En Cabildo Abierto dicen que sería un "gesto hermosísimo" si el MPP vota la reparación a las víctimas de la guerrilla

La iniciativa ingresó al Parlamento el 9 de diciembre del año pasado, y fue derivada a la comisión el pasado 2 de marzo. En estos cinco meses no fue siquiera mencionada, pero cobró nuevamente relevancia luego que la semana pasada el ministro de Defensa, Javier García, opinara que debería existir una reparación económica para estas personas, afectadas por el accionar de la guerrilla. 

Consultado por El Observador, García se limitó a aclarar que lo suyo una "reflexión" al ser consultado sobre el proyecto cabildante. Recordó que el tema ha estado presente en la agenda de todos los partidos en los últimos años. Mencionó incluso que Tabaré Vázquez, durante su primer gobierno, se había mostrado a favor de incluir a las víctimas de la sedición en las indemnizaciones que se otorgaron a los que sufrieron el terrorismo de Estado. 

El ministro descartó que vaya a existir una iniciativa gubernamental en ese sentido. De todas formas, sus expresiones representaron para Domenech un impulso para su proyecto, para el cual procurará despertar el "interés" del resto de las bancadas, en particular de la del Partido Nacional. 

Blancos y colorados carecen de posicionamiento al respecto y, a este viernes, no pensaban en un pronunciamiento a corto plazo. "La verdad, no me han dicho nada, la verdad no sé si lo querrán tratar", admitió el senador. 

La comisión optó por priorizar los proyectos sobre tenencia compartida, que generan una profunda polémica. También, otro relativo a los cambios en los procedimientos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). 

"Nos cuesta mucho darle impulso a nuestros proyectos", reconoció Domenech, que "invitó" al Frente Amplio a estudiar y sumarse a una iniciativa que ayudaría a superar la división y los rencores. En particular, consideró que "sería un gesto hermosísimo" si el Movimiento de Participación Popular, vinculado al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), decidiera apoyar el proyecto.

Al respecto, a Domenech "le alegró enormemente" lo expresado por el ex presidente José Mujica, que la semana pasada en radio Sarandí consideró "viable" concederle una reparación a las víctimas de la guerrilla. "Sería algo que enaltecería al Frente Amplio y a ese sector en particular. Me gustaría mucho que acompañaran", sostuvo. Precisó que el proyecto no fue presentado con "ánimo beligerante", sino para "conciliar inequidades del pasado". 

Domenech insistió: el ánimo no es entrar en una "disputa eterna" sino conciliar a la población en un tema que ha sido muy doloroso. "Comprendo que para ellos pueda ser díficil", dijo. "Pero sería una gran victoria de la política, con mayúscula, que el Frente Amplio acompañara". En ese marco aseguró que su partido está dispuesto a discutir cualquier modificación "razonable" al articulado. "El Frente Amplio no debería pasar una oportunidad como esta", concluyó. 

En la interna del Frente Amplio el tema ni se ha considerado. Uno de los contactos que tuvo Domenech fue con la senadora Sandra Lazo (MPP) que, a título personal, mostró a El Observador su disposición a estudiar una propuesta sobre un asunto complejo sobre situaciones en las que no es posible establecer paralelismos. 

Lazo hizo referencia a que el proyecto menciona una serie de leyes de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado en casos "donde hubo actuación de la Justicia que derivó, incluso, en encarcelamientos". La senadora apuntó que aún hoy, por la escasa información con la que se cuenta, sigue sin aclararse el destino de 197 detenidos desaparecidos. "En este caso no estoy negando la existencia de damnificados sino la complejidad que esto significa y sobre la cual me cuesta establecer similitudes si es que, como expresa la exposición de motivos, se propende a la reconciliación nacional", concluyó. 

El proyecto

El proyecto aparece firmado por los senadores Domenech, Guido Manini Ríos y Raúl Lozano. Sin embargo, Domenech admitió que la redacción fue obra de "asesores" que trabajan con él. Se basa en gran parte en legislación comparada, particularmente la vigente en España y relativa a la indemnización que se otorgó a las víctimas de ETA. 

También apela al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, a la ley de Amnistía votada por el Parlamento uruguayo luego del retorno a la democracia y las sucesivas leyes que indemnizaron a funcionarios públicos que habían sido perseguidos y destituidos por la dictadura. 

Hace referencia a actos sucedidos entre el 1º de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976 que "han sido estereotipados desde el punto de vista de los que los cometieron y no de los que sufrieron". Todo "gracias a un relato que impregnó la conciencia colectiva, debido a la construcción de cierta narrativa". 

A través de una "comisión especial de reparación" se establece que el Estado debe reconocer e indemnizar a las víctimas directas o indirectas del accionar de la guerrilla, o a sus cónyuges o herederos. 

En caso de fallecimiento, se propone otorgar pensiones especiales de entre 100 mil y 500 mil unidades indexadas, que cubren cuatro posibles condiciones: fallecimiento, incapacidad permanente absoluta, incapacidad permanente parcial, lesiones permanentes no invalidantes o menoscabo de derechos. 

A cambio, los beneficiarios deberán renunciar a toda acción futura contra el Estado uruguayo. 

En caso de aprobarse, los centros educativos deberán "adecuar" sus programas y libros de texto para "darle cabida a los relatos de las víctimas". El proyecto también incluye la creación de "uno o varios" memoriales que recuerden a las víctimas y consignen su condición de civiles, policías y militares. 

Toda la verdad

La Asociación Toda la Verdad, que nuclea a las víctimas de la sedición, apoyó públicamente esta semana el proyecto de Cabildo Abierto. "No intervenimos pero va en el sentido de lo que venimos reclamando", dijo uno de sus referentes, Diego Burgueño. Sobre todo en lo que refiere a la  revisión de los libros de texto acerca "lo que ha sido contado" de la historia reciente. 

"Falta una parte muy importante, casualmente la que nos compete" dijo el jueves, luego de reunirse con la vicepresidenta interina, Graciela Bianchi. "No se ha contado la historia de lo que le sucedió a una gran parte de la población". Burgueño precisó que una reparación económica no es lo que buscan la mayoría de los familiares. "Nuestra principal bandera es toda la verdad, que se hable del tema y que se digan las verdades ocultas, para que se empiecen a mostrar los muertos invisibles", sostuvo. "Esa es la justicia que buscamos". 

La asociación contabiliza 80 fallecidos por acciones de los grupos guerrilleros, más una cifra indeterminada de gente que sufrió heridas de gravedad.