Camilo Dos Santos

El 85% de casos de violencia doméstica están sin resolución judicial a raíz del coronavirus

Los defensores de oficio, jueces y funcionarios reconocen que solo se atienden audiencias urgentes y aseguran que habrá demoras una vez que finalice la feria judicial

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11 de mayo de 2020 a las 05:00

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Sandra (nombre ficticio) fue víctima de violencia doméstica durante casi diez años. Su marido la golpeaba, la obligaba a tener relaciones sexuales y le apuntó con un arma de fuego en varias ocasiones. También era violento con sus dos hijos, que ahora tienen nueve y siete años, e intentó abusar sexualmente de su hija cuando tenía tres años. 

Nunca pudo denunciarlo. El hombre es funcionario policial y le decía que "sabía lo que tenía que hacer" en el juzgado para "salir bien parado". La solución que encontró Sandra para escapar de ese infierno fue refugiarse en el alcohol. A principios de 2019 su marido la denunció por alcoholismo y tuvo que abandonar la casa. La tenencia quedó, de forma provisoria, en manos del padre y durante un año vio a sus hijos en una plaza sin acercarse a la casa por miedo a las represalias.

Comenzó a tratar su adicción, que definió como "algo temporal", concurrió al Centro de Toxicología del Ministerio del Interior y recibió atención de asistentes sociales y psicólogos. El 17 de marzo terminaron las medidas en su contra pero no pudo recuperar la tenencia que había perdido de forma temporal ya que el coronavirus provocó la llegada de la feria judicial sanitaria.

Un poco antes del 13 de marzo, cuando se decretó la emergencia sanitaria, Sandra denunció ante la jueza de familia especializada los riesgos que creía que podían estar atravesando sus hijos al vivir solos con su padre, debido a los antecedentes por violencia. La abogada solicitó que el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), interviniera para monitorear la situación pero, a raíz de la feria judicial, la jueza no llegó a resolver esta medida. De esta forma, Sandra solo ve a sus hijos a través de videollamadas desde hace casi dos meses.

El caso de Sandra pertenece al 85% de las situaciones de violencia doméstica que permanecen sin resoluciones debido a la feria judicial sanitaria por coronavirus, según informaron a El Observador fuentes del Poder Judicial. En este período, se atienden las situaciones de urgencia, pero fueron suspendidas las audiencias que estaban programadas de casos anteriores.

Martha Valfré, abogada especializada en derecho de familia, contó a El Observador que en este período se tramitan medidas cautelares contra los agresores y disposiciones sobre los hijos en casos de denuncias recientes.  

La ley sobre violencia doméstica prevé para los agresores 180 días de restricciones de acercamiento hacia la la mujer y 90 días hacia los hijos, sujeto a una pericia. Sin embargo, las pericias tampoco se realizan y ya venían con atraso. Por esta razón, se extendieron las medidas cautelares hasta que puedan resolverse las situaciones pendientes.

Por otra parte, también se suspendieron los regímenes de visitas y, según Valfré, "hay gente que aprovecha para quedarse en la casa y no cumplir". Al mismo tiempo, si se quisiera reclamar por vía judicial, "ningún juez ordenaría que se hicieran las visitas" en el medio de la pandemia, por lo que la situación en la mayoría de los casos "es compleja".

La abogada explicó que en estos días sucedieron episodios vinculados a la tenencia de los hijos, que tampoco tuvieron su resolución. "No hay tenencia hasta que un juez dilucida. Si me llevo a los hijos pero no hay tenencia dilucidada, no hay secuestro, entonces me los quedo. De alguna forma el que tiene los chiquilines es el que tiene el poder y no va a haber sentencias por ahora", señaló.

La feria judicial sanitaria termina el 15 de mayo. A partir del 11 de mayo los abogados pueden agendarse vía web y presentar escritos pero Valfré estima que "los retrasos continuarán varios días más".

Problemas de infraestructura

Rossana Bianchi, encargada de la Defensoría Pública de Familia Especializada, afirmó que "hay muchos" casos como el de Sandra pero para atender cada situación los juzgados "no tendrían que trabajar en régimen de feria, sino de forma normal".

Esto, según la abogada, es "sanitariamente imposible" ya que las salas de los denunciantes y otros sectores de los juzgados tienen poco espacio y se generarían contagios entre funcionarios y usuarios, y con el régimen actual se trabaja por turnos atendiendo situaciones de última hora.

Bianchi entiende que los casos de violencia doméstica presentan "muchas complicaciones" si no se los atiende, pero "la salud de los propios justiciables dificulta la tarea". La abogada prevé que una vez se termine la feria llegue a los juzgados "un malón de gente" y los atrasos en la fijación de audiencias continúen.

De todas formas, la encargada aseguró que si hay una situación de violencia que deba resolverse de forma inmediata, hay vías para solucionarlo. "Se puede volver a hacer la denuncia, en ocasiones nosotros solicitamos que se levante la feria para asuntos graves y que lo tome un juez de turno", afirmó.

La forma mas rápida que recomienda Bianchi es hacer la denuncia en la policía para que se comunique con el juez de turno, ya que al recurrir a un defensor, se debe elevar un escrito al juez, quien puede tardar 48 horas en responder. 

Por otra parte, afirmó que cundo las situaciones están bajo la tutela del INAU, y allí perciben una situación grave, se lo comunican al juzgado para que lo resuelva.

La psicóloga encargada del Equipo Técnico de Familia Especializado, Ana Karina Pasarón, contó que los juzgados trabajan en duplas para que los jueces cuenten con técnicos a su disposición, y coincide con Bianchi en las dificultades para realizar todas las audiencias que se necesitan. "Sería imposible mantener una distancia adecuada porque estamos bastante hacinados", destacó.

Este equipo, integrado por ocho psicólogos, dos psiquiatras, dos forenses, seis asistentes sociales y cuatro administrativos, se encarga de realizar las pericias. Luego de las entrevistas, se confecciona un informe escrito que sirve como insumo para las decisiones que toma el juez.

"El problema más grande lo tenemos con lo que ya estaba agendado", afirmó. Este equipo, además de los temas urgentes, trabaja con casos de tiempo atrás, con los que "no se pudo tocar la agenda"  

Pasarón remarcó la importancia de volver a trabajar para atender las situaciones en las que hay niños, pero al igual que Bianchi, estima que con la agenda actual y los reagendados "se generará un embudo importante" al volver de la feria judicial.

Cambio en las modalidades

El juzgado letrado de familia especializado de 9° Turno se creó en noviembre de 2019. La jueza Julia Staricco, quien fue designada en el cargo, comentó que la mayoría de las audiencias del juzgado se realizaron durante la feria porque eran "situaciones de riesgo que había que resolver", y se seguían los protocolos indicados por las autoridades de salud.

En los casos en que fue necesario reprogramar las audiencias, sobre todo las primeras semanas, se llamaba por teléfono a los involucrados para conocer cómo evolucionó la situación y "en general no habían empeorado", afirmó.

De todas formas, sabe que otros colegas tuvieron que atenerse a resolver las situaciones de urgencia. Otra jueza consultada por El Observador afirmó que con el personal disponible "se hace todo lo posible por atender las situaciones", pero a raíz del aumento de denuncias por violencia doméstica, esos casos "tienen prioridad" y en los otros casos las medidas cautelares se extendieron.

Valfre explicó que si la construcción retomó el trabajo de forma temprana, el Poder Judicial "podía hacer lo mismo". "Tenemos un correo donde mandan notificaciones, no enTiendo por qué no lo pueden habilitar para que uno mande escritos", afirmó.

Para la abogada, otros temas judiciales pueden esperar pero no sucede lo mismo con los asuntos de familia. "Tres meses en la vida de un adulto no es nada pero tres meses en la vida de un niño es un montón. Creo que esas audiencias se tenían que haber habilitado", apuntó.

El Colegio de Abogados del Uruguay presentó en el Parlamento a mediados de abril un proyecto de ley sobre la utilización de tecnologías de la información y comunicación en procesos jurisdiccionales. Sin embargo, todavía no fue aprobado.

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