El caso Penadés dejó de ser personal pero es delicado tomar partido

Un componedor muy apreciado, manchado

Gustavo Penadés es una de esas instituciones parlamentarias que, como escribió Leonardo Pereyra en esta nota, es “un negociador y componedor nato, de esos a los que su Partido Nacional y ahora su gobierno recurren para zanjar diferencias, tender puentes, deshacer entuertos”.

La categoría de Penadés en el sistema político es la prueba de que nadie del Frente Amplio “se subió” a este episodio para sacar rédito y pegarle al partido de gobierno, como ha pasado con otros hechos, y por lo bajo han manifestado hasta pesar con la situación. 

No obstante, la graves acusaciones de la militante (acá podés conocer quién es Romina Celeste Papasso) a las que parece que se sumarán otros denunciantes, pusieron al senador, al Partido Nacional y al gobierno en la necesidad de reaccionar.

Penadés encuadró el tema en “personal” y por eso al dar una declaración pública en el Parlamento quiso estar solo en la mesa. Enfatizó que no es un tema que “involucre” al gobierno ni al partido y aunque esa lectura resulte muy conveniente para todos, desde el primer momento se convirtió en un tema político, aunque surja de la vida privada del senador, que aprovechó el momento para contar que es gay, algo a lo que jamás se había referido públicamente aunque era conocido.

Así como no fue fácil encontrar críticas al senador tampoco abundaron quiénes salieran a respaldarlo explícitamente, pero uno de ellos fue el presidente Luis Lacalle Pou. De todos fue el más contundente al decir “le creo a él”, aunque luego aclaró que espera que la Justicia se pronuncie.

También el ministro del Interior Luis Alberto Heber, correligionario de Penadés en el Herrerismo, salió en su defensa ("esto es una difamación y lo tiene que demostrar en la justicia"), y estuvo presente en la declaración que Penadés dio, expresándole su apoyo.

Se entiende que quienes conocen al legislador de toda la vida y valoran sus condiciones políticas le den su respaldo humano y personal pero resulta muy peligroso que se la jueguen a asegurar que dice la verdad, desacreditando públicamente a la víctima del caso. Y resulta complicado que el ministro del Interior, jefe político de los policías que actuarán como auxiliares de la Fiscalía en la investigación, tome partido por una de las partes.

Por eso pareció más adecuada la cauta reacción de la también dirigente herrerista y probable candidata a la Presidencia, Laura Raffo: “Confío en la Justicia. Esperemos que se esclarezcan los hechos”, se limitó a decir.

Las aristas legales de la denuncia

Pagar por tener sexo a un adulto no es delito pero sí lo es si se trata un menor y se cumplen determinadas condiciones establecidas en la ley.

El delito de explotación sexual engloba a todo hecho que incluya utilizar a menores de 18 años para actividades sexuales remuneradas a través del pago o promesa de pago económico o entrega de bienes. La ley la ley N° 17.815 promulgada en 2004 y ya vigente cuando ocurrieron estos hechos, tipifica seis delitos, entre ellos el de "retribución o promesa de retribución" a menores de edad a cambio de favores sexuales, con penas de 2 a 12 años.

El abuso sexual (con la misma pena) es más amplio porque castiga el aprovechamiento de niñas, niños o adolescentes para su participación en actividades sexuales por parte de una persona dotada de autoridad y poder reconocidos por la persona abusada. Se presume que existe violencia con cualquier persona menor de 15 años y esa presunción deja de estar si se trata de relaciones consensuadas entre un adolescente de 13 años pero no existe con el adulto una diferencia mayor a ocho años.

Se he hablado de que los hechos denunciados por Romina Celeste Papasso ocurrieron hace 16 años y por lo tanto prescribieron, pero dependerá de la posición que tome el fiscal que intervenga puesto que en este tipo de delitos hay dos bibliotecas.

Estos delitos prescriben entre 10 y 15 años después de su comisión pero una de las bibliotecas sostiene que si el delito continuó en el tiempo (es decir, si el senador siguió abusando de la joven) o "si cometió más delitos", se corta la prescripción.

También se interpreta que a partir de la ley de género se estableció que el plazo no empieza cuando la persona es menor de edad sino cuando cumple los 18 años. En ese caso, la prescripción podría aplicar a algunos de los delitos por los que cabrían en este caso, pero no en otros como violación o el de "retribución o promesa de retribución" a menores de edad a cambio de favores sexuales.

Qué puede pasar

El senador se mostró muy firme al asegurar que no es pedófilo y optó por quedarse en la banca. Podía haber tomado licencia sin renunciar, como hizo en su momento el diputado comunista Gerardo Nuñez, denunciado por ejercer violencia de género contra su expareja. Hubiera sido más conveniente tomar distancia de la tarea legislativa mientras se investiga.

Si bien se puede especular con que se queda para resguardarse en sus fueros, Penadés dijo que se ponía a total disposición de la Justicia por lo que es de suponer que comparecerá si se lo cita, sin ampararse en ese beneficio. Además dijo que él también demandaría por difamación a quienes lo acusaron, lo que lo obligaría a comparecer en la Justicia y aportar pruebas de que se mintió.

De todos modos, más allá de lo que pueda pasar en la vía judicial, el senador y el partido deberán evaluar los pasos a seguir. En el caso de Nuñez si bien el caso quedó en la órbita de la justicia de familia especializada que le impuso medidas de no acercamiento y lo envió a realizar un tratamiento, y nunca se llegó a investigar si cometió delito porque no pasó a penal, el diputado finalmente acordó con el PCU renunciar al Parlamento.

Los carriles judiciales y políticos no siempre confluyen y no necesariamente tiene que existir condena penal para tomar decisiones políticas, por lo que si la situación de Penadés se complica se verá obligado a dar un paso al costado. 

Por lo pronto, habrá que esperar a que la Fiscalía defina a quién le corresponde el caso, y empiece a actuar.