El pacto con el diablo que hicieron las corporaciones estadounidenses

La semana pasada, 30 directores ejecutivos de las 100 compañías más grandes de EEUU se reunieron apresuradamente en una reunión en línea al amanecer para discutir las afirmaciones infundadas del presidente Donald Trump de que le habían "robado" las elecciones estadounidenses.

Los ejecutivos estaban intentando descubrir cómo aprovechar mejor su influencia personal e institucional para garantizar una transición pacífica del poder, un sello distintivo del sistema político estadounidense. Algunos participantes sentían que las preocupaciones sobre un posible golpe de estado eran exageradas. Otros pensaban que no lo eran. La mayoría sólo quería ponerle fin al caos electoral. En cuestión de días, otros grupos, como la Cámara de Comercio de EEUU, le pidieron al Sr. Trump que dejara de demorar la transición. Los negocios, como siempre, odian la incertidumbre.

Cuando leí la noticia, tuve sentimientos encontrados. Por un lado, me alegré de que los líderes empresariales estuvieran pensando en la importancia de la democracia liberal en EEUU y cómo defenderla. Pero, tampoco pude evitar sentir que algunas de las preocupaciones corporativas eran "demasiado poco, demasiado tarde". La mayoría de los grupos comerciales de las grandes empresas habían apoyado a la administración Trump cuando se estaba preparando para aprobar lo que resultó ser el mayor recorte fiscal corporativo desde la era de George W Bush.

También me preocupaba que, incluso aunque la gente como yo se alegraba de que las élites empresariales finalmente se tomaran en serio la disrupción del proceso electoral y, además, estuvieran pensando en cómo garantizar una transición fluida, todavía había más de 72 millones de personas que votaron por el Sr. Trump y algunas de ellas podrían no estar de acuerdo.

Sospecho que cuando esas personas lean acerca de un grupo de directores ejecutivos de multinacionales que se reúnen para hacer uso de su influencia política, es probable que una buena parte de ellas piense algo como: "¡Es cierto! Hay una camarilla de personas ricas y poderosas que gobiernan el país y tienen una influencia que yo no tengo. Ellos son los que frustran la democracia".

Lamentablemente, no se equivocarían si creyeran eso. Cualquiera sabe que en EEUU actualmente el sistema está amañado a favor de los ricos y poderosos. Un artículo particularmente esclarecedor publicado este mes por el Instituto de Nuevo Pensamiento Económico cuantifica el problema. Basado en un convincente conjunto de datos de 2014, muestra que cuando la opinión cambia entre el 10 por ciento más rico de la población estadounidense, aumenta la probabilidad de cambios en las políticas.

Mediante el uso de inteligencia artificial y aprendizaje automático, los académicos de INET Shawn McGuire y Charles Delahunt profundizaron en los datos. Descubrieron que las opiniones de las personas fuera del 10 por ciento más rico de la población predecían de forma mucho menos precisa lo que sucedía con la política del gobierno. Las cifras mostraron que: "No sólo los ciudadanos comunes no tienen un poder excepcionalmente sustancial sobre las decisiones políticas; tienen muy poca o ninguna influencia independiente en la política".

Así, por supuesto, es como terminamos con el Sr. Trump como presidente. Él no era la causa, sino el síntoma de un péndulo que se había inclinado demasiado hacia la concentración empresarial y hacia la corrupción tanto en la política como en los negocios. Hemos tenido décadas de ajustes legislativos en todo, desde la política fiscal hasta la gobernanza corporativa y las normas contables que han favorecido al capital sobre la mano de obra. Las decisiones de la Corte Suprema, como el caso Citizens United, también han aumentado drásticamente la cantidad de dinero que se canaliza hacia las campañas políticas. Esto ha dejado la naturaleza de la economía política estadounidense peligrosamente cerca de convertirse en un oligopolio.

Sólo hay que ver la forma en que Uber, Instacart, Lyft y otros grupos digitales se salieron con la suya este mes con la legislación laboral californiana. Juntos gastaron US$200 millones para lograr la aprobación de la Proposición 22, una iniciativa electoral que exime de los beneficios a muchos trabajadores de la economía gig. Es posible que estas compañías lleven ahora sus esfuerzos a otros estados de EEUU.

Como observó Karl Marx, sólo bajo la amenaza de las masas los propietarios de los medios de producción reconocen sus intereses comunes. Las corporaciones estadounidenses obtuvieron lo que querían del Sr. Trump, es decir, recortes fiscales y desregulación. Las grandes empresas de EEUU ahora saben que ya no se puede obtener nada más de él. Así que están ansiosas para que se vaya, llevándose consigo esos tuits perjudiciales de los cuales a veces eran el blanco.

También están ansiosas por que el presidente electo, Joe Biden, asuma el cargo y normalice el comercio y los asuntos exteriores, así como que se ocupe de la crisis de Covid-19. El inepto manejo de la pandemia, que ahora está asolando nuevamente a EEUU, por parte del Sr. Trump, ha sido terrible para la economía y los negocios. Los presidentes ejecutivos están desesperados por que el Sr. Biden controle la situación, incluso aunque deshaga sus recortes fiscales.

Creo que el Sr. Trump eventualmente se irá. Pero el cinismo y la ira de muchos votantes que quedaron atrás y que lo apoyaron permanecerán. Los líderes empresariales tienen razón al pedirle al presidente que respete los resultados de las elecciones. Pero el activismo empresarial no debería detenerse ahí. Más bien debería comenzar ahí.

Me encantaría ver que el sector empresarial trabaje con la administración Biden para desarrollar un buen sistema de salud nacional similar al que disfrutan la mayoría de las naciones europeas. Eso beneficiaría a tanto personas como los trabajadores de la economía gig como a las compañías que tienen que soportar la carga de los costos de la atención sanitaria. ¿O qué tal diseñar una solución público-privada para la crisis de deuda estudiantil estadounidense que asciende a US$1.6 billones?

Si las compañías usan su poder de esta forma, es posible que no tengan que preocuparse tanto por el próximo Trump.