El Parlamento y el desafuero de Manini

En toda esta discusión el a priori básico, elemental y fundamental es que la decisión de los parlamentarios no puede estar movida por la ambición personal. En un tema como este es obligatorio dejar en el escritorio la máquina de calcular. Quiero ser absolutamente claro. No hay que tener mucha imaginación para darse cuenta de que Manini Ríos es visto, por muchos políticos, como un rival potencialmente potente en la carrera hacia el 2024. Tampoco se precisa mucha perspicacia para entender que, si el Senado vota su desafuero, Manini tendrá todavía más protagonismo en el debate público del que ya viene teniendo. En este mismo espacio, hace un par de semanas, escribí que no me extrañaría que quienes lo ven como un rival intenten maniatarlo y cerrarle el paso. Esto es perfectamente lógico. Pero la decisión de votar o no su desafuero no debería depender de este tipo de cálculos electorales. Lo que está en juego es de un orden superior.

La decisión de los legisladores no debe estar supeditada a cálculos políticos de corto plazo. Pero esto no quiere decir que deba prescindir de fundamentos políticos. Todo lo contrario. Es verdad que, según la Constitución, a la hora de examinar un pedido de desafuero, los legisladores deben examinar si hay o no elementos suficientes para “formar la causa”. Pero no me parece que se deba inferir, a partir de allí, que los legisladores tengan que actuar como magistrados, despojándose de su carácter de representantes de la ciudadanía. El requisito de examinar si hay o no lugar a la “formación de la causa” viene textualmente del artículo 51 de la Constitución de 1830, un tiempo en el cual era muy común (por no decir la regla) que los parlamentarios fueran abogados. Han pasado 190 años. Democratización mediante, la composición del parlamento es muy diferente. Hoy por hoy, solamente el 55 % de los senadores tiene formación terciaria.4 ¿Sigue teniendo sentido una interpretación piedeletrista de la Constitución? ¿No sería mejor que los parlamentarios privilegiaron argumentos esencialmente políticos?

Esto me lleva directamente a otro aspecto de la discusión. Suele afirmarse que, para defender la institucionalidad, la decisión de los parlamentarios no debe obedecer a la búsqueda del “aplauso fácil” de la ciudadanía. Este argumento tampoco me convence. Las instituciones políticas de carácter representativo se fortalecen cuando son capaces de sintonizar con las preferencias de la ciudadanía, y se debilitan cuando no hacen lo que los electores esperan de ellas. Es mucho mejor un parlamento aplaudido que uno cuestionado. Sobra información respecto a la escasa confianza que la ciudadanía tiene en los partidos y el parlamento. ¿Cómo interpretará “el hombre de la calle” al que le canta Jaime Roos la eventual negativa del Senado al pedido de desafuero? Muchos dirán otra vez: “son todos iguales”, “se cubren entre ellos”.

Cómo interpretará “el hombre de la calle” al que le canta Jaime Roos la eventual negativa del Senado al pedido de desafuero? Muchos dirán otra vez: “son todos iguales”

¿Cómo interpretarán esa misma decisión los votantes de la Coalición Multicolor? Los electores que confiaron en Manini en octubre del año pasado lo votaron sabiendo perfectamente que él estaba dispuesto a no ampararse en el fuero parlamentario. No recuerdo haber escuchado a ningún dirigente del Partido Nacional y del Partido Colorado durante la campaña electoral diciendo que no estaban de acuerdo con votar el desafuero de Manini. Puedo estar mal informado. Si es así, lo admitiré con mucho gusto. Pero, si mi interpretación es correcta, los electores de la coalición se sorprenderán y mucho si no se vota el desafuero.

Si los senadores oficialistas no acceden a la solicitud de uno de sus pares pueden debilitar el lazo que los une a sus propios votantes. Pero, además, toman el riesgo de generar una nueva fisura en la cúpula de la Coalición Multicolor. ¿Cómo interpretarán los líderes de Cabildo Abierto, empezando por su líder, la decisión de no hacer lugar al pedido expreso y reiterado de su candidato a la Presidencia? ¿No pensarán que hay una conspiración contra él? ¿No se generará un daño severo a la confianza interpersonal? ¿No podrá esto tener consecuencias negativas para la estabilidad de la coalición de gobierno?

Vuelvo al inicio. Tengo más preguntas que respuestas. La mejor democracia de América Latina merece tramitar esta decisión con serenidad y sin mezquindad. 

Adolfo Garcé es doctor en Ciencia Política, docente e investigador en el Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República

adolfogarce@gmail.com