Pese a que en la Laguna Garzón no se pueden hacer eventos que distorsionen la armonía de la fauna y flora del lugar, este viernes a la noche se realizó dentro de esa área –una de las 15 protegidas que hay en Uruguay– una fiesta electrónica de grandes dimensiones. Fue la segunda fiesta en el correr de 10 días, y es el cuarto año consecutivo en que se realizan eventos de estas características en el balneario rochense de El Caracol por parte del mismo organizador. Y en ningún caso contó con la habilitación de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).
La Dinama hizo la denuncia penal días atrás, antes de que tuviera lugar una fiesta muy similar el 31 de diciembre, en un predio ubicado sobre la ruta 10 llamado Garzon Lounge. El empresario a cargo, Miguel Moltedo, estaba citado para este viernes de mañana por la fiscal de Rocha Ana García, para ser indagado por cometer desacato ya que burló la prohibición. Pero el hombre no compareció.
"Ahora vamos a ver de citarlo de nuevo, más con la realización de esta segunda fiesta", dijo la fiscal a El Observador.
En un comunicado firmado por la responsable de las Lagunas Costeras del Sistema de Áreas Protegidas (SNAP), Soledad Ghione, se informó que el encargado del evento "fue advertido en reiteradas ocasiones que no está habilitado para realizar dichas actividades".
Miguel Moltedo reconoció el año pasado a El Observador que entonces tampoco contaba con la habilitación ambiental, pero que no le importaba. En esa oportunidad, un día antes de una fiesta que se hizo el 26 de enero, afirmó que iba a seguir adelante con su evento sin inconvenientes y que esperaba que fueran miles de personas. “La habilitación ambiental… Ellos (Dinama) que hagan lo que quieran. Yo tengo BPS, DGI… La Dinama no ejerce nada dentro de mi propiedad privada”, manifestó.
La ministra de Vivienda, Ordenamiento territorial y Medio Ambiente, Eneida De León, dijo ahora a El Observador que este "no es el único caso" en el país, y que dentro de las potestades de la cartera y de la Dinama están "las inspecciones" en el lugar y las sanciones. Nada más. "Si recibimos la denuncia, se hace la inspección", agregó.
Cecilia Méndez, integrante de un grupo vecinal de la zona llamada Comisión de Asuntos Ambientales, dijo a El Observador que la jerarca les había comunicado ya el año pasado que iba a hacer la denuncia penal por este tema. "Vamos a hacer la denuncia penal por desacato. Con eso, la próxima fiesta vamos a pedir al juez que con la fuerza pública pare la fiesta", le escribió De León a uno de los vecinos del grupo vía WhatsApp.
Pero todo siguió igual.
El empresario Moltedo cuenta con varios expedientes en curso en la Dinama – aunque los tiempos que tiene el organismo para tratarlos son lentos y además hay poco personal– y, según otro comunicado de los vecinos organizados en conjunto con la Fundación Lagunas Costeras, este es el cuarto año consecutivo que se hacen fiestas de este tipo en El Caracol. Durante 2019 hubo al menos dos: una el 3 de marzo y otra el 31 de diciembre.
Y para la de marzo Moltedo también contaba con un decreto firmado por la ministra De León en el que se lo intimaba expresamente a que no se realizaran actividades en el padrón del Garzón Lounge. Además, el texto también solicitaba “dar cuenta a la justicia penal por la eventual configuración del delito de desacato”. Ese día fue la policía a constatar la irregularidad, pero no se interrumpió la fiesta porque no había una orden judicial.
En el comunicado de Ghione se informó asimismo que la "Dinama, intendencia, Policía y Fiscalía de Rocha" estaban trabajando en conjunto "para lograr entre todas las instituciones detener estos eventos a futuro".
Cualquier organizador que lleve adelante una fiesta sin la habilitación de la Dinama debe pagar como sanción mínima una multa de 10 unidades reajustables (UR), es decir, unos $ 11.987 por cada evento, aproximadamente. En el caso de Moltedo, como cada una de las fiestas que siguió haciendo es un agravante, la sanción podría llegar a más $ 547.500.
Pero además está la eventual sanción penal por desacato, razón por la cual el empresario fue citado por la fiscal García. Sin embargo, y pese a haber sobradas evidencias de que el hombre realiza los eventos pese a las notificaciones ministeriales intimándolo, no es tarea sencilla probar el delito ante la Justicia, dijo la fiscal.
"El desacato se da cuando se desobedece cualquier autoridad pública, y en este caso tenemos todas las notificaciones de que no podía realizar la fiesta. Pero también está el tema de que se hicieron en un precio privado, donde además funciona un hostel", sostuvo García.
"Vamos a tener que investigar bien", añadió.
El delito de desacato tiene una pena que va de entre tres meses y un año y medio de prisión, por lo que es excarcelable. "Pero además hay muchas vías alternativas a la cárcel en este caso", dijo la fiscal.
Cuando fue consultado por El Observador en enero de 2019, Moltedo –quien no respondió a los llamados en esta oportunidad– se había mostrado desafiante.
"¿Qué área protegida? El área protegida está donde están los pájaros, para adentro de la laguna, no donde está mi propiedad. Estás equivocada y ellos (Dinama) están equivocados ¿Qué pájaros va a haber si acá no hay ni uno?”, exclamó.
En la madrugada de este sábado, se hizo presente en el lugar inspectores de la Dinama acompañados por la policía, personal de la Intendencia de Rocha e incluso del INAU. "Las acciones administrativas las vamos a seguir desarrollando", dijo a El Observador Alejandro Nario, director nacional de Medio Ambiente.
"Sé que Moltedo habló con la policía, pero no tiene una actitud muy colaborativo", dijo el jerarca, y luego exhortó a la población a "no ir a estas fiestas" y asistir a otros eventos "que no afecten las áreas protegidas"
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