Empresa de telecomunicaciones que perdió arbitraje con Uruguay vuelve a la carga

El planteo inicial de Italba se basó en una resolución del entonces presidente José Mujica por la que –el 8 de julio de 2011– revocó la autorización que tenía Trigosul S.A para prestar servicios de transmisión de datos y líneas digitales inalámbricas que se le había otorgado en el 2000 por atrasos en el pago del canon mensual a la Ursec. En abril de 2017 el presidente Tabaré Vázquez revocó la decisión que había adoptado Mujica y reestableció la "plena vigencia" del permiso concedido a la firma. 

Según informó este jueves el portal especializado Global Arbitration Review, en base a la información publicada por el Ciadi, el organismo registró una petición de la compañía Italba con sede en Florida, Estados Unidos, que busca anular el fallo que rechazó la jurisdicción sobre su reclamación de US$ 65 millones contra Uruguay.

Ese fallo además condenó a la firma a devolver a Uruguay la cifra de US$ 5.885.344 que representaron los costos del juicio. 

Según explicó a El Observador una fuente del caso, esta nueva instancia se denomina solicitud de "anulación" del laudo y está comprendida en el artículo 52 del convenio del Ciadi, ratificado por Uruguay. Ese artículo determina que cualquiera de las partes podrá solicitar la anulación del laudo si el tribunal se hubiera constituido incorrectamente; si se hubiera extralimitado en sus facultades; si hubiera habido corrupción de algún miembro del tribunal; si se hubiera quebrantado alguna norma; si no se hubieran expresado los motivos que funda el laudo. En este caso, el planteo de Italba obedece a defectos en el proceso.

Según el reclamo, Italba planteó dos argumentos: que no pudo declarar un testigo fundamental del caso, su fundador y presidente, Gustavo Alberelli, debido a graves problemas de salud y que la firma no pudo reunir pruebas como resultado de un proceso penal iniciado por Uruguay contra Alberelli y uno de sus asociados. Alegó además que "los procedimientos penales fueron politizados, obligaron a uno de sus testigos clave a huir del país e impidieron que otros testigos se presentaran".

El convenio de Ciadi determina que la petición se debe presentar dentro de los 120 días a contar desde la fecha de dictarse el laudo, y que ante la presentación de la petición se deberá constituir una comisión ad hoc integrada por tres personas seleccionadas de la lista de árbitros. "Esta comisión tendrá facultad para resolver sobre la anulación total o parcial del laudo por alguna de las causas enumeradas en el apartado", dice la norma.

El secretario de la Presidencia, Miguel Toma, había explicado el lunes 25 de marzo que “Uruguay salió ganancioso en el proceso judicial iniciado en 2016 por Italba Corporation”. Toma había dicho que no existía posibilidad de apelación por parte del demandante.

En tanto, el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, apuntó que estos procesos “muestran a Uruguay como un país serio, con una institucionalidad fuerte, con un ordenamiento jurídico garantista, y le genera prestigio”. “Ser considerado un país serio, institucional y jurídicamente con buena fe en los procederes hace que los inversores que queremos en el país tengan reglas claras", sostuvo.  

El 20 de enero de 2011 la Ursec había detectado irregularidades en el funcionamiento de la empresa como que la firma mudó su centro de operaciones de Montevideo a Punta del Este sin haber dado cuenta de ello y que utilizó bandas de frecuencia más allá de las que tenía autorizadas. La Ursec concedió las frecuencias a otra empresa.

Ante un planteo de Trigosul S.A, el TCA anuló en 2014 las dos resoluciones oficiales por entender que "adolece de una motivación inexacta e incongruente".