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15 de noviembre 2023 - 5:00hs

Un grupo de diez militares involucrados en amenazas con armas de fuego a civiles en el norte de Colombia fue suspendido de sus funciones este jueves, informó el Ejército. "Tomé la decisión de retirarles la confianza y responsabilidad de portar las armas", anunció el general Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército, en conferencia de prensa.

Según Ospina, en el grupo sancionado hay "mandos" que no podrán ejercer "ningún tipo de misiones de liderazgo operacional ni de inteligencia militar". Los uniformados serán investigados por la justicia militar y también por la Fiscalía, anunció el general, sin precisar hasta cuándo estarán separados de sus funciones.

Sin embargo, estas declaraciones de Ospina se dan al día siguiente de un escándalo que lo tiene en el centro de las miradas. La Procuraduría y la Fiscalía de Colombia anunciaron el lunes que investigarán al general Ospina por supuestamente haber ordenado seguimientos e interceptaciones ilegales contra el profesor de inglés de su esposa, el señor Leonardo Colmenares.

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De acuerdo con las pruebas reveladas este domingo en un artículo de la revista Semana, Ospina habría usado su poder para que un grupo de inteligencia y contrainteligencia de 13 oficiales persiguiera durante varios días entre julio y agosto de 2023 al maestro de inglés de su pareja.

Según la revista, al profesor lo hicieron pasar por un integrante del frente Carolina Ramírez de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para poder interceptar su celular y rastrear sus movimientos. En el comunicado emitido, la fiscalía dice que “el alto mando militar, presuntamente, habría abusado de sus funciones y habría ordenado utilizar los servicios de inteligencia y contrainteligencia del Ejército, para fines personales”.

La Procuraduría “comprobará, a través de la recolección de testimonios, pruebas y documentos, si el actual comandante del Ejército habría incurrido en faltas disciplinarias al abusar de su poder y usar los servicios de inteligencia y contrainteligencia, así como utilizar a subalternos, para fines alejados a los de la institucionalidad”.

Sin perjuicio de ese escándalo, el lunes mismo circuló en redes sociales y medios un video que muestra a un grupo de uniformados con el rostro cubierto apuntando sus fusiles contra niños, mujeres y otros pobladores de una zona rural, en un incidente que el gobierno calificó el miércoles como de "suma gravedad".

El hecho ocurrió en El Manso, un caserío del municipio de Tierralta, en el departamento de Córdoba, al norte del país. El general Ospina dijo que se trata de militares que "se alejaron de la política institucional, los postulados del Ejército Nacional, las leyes, la doctrina, las normas y el marco constitucional".

Sus afirmaciones se cruzan, sin duda, con las investigaciones que lleva a cabo la Procuración sobre el supuesto espionaje llevado a cabo contra el profesor de su pareja.

El miércoles, un helicóptero que transportaba comisiones investigadoras de la Fiscalía y la Justicia Penal Militar recibió un disparo cuando se acercaba a la zona y debió aterrizar de emergencia en una base militar.

"Ese sector donde fue impactado es un corredor del narcotráfico y por inteligencia técnica se pudo establecer que (la banda narco) Clan del Golfo se adjudica el hecho", detalló Ospina. El Clan, autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, se formó a partir de remanentes de estas organizaciones.

El presidente Gustavo Petro comparó el comportamiento de los militares con incidentes que ocurrieron durante el auge del paramilitarismo, los escuadrones de derecha que aliados con algunos miembros del ejército sembraron terror en su lucha contra las guerrillas, antes de su desarme en 2006.

"No es un caso aislado", dijo Petro el jueves pasado durante un acto oficial con dirigentes sindicalistas. "¿Qué buscaban quienes dieron la orden? No era un mensaje a los pobladores humildes de El Manso. Era para la sociedad, para decirles que ‘este Gobierno está hundiendo a Colombia en el desorden, en el caos’. Los que dieron la orden quieren que los hacendados vuelvan a ser paramilitares".

La Defensoría del Pueblo, órgano estatal que vela por los Derechos Humanos, pidió a "las autoridades esclarecer violaciones a los Derechos Humanos" en Tierralta, entre ellos un presunto "hecho de abuso sexual cometido contra una mujer indígena".

A lo largo de medio siglo de conflicto interno, los militares se vieron inmersos en escándalos por violaciones de Derechos Humanos en Colombia. Entre 2002 y 2008, miembros de la fuerza pública asesinaron a más de 6.400 civiles que fueron presentados como guerrilleros caídos en combate en una práctica macabra conocida como "falsos positivos", según el tribunal que investiga los peores crímenes de la guerra.

"Ningún soldado se debe prestar otra vez a fusilar jovencitos y a matar campesinos", concluyó Petro.

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