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Otro asunto que le caerá al próximo gobierno, los juicios internacionales
Entre todos los asuntos que deberá enfrentar el próximo gobierno, figuran al menos dos juicios internacionales cuyos fallos se conocerán después del 1 de marzo de 2020 y por los que, en caso de ser condenado, el Estado uruguayo deberá pagar millones de dólares.
El último, que ingresó hace una semana, es el arbitraje internacional entablado por la empresa panameña de inversiones que tenía acciones en Pluna que le reclama a Uruguay una compensación financiera por su presunta responsabilidad en el cierre de la aerolínea de bandera. Desde mediados de 2018 se tramita el juicio internacional que inició Aratirí por lo que entendió un cambio en las reglas de juego de la ley de minería, mientras que la empresa española Acciona aún está evaluando si inicia acciones en el ámbito internacional por haber sido descartada por el Ministerio de Transporte en el proceso de licitación internacional para construir el proyecto de un ferrocarril central, que unirá Montevideo con la localidad de Paso de los Toros.
El reclamo de Aratirí es por US$ 3,536 millones, tal como informó la firma de origen indio al formalizar el reclamo en julio de 2018 que fue presentado ante la Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya (Países Bajos). Si bien Uruguay ya hizo sus descargos, aún resta que transcurra otra ronda de consultas a las partes y recién después se conocerá el fallo, por lo que fuentes allegadas al caso dijeron a El Observador que es probable que llegue después de marzo.
En el caso de la empresa panameña aún no se ha fijado el monto del reclamo planteado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial aunque se estima que no será menor a los US$ 15 millones que es lo que Leadgate pagó inicialmente por Pluna en 2007.
Con la presentación del escrito presentado el 23 de mayo ante Ciadi se abre un plazo para que Uruguay responda al reclamo. Luego, se designarán los árbitros, se fijará el objeto del proceso y nuevamente las partes tendrán tiempo para hacer sus descargos. Por lo general hay más de una ronda de respuestas por lo que es esperable que el proceso lleve varios meses.
En este caso el arbitraje plantea que hubo una violación al tratado de protección y promoción recíproca de inversiones que rige entre Uruguay y Panamá, y que el Estado uruguayo debe compensar a la empresa por haber faltado a lo estipulado en el tratado y a que no hubo un trato justo. La empresa panameña Caballero Verde compró las acciones de Latin American Regional Aviation Holding Corp (Larah), firma a través de la cual LeadGate adquirió en 2007 su participación en Pluna. En ese momento los propietarios de Larah eran el holding canadiense Chorus Aviation (conocida como Jazz Airlines), los tres exejecutivos de Leadgate (Matías Campiani, Arturo Álvarez Demalde y Sebastián Hirch, y otros inversionistas internacionales.
La voluntad de esta firma había sido adelantada en octubre, según informó la revista estadounidense especializada en temas de aviación Air Transport World. En ese momento se abrió un plazo de seis meses para negociaciones entre las partes que no llegaron a buen puerto.
A lo que puede tener que pagar el Estado se suman los gastos que implica enfrentar estos juicios, para lo que Uruguay suele recurrir al estudio jurídico Foley Hoag especializado en derecho internacional, litigios y arbitrajes y que también asesoró al gobierno en el juicio contra Philip Morris. Según resoluciones publicadas en Presidencia por el juicio de Aratirí, se le pagó US$ 17.850 por los servicios profesionales prestados hasta el 31 de diciembre de 2017 y US$ 12.762 por los servicios prestados en enero de 2018. Son las únicas dos resoluciones que figuran en la página de Presidencia.
