Escándalo en los tribunales porteños: una empleada judicial estuvo 12 años de licencia mientras paseaba por el mundo

“Tanto que se habla de los empleados que cobran sin trabajar... Yo tengo una”, fue la frase que le escucharon decir a la jueza Servini en los pasillos de Comodoro Py 2002. La magistrada hacía referencia a la denuncia penal que decidió hacer contra Gabriela Dunzelmann Novaro, una empleada que trabajaba bajo sus órdenes. O al menos eso es lo que decían los papeles: en la realidad, la mujer estuvo de licencia psiquiátrica en 2253 de los 2667 días hábiles en los que le correspondía trabajar entre 2012 y noviembre del 2023. Es decir, sólo asistió 414 días.

Dunzelmann Novaro fue denunciada por defraudación al Estado ya que, mientras para la Justicia estaba de licencia por razones de salud, en las redes sociales exhibía descaradamente sus viajes alrededor del mundo, con fotografías acompañadas de mensajes como “aunque te creas dueña de la vida de la gente, la mía no la manejás vos”. La denuncia de Servini no se limita a la mujer, sino también al médico que firmó los certificados que habilitaban las prolongadas licencias por razones de salud.

El cargo que Gabriela Dunzelmann Novaro debía ejercer era el de jefa de despacho del juzgado electoral porteño, por el cual cobra unos dos millones de pesos más antigüedad. La mujer es hija de una ex empleada judicial, y si bien en sus inicios había se había comportado de modo diligente, su actitud cambió hacia 2012. 

En 2019, ante una junta médica, la mujer confesó que el mundo judicial no le interesaba: “Lo mío es el teatro, la escena (...) Ese fue siempre mi error, no dedicarme a hacer lo que me gusta. Nunca me animé a dejar un trabajo seguro, porque eso significa ganar una cuarta parte de lo que yo gano…”. Aún más, según la denuncia: la mujer reconocía que “odiaba todo lo que tenga que ver con el Derecho”, porque “la Justicia no colmaba sus expectativas artísticas”.

A pesar de las recomendaciones para que renunciara o se jubilara, Dunzelmann Novaro siguió “trabajando”: es decir, cobrando el sueldo, pero interponiendo certificados que ahora se encuentran impugnados en la denuncia por defraudación al Estado.

En uno de los pocos días en los que trabajó, la mujer se enojó porque había pedido salir más temprano. Ese hecho, supuestamente, desencadenó una supuesta internación y una insólita licencia laboral de varios meses. “Dicho más claro, la propia Dunzelmann expuso, según nos cuenta la especialista médica, que como una vez no la dejaron irse temprano sin motivos válidos, ‘se enojó' y directamente se tomó licencia por varios meses como una suerte de ¡represalia contra el sistema’, lo que pone en tela de juicio -una vez más- la seriedad científica de las certificaciones médicas empleadas para justificar estas ausencias sin dejar de percibir sus haberes”, señala la denuncia.

Los diagnósticos médicos que ahora se encuentran impugnados por la denuncia penal hablaban de un cuadro de bipolaridad, un cuadro que, con el tratamiento farmacológico adecuado, permite una vida laboral activa, y del que la propia jueza, a esta altura, se permite dudar, después de haberla enviado a revisar en el Hospital Borda: “No presenta afección psiquiátrica en curso que le impida desempeñar sus tareas laborales habituales”, fue la conclusión a la que llegaron en ese centro de Salud.

Así, el médico Andrés Mega, quien firmó los certificados y en sus redes sociales se presenta como “Psiquiatra, Psicoterapeuta y Legista. Profesor Universitario en Medicina. Psiquiatra Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, también está siendo objeto de investigación. 

En total, a lo largo de los años, la mujer aportó 68 certificados firmados por Mega, que se sospecha era “ideológicamente falsos”. “Resulta llamativo que una persona bajo tratamiento y supuestamente medicada posea tantas y tan frecuentes descompensaciones”, sostiene la denuncia. 

De acuerdo con el sistema que rige para los judiciales, los empleados, que tienen 45 días de vacaciones, pueden acceder a un período de hasta dos años de licencia médica con goce de sueldo siempre que pueda justificarse. Pasado ese período, ya no se paga más el sueldo. En este caso, dice la denuncia, la empleada volvía cuando llegaba esa fecha límite. A los seis meses, podía volver a entrar en licencia médica extraordinaria. Pero además, Dunzelmann Novaro volvía a “trabajar”, pero pedía licencias médicas ordinarias, permisos para cuidar a familiares enfermos, mudanzas y jornadas de paro. “Usaba todos los resortes conseguidos para el derecho de los trabajadores para un fin abusivo y distorsionado”, señalan en el entorno de Servini.

Mientras tanto, sus compañeros de Juzgado veían sus postes en redes sociales mostrando sus viajes por el mundo. “Aunque te creas dueña de la vida de la gente, la mía no la manejás vos”, es el texto que acompaña una fotografía suya en Instagram, y que muchos consideraron que era un mensaje para la magistrada, quien había ordenado profundizar sobre su cuadro clínico.

Estando de licencia, la mujer viajó tres veces a Brasil, dos veces a España, tres veces a Uruguay,  una vez a Chile, y otra vez a varios países de Europa, en un viaje en el que no se privó de postear: “Y así voy a seguir por el mundo, cuando YO quiera, en el momento en que YO quiera”.

En 2018, a instancias de Servini de Cubría, especialistas del Servicio de Medicina Legal del Borda entrevistaron a la mujer y concluyeran que Dunzelmann “no presenta afección psiquiátrica en curso que le impida desempeñar sus tareas laborales habituales”. La mujer les dijo a los médicos que en 2016 había sufrido un “brote psicótico”, pero los síntomas que relató no cuadraban con una descompensación de esa características en un cuadro bipolar. “Su relato no termina de cerrar”, dijeron. Fue allí cuando la jueza ordenó un sumario. En una oportunidad, en 2019, en el marco del proceso iniciado por Servini, una médica le indicó que se realizara una interconsulta con neurología, peor la empleada se excusó: “Esta noche me voy a San Luis. Voy a ir a veranear ahí. Toda mi familia está allá. No puedo quedarme a hacer ningún estudio”. 

Los supuestos “brotes” coincidían además con los años de elecciones, cuando el Juzgado electoral más trabajo tiene. Así, Dunzelmann “evitó tener que trabajar en la friolera de 13 elecciones, que es justamente cuando más se la necesitaba. No es de extrañar entonces que, a lo largo de estos años, solo haya trabajado únicamente tres fines de semana en los comicios de 2015″: en esos días era cuando más se paga la hora extra laboral.

El 19 de diciembre pasado, la Cámara Nacional en lo Electoral la cesanteó por esta cadena de inasistencias. Como todavía no se efectivizó esa cesantía, se decidió cerrar el sumario, informar de la situación al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y al presidente de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Corcuera, y disponer la denuncia, que le tocó por sorteo al juez federal Julián Ercolini.

El psiquiatra que firmó los certificados, protagonista de otro escándalo

El psiquiatra Andrés Mega, quien firmó los certificados médicos que le permitieron a Gabriela Dunzelmann Novaro sostener el permiso médico y viajar por el mundo, merece un apartado especial. Y es que no es este el único escándalo judicial en el que se encuentra involucrado.

Mega es ex psiquiatra Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y trabajó además en el Ministerio de Salud bonaerense, en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en la actualidad lo hace en el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. De acuerdo a su LinkedIn, es Presidente del Capítulo de Responsabilidad Profesional en Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP).

A la vez, continúa desarrollando su actividad de perito forense de forma privada. En otras palabras, actúa como perito de parte en causas penales, una de ellas, la del ex peluquero de Néstor Kirchner que fue atacado a tiros por un cliente el 18 de mayo de 2022. Ese día, el empresario Lucas D’Adamo detuvo su BMW negro frente a la casa de la casa de Carlos Monteverde -que también le cortó el pelo a Diego Maradona- y descargó una ráfaga de once tiros contra la fachada. Los plomos impactaron en una ventanilla del auto que estaba en la puerta del garaje, en una reja y en la ventana del living donde el estilista y su esposa miraban televisión.

D’Adamo, dueño de una fábrica de cristales blindados, fue detenido con un arsenal e imputado por abuso de armas agravado en tentativa, amenazas agravadas, portación ilegal de arma de fuego de uso civil y portación ilegal de arma de guerra en tentativa.

Tras la detención la defensa del empresario consistió en declarse inimputable: Mega era perito de la defensa, que consiguió que peritos oficiales del Departamento Judicial de La Matanza convalidaran que el agresor padecía un cuadro delirante paranoide, que se desencadenó con el fallecimiento de su padre y que el cuadro se vio agravado por el consumo de cocaína. Según la pericia, el empresarío padecía de una psicosis y no pudo actuar con voluntad ni libertad de conciencia, por lo que finalmente fue declarado inimputable.

Sin embargo, los abogados de la víctima cuestionaron el examen y pidieron a la fiscal Alejandra Núñez una nueva pericia psiquiátrica oficial, luego de que su perito, el doctor Rafael Herrera Milano, detectara “contradicciones y errores insalvables” en la pericia oficial.

Allí fue cuando se desató el escándalo: y es que Mega posteó el 10 de marzo del 2023 imágenes en sus redes sociales con un grupo de personas que poseen la misma remera deportiva de color azul con inscripción "dream team 2023". entre las que aparece él y a su derecha, de rodillas, Patricia Edith Farina, psiquiatras del gabinete pericial de La Matanza que firmó la pericia oficial que declaró inimputable a D´Adamo. La postal se repitió en la mesa de un asado, presuntamente, en la casa del médico de Dunzelmann. El episodio generó un pequeño escándalo en la Justicia bonaerense e hizo evidente el vínculo de amistad que lo unía a Farina.

La querella pidió que se aparte a todo el gabinete oficial y que se declare inválida a la pericia, que se repitió otras dos veces con idéntico resultado e iba a una cuarta. La fiscal pidió elevar la causa a juicio y que se dirima en el debate la imputabilidad del agresor. Sin embargo, el caso no llegará al estrado debido a un arreglo económico entre el estilista y el empresario.