Nacional > demanda de Trigosul S.A
Uruguay presentó defensa en juicio contra el Estado por US$ 100 millones
La demanda que la empresa de telecomunicaciones estadounidense Italba Corporation interpuso contra Uruguay por revocarle una licencia carece de méritos jurisdiccionales y de fondo, alegó el gobierno uruguayo en una audiencia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) que aborda este asunto.
La firma Italba Corporation alega que a su subsidiaria uruguaya, Trigosul S.A, el Estado le revocó en 2011 en forma irregular el permiso que se le había concedido en el 2000 para brindar servicios de banda ancha, cosa que, según la empresa, implicó una violación al Tratado de Protección de Inversiones vigente entre Uruguay y Estados Unidos y por tal razón reclama una indemnización de US$ 100 millones.
El sitio de Presidencia difundió el discurso que el embajador de Uruguay en Estados Unidos, Carlos Gianelli, hizo este lunes en una audiencia ante el Ciadi, en el que señaló que "todos los reclamos presentados en este juicio por Italba carecen de méritos, tanto los jurisdiccionales como los de fondo, así como su reclamo de daño".
Gianelli señaló que según el artículo 26 (1) del Tratado Bilateral de Inversiones, los demandantes tenían un plazo de tres años desde que se le revocó el permiso para someter el tema a esta controversia a arbitraje, pero recién presentaron la demanda en marzo de 2016.
Además, señaló que "no queda lugar a dudas que los permisos precarios y revocables de Trigosul no constituyen una inversión protegida por el TBI".
"Es por este motivo, entre otros, que todos los reclamos de Italba que están basados en estos permisos, deben ser desestimados por falta de jurisdicción", afirmó el embajador.
Gianelli dijo también que "Italba no ha probado aún que es dueña de Trigosul o que la controla (...) porque sus acciones no fueron válidamente transferidas a Italba y no hay prueba de que Italba aportó los montos de capital que alega".
El embajador alegó también que "Italba no tiene derecho a beneficiarse del TBI entre Uruguay y Estados Unidos porque no tiene actividades comerciales significativas en Estados Unidos".
No obstante, el embajador manifestó que en caso de que el Ciadi decida que existe jurisdicción, solicitarán que el Tribunal deniegue todos los reclamos de Italba "en los méritos" y determine que no ha sufrido daños compensables por ningún acto violatorio del TBI".
Además de Gianelli, la delegación uruguaya que intervino este lunes estuvo conformada por el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, y contó con la asistencia de las abogadas Marianela Bruno y Sara Ilha, de la escribana Silvana Sena y de los profesionales del Estudio Jurídico Foley & Hoag LLP.
En la presentación se recordó también que es la segunda vez que Uruguay comparece en un arbitraje por reclamo de inversores bajo un tratado bilateral de inversiones administrado bajo las reglas del Convenio Ciadi y que el Estado salió victorioso en una demanda que interpuso la tabacalera Philip Morris.
"Insubsanable nulidad"
El 8 de julio de 2011, una resolución firmada por el entonces presidente José Mujica revocó la autorización que tenía Trigosul S.A para prestar servicios de transmisión de datos y líneas digitales inalámbricas que se le había otorgado en el 2000.
El 20 de enero de 2011 la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) había detectado irregularidades en el funcionamiento de la empresa por atrasos en el pago del canon mensual a ese organismo, que la firma mudó su centro de operaciones de Montevideo a Punta del Este sin haber dado cuenta de ello y que utilizó bandas de frecuencia más allá de las que tenía autorizadas. Por esas razones, la Ursec liberó las ondas del espectro radioeléctrico que Trigosul S.A tenía asignadas cuyo uso concedió a otra empresa.
Trigosul S.A. recurrió al TCA, que terminó por anular las dos resoluciones oficiales al concluir que los motivos en los que se basó el Estado para tomar esas decisiones "resultan errados o no surgen de los antecedentes" del expediente administrativo y por tal motivo padecen una "insubsanable nulidad".
"En definitiva, siendo la resolución mediante la cual se resolvió revocar la autorización transferida a Trigosul S.A para la prestación de los servicios asignados adolece de una motivación inexacta e incongruente", dice el fallo que el TCA dictó el 23 de octubre de 2014.
En función de esa sentencia, el pasado 5 de abril el presidente Vázquez firmó una resolución por la que revocó la decisión que había adoptado Mujica en 2011 que había retirado la autorización para operar a Trigosul S.A y dispuso que recobre "plena vigencia" el permiso concedido a la firma en el año 2000. Vázquez también encomendó a la Ursec la asignación de las "frecuencias correspondientes" a la empresa "para la prestación del servicio".
Sin embargo, en el comunicado que Italba Corporation emitió ayer desde el estudio jurídico estadounidense que patrocina su reclamo contra Uruguay en el Ciadi, aseguró que no aceptará las nuevas frecuencias que pretende asignarle el Estado, al que cuestionó por no haberle ofrecido una compensación por el perjuicio causado. Por esa razón, la firma sostuvo que seguirá adelante con el proceso iniciado ante el organismo del Banco Mundial.
