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El enemigo es el gasto, no la gente

El nuevo gobierno se juega al éxito de su plan de equilibrar el presupuesto y bajar el peso del Estado; ¿lo dejarán? 

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03 de diciembre de 2019 a las 05:01

En el presente contexto bajar el gasto no es opcional. La fácil idea de aumentar impuestos, según la evidencia empírica en países similares, termina en largas recesiones que no resuelven el problema, lo agravan.

Por eso es oportuno que el programa del nuevo gobierno se base en revisar y achicar los costos del Estado y excluya el simplismo de cocinar a impuestos a los factores económicos, recurso que siempre se vuelve contra la sociedad, al frenar la inversión, la innovación, el comercio y el empleo, con lo que acaba perjudicando a quienes declama proteger.

Bajar el gasto no es solo un ejercicio de austeridad, sino que es esencial para crecer, por ello la columna dedicará próximas entregas a los mecanismos necesarios para desbrozar la maraña que escamotea el análisis de sus rubros y frenan su adecuación y racionalización, con la verborragia solidarista. Hoy, algunos temas conceptuales.

Una de las ponencias del programa consiste en cerrar la canilla antes de intentar desagotar la bañera desbordada: no cubrir una parte de las vacantes que se produzcan. Si bien es una medida de mediano plazo y relativamente modesta, marca una tendencia y permite exhibir un plan creíble donde paulatinamente se reduzca ese gasto. Se deberá ser constante y perseverar, para evitar que el estatismo, de larga capacidad de resiliencia, la neutralice y transforme en nada.

No será fácil. El PIT-CNT y el PCU han declarado su oposición frontal e irrenunciable a la medida. Es coherente. Cualquier reducción del gasto y del protagonismo estatal es percibida por la izquierda como un ataque a su misma existencia. Tal vez lo sea. Pero no tiene nada que ver con la defensa del empleo, que es fulminado por los efectos del estatismo.

Las dos organizaciones tienen el derecho a opinar como gusten y de peticionar. Pero ¿tienen derecho a oponerse con alguna acción directa concreta? La ciudadanía acaba de votar una plataforma con esa política como uno de sus aspectos centrales, transparentada desde el momento uno. ¿Tendrá eso alguna importancia al hablar de “enfrentarla con toda nuestra fuerza”? ¿Acaso las elecciones fueron un simple hecho simbólico?

¿Tienen esas organizaciones competencia para forzar la decisión de la Administración sobre las vacantes? ¿Por qué no exigir que se agreguen más cargos en el Estado, mejor? La única posibilidad legal que tiene un gobierno de bajar gastos sin efecto colateral es con este tipo de medidas. Y debe poder aplicarlas. Es la forma de permitir que se creen nuevos empleos privados auténticos. Y también la forma de respetar las decisiones democráticas, que no pueden ser licuadas por medidas de fuerza.

Otro punto conceptual es la revisión de las mal llamadas empresas del Estado, un híbrido inventado para no estar bajo la lupa de las auditorías oficiales, ni bajo su régimen de contrataciones y contralores, y para no sufrir el control de los accionistas que habría en una empresa privada. Una conveniente doble personalidad. También allí la coalición ha establecido sus políticas, desde la eliminación de actividades superfluas, inconexas y siempre deficitarias, al análisis de su estructura, costos, contratos y su gestión.

Luego de conocidos desastres sin explicación ni sanción, parece acertado y efectivo abocarse a tal tarea. ¿Digerirán los intereses creados de todo tipo, incluso los del sector privado, que surja una visión inquisidora sobre esta rama del Estado? Se acatarán las reglas y leyes que establezca el nuevo gobierno y sus decisiones? ¿O de nuevo habrá “enfrentamientos con toda nuestra fuerza” para defender las conquistas de los contratistas privados y de los jerarcas privilegiados y protegidos?

Se dijo que el nuevo modelo es inviable. Esta columna no comparte el criterio, a la luz de los resultados en todos los países donde se aplicaron conceptos parecidos. Por supuesto, si se produce una rebelión sindical o callejera en nombre de la defensa de conquistas del trabajador  –que no están en riesgo– va a ser más difícil, además de poco democrático. Ya se sufren los efectos del aislamiento comercial impuesto por el PCU al Frente, sin verse los beneficios para la sociedad.

Un tercer aspecto es la neutralidad del Estado en los Consejos de Salarios, donde a los golpes de pecho del PIT-CNT y el PCU se une el MPP, que tampoco está dispuesto a aceptar que el Estado no decida los sueldos que tiene que pagar el sector privado. Defensa de una conquista social que no lo es, porque el Estado puede decidir en cualquier sentido. Se trata de un tema central que también acaba de ser laudado por la ciudadanía por los próximos cinco años: entre el modelo de planificación central y uno de más libertad, eligió el segundo. El Estado no debe determinar el costo de producción de los particulares.

Lo que lleva a un último punto: la esencialidad. El Estado bobo ha sido víctima de una conveniente dialéctica. Cuando se intenta estatizar cualquier prestación o tarea, el argumento principal es que se trata de una actividad que no puede ser dejada en manos de privados por ser esencial. Cuando los gremios del Estado deciden paralizar u obstaculizar esa tarea con paros u ocupaciones por la razón que fuere, se impide la declaración de esencialidad por la fuerza o la amenaza de fuerza. Esa falsa dicotomía se alzará cada vez que se quiera bajar un gasto de cualquier índole, o cambiar la metodología de cualquier servicio. Salvo que la sociedad haya elegido un formato de planificación central, el Estado debe brindar sólo los servicios esenciales y, por lo tanto, todos ellos gozan del privilegio de la esencialidad.

Aceptar estos cambios sería una buena oportunidad para demostrar la vocación democrática de la que tanto se hace gala. Y la buena fe.

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