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Es la cultura, estúpido

Una discusión que debe comenzar a queda atrás

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30 de mayo de 2019 a las 05:04

El despuntar de la campaña electoral vino con algunos anuncios, lanzados como serias propuestas pero con la naturaleza de milagros o clichés. Hoy es tarea ardua para la política, el poder encontrar una vía por la cual enunciar el diagnóstico de los males que aquejan al país, y, a continuación, indicar su único y doloroso tratamiento, sin arriesgar una derrota electoral. Así de mal estamos, en aceptar que nos oculten la verdad, y castigar a quien la dice, como un viejo y mal hábito, largamente enquistado.

El primer anuncio y en abierto cauce prometedor, es igualmente arriesgado para sus autores en el momento de su debido cumplimiento, pues su viabilidad carece de raíces en el pantanoso terreno de la realidad socio-económica del país. Lacalle Pou y su entorno saben que no hay forma de remover o reducir impuestos con resultados fiscales positivos si no se ataca primero y de lleno al gigantismo estatal. En esta grave dolencia yace uno de los grandes factores del estancamiento endémico, al que nuestra economía es históricamente propensa.

El segundo caso se parece más al de una lista de deseos y proviene del equipo de asesores de Julio María Sanguinetti. Lograr estabilidad fiscal, reactivar el empleo y mejorar al sistema educativo resultan hoy lugares comunes. Entre las promesas “milagreras” y obviedades aunque bien intencionadas, se omite el núcleo central de una buena parte de las debilidades intrínsecas del Uruguay. Ese núcleo es cultural antes que económico. Para alcanzar un piso aceptable de competitividad, captar inversiones y elevar la calidad educativa en todos sus niveles, se requiere el desarme de un sistema de vida basado en ideas y visiones de un importante segmento de la sociedad, abiertamente estatista, prebendario y cínico en su dependencia del erario público. Y esa parte de la sociedad, instalada al otro lado de la grieta que separa a los uruguayos en sus formas de concebir un proyecto de país, defenderá con garras y dientes esa triste posición de privilegios, engordados a base de una ración de fracasos y mediocridad. Si la oposición ha de gobernar a partir del 2020, será éste su principal problema. No hay otro mayor en cuanto a su prioridad y gravedad.

Durante décadas, el mundo fue lo suficientemente generoso y tolerante con el statu quo nacional en cuanto al excesivo rol del Estado como sostén de empleo y como engañoso aporte a la economía. Con la consolidación de la globalización y su brutal efecto internacional en el abaratamiento de la mano de obra, de muchos procesos industriales y en la prestación de servicios, nuestro paradigma estatal comenzó a sentirse en la economía como lo que realmente ha sido durante demasiado tiempo: un insoportable y prescindible contrapeso al impulso de la empresa privada y la creación de empleo genuino. La evolución emprendedora es esclava del plomizo ritmo que impone el Leviatán estatista, a dúo con el sindicalismo anquilosado, que, como un espantapájaros, asusta y aleja a la inversión.

Con la actual política de negociación salarial, aplicada a la fuerza sin distinguir realidades diversas al interior de cada categoría empresarial, se agregó, además del peso burocrático, una asfixia que se tornaría inaguantable, especialmente para la mediana y pequeña empresa, pilares esenciales de toda economía dinámica o que pretenda serlo. Una peligrosa complacencia impregnó al país durante la bonanza, de origen y causas extrínsecas. La misma activó una bomba de tiempo, cuyo estallido gradual y en cascada transcurre ahora, en el cierre o reestructura de empresas, la caída de empleo y la recaudación. Como consecuencia, asistimos quizás al resquebrajamiento definitivo de ese falso paradigma del Estado de bienestar, y al de un país funcionando a dos velocidades y dimensiones en conflicto permanente. Un Estado que ya es deficitario en gasto y lo es en capacidades. La ecuación es simple: sin empresas, no es posible la recaudación ni la existencia de ese Estado. Su resultado, a la larga es predecible e inevitable: la desintegración del tejido empresarial, la degradación o pérdida laboral y el debilitamiento fiscal de las partes del aparato estatal que sí son vitales, como educación, salud y seguridad. En cualquier país, las vías de escape social ante esta situación no son muchas. Suelen limitarse a la resignación, la rabia o el avión. ¿Dónde caben la mayoría de las víctimas locales? Lo revelarán el tiempo, los humores o el voto.

En la urgencia y ante las promesas de crear miles de empleos, de bajar impuestos y seducir inversores cabe una pregunta básica pero trascendental por la envergadura de lo que define: ¿Cómo?

Sabemos que su respuesta pasa, varias veces, por desmantelar el aparato estatal. Eso implica, inevitablemente, el recurrir a un intragable menú para muchos, de cierres de organismos y severas reducciones o reestructuras, de privatizaciones totales o parciales de “empresas” públicas, de despidos numerosos y el cese de privilegios aristocráticos. En el mundo desarrollado, y en países emergentes muy cercanos como Chile, esta discusión ya fue zanjada con éxito, décadas atrás.

Es en este ámbito en el que se definirán la suerte del país y  su viabilidad como una unidad económica dinámica y próspera, inserta en un mundo que castiga cada vez más a las ineficiencias en costos y productividad, y al que se le agregan ahora los conflictos de orden comercial y geopolítico con China, nuestro principal mercado. Pensar que el mantenimiento de este modelo nos devolverá los años dorados de la bonanza reciente, o el retorno a una utopía con el confort social del batllismo originario, es un caso de alienación colectiva. Pero también lo es, el seguir sosteniendo que el problema principal es de raíz económica. A quienes así lo creen, y que la solución depende de aplicar la ortodoxia técnica, sólo cabe un simple recordatorio: es la cultura, estúpido.

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