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El negocio del gas entre dudas y demandas millonarias al Estado

Petrobras y sindicato piden definición al Poder Ejecutivo ante el fracaso de la regasificadora

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11 de junio de 2018 a las 05:00

El nuevo fracaso del proyecto para reflotar la regasificadora –luego que el gobierno diera por terminado el diálogo con Shell–, dejó al negocio de la distribución de gas natural en un escenario más que complejo.

Son varios los elementos negativos que conforman la coyuntura actual. Por un lado, la ausencia de abastecimiento con capacidad propia –por la falta de una regasificadora– y su consiguiente dependencia de importar el gas de Argentina; por otro, dos demandas millonarias que las distribuidoras MontevideoGas y Conecta le entablaron al gobierno en tribunales arbitrales por no ofrecer condiciones que aseguraran la viabilidad del negocio.

En ese clima estalló el tercer inconveniente que llegó por el frente laboral. En principio se habló de despidos en MontevideoGas, pero las partes llegaron a un acuerdo que expira el próximo 30 de junio para evitar la pérdida de fuentes de trabajo.

A cambio, está sobre la mesa la congelación salarial. Ese documento fue firmado a fin del año pasado. Petrobras (propietario de las dos distribuidoras) y el sindicato de trabajadores aceptaron la propuesta ya que era una forma de darle tiempo al gobierno para que definiera el futuro de la regasificadora. Pero el nuevo fracaso, esta vez con Shell, volvió a dejar al negocio del gas en posición precaria.

A mediados de mayo, la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas envió una carta al presidente de Petrobras Uruguay, José Augusto Carrinho. En el documento, el gremio recordó el convenio de fin de año.

"El elemento nuevo desde diciembre es que se ha anunciado que el acuerdo de exclusividad con Shell no fue renovado, luego de varias extensiones, y esto implica que no habrá regasificación en los próximos años, por lo menos".

Por ese motivo, solicitó "una reunión a la brevedad para conocer de primera mano cuál es la posición que adoptará Petrobras ante la finalización próxima del convenio a fin de saber qué escenario estará presente y cómo debemos actuar frente a él".

El 23 de mayo, una semana después, Carrinho contestó también mediante una carta. En el texto, al que tuvo acceso El Observador, señaló que Petrobras "viene realizando continuos aportes de capital (en las dos distribuidoras) como forma de asegurar su continuidad en un contexto adverso, provocado por problemas estructurales del sector del gas natural del país, ajenos a su voluntad y control".

Reconoció que el sindicato generó acciones para tratar de mejorar la situación del sector y compartió la preocupación por la falta de acuerdo con Shell.

Por último, Carrinho transmitió al sindicato que los aspectos referidos a la finalización del convenio debían ser tratado con Montevideo Gas y Conecta "como forma de prestigiar los canales de negociación colectiva instituido".

Consultado por El Observador, el dirigente del sindicato del gas Alejandro Acosta expresó que "se deben buscar elementos y acciones que le den viabilidad al sector en el futuro inmediato, porque regasificadora ya se definió que no va a haber". Informó que se efectuó una reunión días atrás con en el Ministerio de Trabajo con representantes de MontevideoGas. "Dijeron que Petrobras no descarta tomar ninguna acción y entonces puede estar nuevamente arriba de la mesa el temas de los despidos o el seguro de paro".

En ese encuentro y ante la situación planteada, se definió que era necesario "tomar un tiempo para discutir y no adoptar medidas abruptas, ni el sindicato ni la empresa; por eso se acordó un plan de negociaciones", añadió. Acosta sostuvo que para encontrar soluciones debe existir voluntad de todas las partes.

Allí mencionó a Petrobras, que no diseña su estrategia en Uruguay y eso torna complicada a la situación. Pero también señaló al gobierno como uno de los encargados de encontrar soluciones. "Depende también del Ministerio de Industria; no es como en algún momento dijo la ministra (Carolina Cosse) que esto es un problema entre privados. Es responsabilidad del gobierno si un servicio público se resiente y si caen las empresas (distribuidoras)", afirmó.

El origen

El proyecto para la instalación de una planta regasificadora por medio de una empresa estatal, que opera bajo el derecho privado (Gas Sayago), quedó finalmente descartado por el gobierno en abril.

Las autoridades decidieron ponerle punto final a esta empresa cuyo paquete accionario pertenece a UTE y ANCAP. Ahora el gobierno espera que algún privado oferte por los activos del proyecto (estudios técnicos y un gasoducto que costó unos US$ 70 millones, entre otros).

En varias oportunidades la empresa Petrobras advirtió sobre la inviabilidad del negocio de distribución en la medida que Uruguay no tenga su propia planta regasificadora.

Por ejemplo, ya a fines de 2015 la compañía alertó que necesitaba desarrollarse, captar más clientes y hacer inversiones para alcanzar un punto de equilibrio. Pero para ello remarcó como fundamental tener acceso a una fuente de abastecimiento confiable y competitiva, como podría ser una planta regasificadora, cuya concreción sigue en duda.

Petrobras entiende que el negocio del gas soporta condiciones adversas para su desarrollo que le son ajenas. Ese es uno de los argumentos en los que se basa el juicio que las dos distribuidoras llevan adelante contra el Estado por alrededor de US$ 100 millones.

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