutivo la finalización del contrato de Montevideo Gas e incluso de Conecta, la compañía con la que ofrece el mismo servicio en el interior del país, pero asociada con Ancap. Y es por eso que está haciendo un severo ajuste económico en Montevideo Gas.

Durante el período anterior, el expresidente Mujica logró entusiasmar a todos con un proyecto de una planta regasificadora, que suponía un salto en la producción de gas y muy competitivo para la comercialización en Uruguay, pero que terminó siendo un proyecto improvisado, lanzado a los cuatro vientos sin un estudio de factibilidad económico-financiero.

El no cumplimiento del plan gasífero prometido por Mujica, apoyado por el presidente Tabaré Vázquez, dañó la ecuación económica de Petrobras, al dejarlo dependiente del gas que viene de Argentina. Por eso la empresa quiere renegociar o salir del país. La comercialización de gas natural resultaba interesante con la instalación de una planta regasificadora y precios de la materia prima alineados con el mercado. La falta de condiciones estructurales del sector no hace atractiva la inversión.

Nadie define una inversión privada a largo plazo que no esté fundada en estudios sobre la posibilidad cierta del negocio en cuestión. Y tampoco con amenazas de “control obrero”. Petrobras no se percató a tiempo de que el sindicato del gas iba a torpedear el proyecto y que la regasificadora era un sueño. 

 

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