El fiscal de Corte, los gestos políticos, los silencios y la institucionalidad

Los gestos y los hechos

Son gestos que hacen daño a la institucionalidad. Primero fueron más suaves, con críticas a la Justicia en general por parte de integrantes de Cabildo Abierto. Luego Guido Manini Ríos aumentó el tono. Una vez en la media hora previa de la Cámara de Senadores y luego en algunos medios. Hace un mes, al referirse a un caso puntual en Telemundo, señaló que "cuando en el futuro se haga una historia de este período de la vida del país, el capítulo relativo a la Justicia va a ser de lo más bochornoso".

Estos comentarios, que vienen de un líder con fuerte peso político en una coalición de gobierno y a la vez con una imagen construida a base de principios como la rectitud y la honestidad, hacen mella a la credibilidad del sistema.

Pero esta semana Cabildo Abierto decidió dar un paso más fuerte: pedir la destitución del fiscal de Corte, Jorge Díaz. 

Repasemos primero los hechos de la semana, que los encontrás en estas notas:

●       Fiscalía ratificó archivo de la causa contra Carlos Moreira, el exintendente de Colonia y actual candidato a la reelección.

●       Un periodista dio a conocer que una de las dos fiscales que había archivado el caso era militante declarada en redes sociales del Partido Nacional hasta poco antes de asumir su cargo en junio de 2019, y que en 2014 integró los equipos técnicos de Luis Lacalle Pou. A raíz de eso, el fiscal de Corte inició una investigación administrativa para determinar si mantiene vinculación partidaria. Según la Fiscalía, la investigación es “para dar garantías” y “evitar el linchamiento” y no importan ni su pasado ni sus vínculos familiares.

●       Sin embargo, los integrantes de la coalición se molestaron. Desde todos los partidos del gobierno lo criticaron a Díaz, pero con diferentes tonos. Los más duros fueron los de Cabildo, que incluso le pidieron formalmente a la Presidencia que inicie el camino para la destitución.

●       El diputado Eduardo Lust fue más allá y dijo que si eso no se concreta, Cabildo Abierto debería abandonar la coalición. Manini Ríos se despegó de esos comentarios y dijo que “Cabildo Abierto no pone condiciones”.

●       Esa misma noche el presidente fue consultado por el pedido de Cabildo y un periodista le preguntó si el fiscal tenía su respaldo. Lacalle Pou evitó responder esa pregunta.

La uruguayez de partidizar todo

Hasta ahí, los hechos. Pero es importante ver las normas y el contexto para entender el asunto a fondo. Empecemos por las normas. Como explica en detalle esta nota, tanto la designación como la destitución del Fiscal de Corte necesita mayorías especiales del Senado. ¿Por qué? El espíritu es que no entren en juego los intereses políticos del gobierno de turno para tener en este puesto tan importante a un fiscal afín o para sacarse de arriba a uno que moleste. Es importante entender al sistema judicial (y no solo al Poder Judicial) como un contrapoder. Así se debe entender el trascendental cambio de 2015, cuando la Fiscalía pasó a ser un servicio autónomo sin depender del Ministerio de Educación. Y también el hecho de que el fiscal dure 10 años en el cargo y su relevo se distancie de los cambios de gobierno. Por ello el período de Díaz dura hasta 2022. Esta muy buena nota de Natalia Roba sobre la última destitución de un fiscal muestra cómo mejoró el sistema al ganar en autonomía.

Las preguntas que quedan en el aire

Sigamos por el contexto. ¿Por qué esta reacción tan dura del oficialismo? Como bien cuenta esta nota de Joaquín Silva, desde hace mucho tiempo dentro de la coalición hay muchos dirigentes que miran con desconfianza al fiscal de Corte. Lo acusan de estar vinculado a la izquierda y de trabajar desde su rol para proteger a ese partido. Sin ir más lejos algunos lo acusaban de querer tener un futuro político en el Frente Amplio o que pretendía ser ministro del Interior. Al menos dos personas que lo criticaban por eso (Gustavo Zubía desde la Fiscalía y Gerardo Sotelo como periodista) dieron un salto a la arena política, mientras que Díaz sigue como fiscal.

En un país donde es muy difícil que los fanáticos de uno y otro lado no te quieran meter en la lógica perversa de que sos oficialismo o sos oposición (a los periodistas independientes también nos pasa), no es sano que desde el gobierno se insista en analizar al sistema judicial en esa lógica divisoria.

La coalición no tiene las mayorías para destituir a Díaz. Necesitaría 19 votos del Senado y tiene 18. Obviamente que Cabildo Abierto lo sabe. Entonces podemos preguntarnos por qué hace esta movida: ¿quiere desprestigiar al sistema judicial? Como no le gustan algunos de sus fallos, ¿es una manera de presionar? ¿Quieren un fiscal más alineado a la coalición? Espero que la respuesta a esas preguntas sea no. Me cuesta encontrar explicaciones que no entren en la lógica de la ideología o la política partidaria.

El silencio presidencial

La reacción del presidente también merece un análisis. Es cierto que Lacalle Pou tiene que manejar los delicados equilibrios de la coalición, pero para mantener un respaldo más firme a la institucionalidad el mandatario podría haber reaccionado diferente. Mientras un periodista le formulaba la parte central de la pregunta sobre el tema, prefirió hacerle una broma al ministro de Salud (integrante de CA) y ese asunto relevante no lo contestó. ¿El fiscal de Corte cuenta con la confianza del Poder Ejecutivo? En la respuesta dijo que él se va a expedir cuando lo crea conveniente y no cuando un partido o cualquier otro actor se lo plantee. “Nos marcamos nuestros propios tiempos”, dijo Lacalle. Pero más allá de Cabildo Abierto, es relevante que el presidente conteste la pregunta sobre la confianza en el fiscal. De lo contrario, queda sobrevolando una innecesaria duda sobre el sistema de justicia.