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El “sentido común” y el ciclo frenteamplista

Una historia del dinero en Uruguay (L)

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19 de septiembre de 2018 a las 05:04

La crisis de 2002, que en realidad fue un proceso destructivo que se extendió entre 1999 y 2003, desembocó en la más completa debacle política del Partido Colorado. El partido dominante durante casi dos siglos —“el nombre que los uruguayos le dan al gobierno”, al decir del líder blanco Wilson Ferreira Aldunate— cosechó apenas el 10,6% de los votos válidos en las elecciones del 31 de octubre de 2004, que significaron además el primer triunfo nacional de la coalición de izquierdas Frente Amplio.

Podrá atribuirse parte del fracaso oficialista a un candidato poco convincente: el escribano Guillermo Stirling; pero lo cierto es que el porcentaje de votos de los colorados mostraba una tendencia decreciente desde 1971. La crisis (y la competencia del Frente Amplio por un perfil similar de votantes) terminó de enterrarlo.

“El sentido común instalado en la sociedad era claro como el agua. Para la mayoría de la ciudadanía había llegado la hora de dar vuelta la página”, escribió el politólogo Adolfo Garcé sobre aquellos sucesos.

El 1º de marzo de 2005 el frenteamplista Tabaré Vázquez sustituyó al colorado Jorge Batlle, mientras el liderazgo del equipo económico pasó a Danilo Astori, probablemente el hombre más influyente de la izquierda uruguaya, junto a Vázquez, en las últimas tres décadas (y una garantía contra el experimentalismo mágico latinoamericano).

Julio de Brun dejó su lugar al economista Walter Cancela el 10 de marzo de 2005, “por lo que, por diez días, fui el primer presidente del Banco Central del gobierno” del Frente Amplio, cuenta ahora. Esa breve transición no fue fácil: de común acuerdo con Danilo Astori, debió intervenir el banco Cofac, que en 2006 sería adquirido por el venezolano Bandes. “Me fui como empecé”, señaló De Brun con ironía: en medio de desastres bancarios, aunque ya en mucho menor escala.

De todas formas, hubo continuidad en la política monetaria entre un gobierno y otro. Desde entonces hasta hoy la inflación continúa por debajo de 10% anual, aunque muy por encima del promedio del mundo.

De alguna forma, los liderazgos políticos de entre la década de 1990 y el presente aceptan que una fracción del presupuesto se pague con inflación, gracias a sus derechos de “señoreaje”: la emisión de moneda por encima de lo estrictamente necesario.

“El Banco Central ya no financia a los gobiernos, salvo el porcentaje muy menor que admite su carta orgánica”, dice el economista y contador Mario Bergara, presidente del BCU; pero admite que “emite Letras por las que paga intereses”.

Al fin buen tiempo

En los aspectos esenciales, la gestión del Frente Amplio en el Banco Central —representada básicamente en las figuras de los economistas Walter Cancela y, sobre todo, de Mario Bergara— coincidió con la etapa más pacífica de la historia de la institución.

En los últimos trece años la autoridad monetaria debió superar algunos percances, como el caso Cofac. También realizó un estrecho seguimiento de las instituciones financieras durante la crisis mundial de 2008-2009.

Pero no sobrellevó, ni por asomo, los desastres de quiebras bancarias, “corridas”, emisión de dinero e inflación loca que sufrieron los ciudadanos en ciertas etapas históricas, repasadas en esta serie de notas, como 1958, 1965, 1967, 1972, 1974, 1982, 1990 o 2002.

En los hechos, los bancos más débiles, todos de capitales total o parcialmente nacionales, fueron barridos entre 2002 y 2006, por lo que la pista quedó limpia para un buen tránsito.

El Frente Amplio introdujo cambios a la carta orgánica del Banco Central mediante la ley Nº 18.401 del 24 de octubre de 2008 y otras posteriores, con mayores especificidades sobre las tareas básicas: la emisión y el cuidado de la moneda, y la supervisión de los bancos y de las actividades financieras.

De todos modos, pese a ser constitucionalmente autónomo y a haber incrementado de modo sensible su capacidad técnica en las últimas décadas, el Banco Central sigue estando “bajo un estricto control de los partidos políticos”, sintetizó un análisis publicado en Búsqueda el 21 de setiembre de 2017. Más aún, en los hechos, su autonomía “reconoce límites evidentes” y “no es distinto” a las demás instituciones del dominio industrial y comercial del Estado.

Mario Bergara, presidente del Banco Central desde 2008, justificó en una conferencia en la Universidad ORT, el 5 de abril: “El Banco tiene una independencia relativa: no se coloca en el Olimpo, mirando a los simples mortales, sino que integra una política económica”.

Méritos propios y viento de cola

Desde 2003 y hasta 2018 inclusive Uruguay se benefició del ciclo de bonanza económica más largo en más de un siglo: un crecimiento sostenido durante muchos años y a altas tasas, basado en las exportaciones agro-industriales (carnes, soja, celulosa, lácteos, cereales) y en el turismo.

Este ciclo de bonanza sólo es comparable al que Uruguay vivió desde la década de 1890 hasta el naufragio de 1913; el que transcurrió entre 1944 y 1955; los nueve años posteriores a 1973; o el período que siguió a la apertura democrática, entre 1985 y 1998 (con excepción de 1995, con la crisis mexicana o “efecto tequila”).

Astori designó personas de su confianza cada vez que pudo en el Ministerio de Economía y Finanzas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (un reducto adversario durante la Presidencia de José Mujica, entre 2010 y 2015) y los bancos oficiales. Todos ellos comparten formación técnica con convicciones socialdemócratas, muy lejos ya del estatismo nacionalista rampante de la década de 1960.

Astori, Fernando Lorenzo y Mario Bergara, entre otros, contribuyeron a arreglar lo que aún permanecía desarreglado, introdujeron algunas reformas sustanciales y luego trataron de mantener el rumbo, pese a que una nueva floración de monos sabios en América Latina —Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Rafael Correa, Daniel Ortega…— parecían haber encontrado un atajo para llegar al Cielo, y encandilaban a una parte de la izquierda uruguaya.

Los mercados internacionales tiraron con gran vigor. Un factor clave para la recuperación que empezó en 2003 fue “el dinamismo de la economía asiática, especialmente la de China, que originó un flujo de dinero impresionante hacia este continente”, reseñó a The New York Times, en abril de 2017, el boliviano Enrique García, quien estuvo 25 años al frente del CAF-Banco de Desarrollo de América Latina. “La primera parte del milenio estuvo marcada por un crecimiento superior al de los años anteriores y, lo más importante, una reducción espectacular de los índices de pobreza. Esa fue la buena noticia; la mala es que algunos gobiernos pensaron que esa situación excepcional en términos de intercambio sería permanente y no se hicieron las reformas necesarias para acabar con los problemas estructurales de la región”.

El ajuste que viene

Uruguay siguió creciendo después que cesó ese viento de cola, cuando casi todos los demás gobiernos “progresistas”, salvo Chile y Bolivia, cayeron con sus alas incendiadas.

El “rebote” de las economías de Argentina y Uruguay fue muy fuerte desde 2003. Pero la salida de la crisis de ambos Estados marcó los destinos. Mientras Argentina prácticamente se estancó a partir de 2008 —debido a las absurdas intromisiones del gobierno, y a la falta de crédito e inversión—, la economía uruguaya continuó planeando a buena altura. Ha sido un “desacople” extraordinario en la historia, pues la tradición era que de este lado del Plata se repitieran los ciclos de la otra banda, casi como un calco, con un pequeño rezago. De todas formas, ese desacople es solo parcial: jamás podrá ser completo debido a la pequeñez relativa de Uruguay, y a los vasos comunicantes del turismo y la inversión.

Pero no hay felicidad completa. El aflojamiento del rigor de la dirección política uruguaya, en particular durante el gobierno de José Mujica (2010-2015), fue acumulando hipotecas, cada vez más visibles: caída de la inversión, languidez del empleo, creciente costo de los servicios estatales, gasto público deficitario, deuda creciente, auge insostenible de la demanda interna, sindicatos abusivos por respaldo del gobierno y la legislación.

El economista Ernesto Talvi, ahora precandidato presidencial por el Partido Colorado, dijo a The New York Times en abril de 2016: “El fabuloso crecimiento de la década pasada no sólo se debe al auge de las commodities”, pues América Latina también fue uno de los mercados emergentes que recibieron grandes inversiones. “Se compraron propiedades, tierras, empresas, además hicieron depósitos, compraron acciones y se generó un boom de créditos activos, consumo e inversión. Ahora (parte de) ese dinero se está yendo de nuestros países”.

El déficit fiscal fue muy reducido en Uruguay entre 2005 y 2011. Incluso en 2007 se logró equilibrio fiscal, una hazaña que, en las últimas décadas, sólo se inclina ante el superávit de 1992. Pero las cuentas del gobierno comenzaron a quedar en rojo subido a partir de 2012, y más aún desde el año electoral 2014, incluyendo un déficit del 4% del PBI en 2016, que se mantiene en 2018.

Sólo una parte pequeña del déficit se financió con dinero nuevo, debido a los límites que impone la Carta Orgánica del Banco Central, por lo que la inflación se mantuvo por debajo de 10%. Pero la deuda pública, que había caído en picada desde 2003 hasta 2012, cuando el país recuperó el grado inversor perdido en 2002, retomó la curva ascendente para pagar el presupuesto del Estado.

“El sentido común se movió desde el optimismo al pesimismo, desde la confianza en el futuro hacia la incertidumbre”, escribió Garcé en agosto de 2018.

El endeudamiento público creciente permite postergar el ajuste: hasta que se vuelva demasiado oneroso. Entonces si los gobiernos no se ajustan, los ajusta el mercado.

Próxima nota: “Atraso” cambiario, el eterno regreso del viejo fantasma

 

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